Una vez que fue designado el Auditor Superior del Estado, el líder de la bancada priista en el Congreso local, Marco González, indicó quesu partido no solapará irregularidades en las cuentas públicas de la administración pasada y pidió al nuevo titular de la ASE “actuar en tiempo y forma” ante las anomalías presentadas por Hora Cero.
“Viendo la nota en la que se señalan estos presuntos actos, daría ya la oportunidad a la auditoría de actuar en tiempo y forma, ya que se tiene un auditor y con la evidencia que ustedes han demostrado, y obviamente siempre y cuando haya un sustento legal, estoy seguro que el Auditor (Superior del Estado) va a realizar acciones contundentes.
“También lo importante es señalar que haya pruebas suficientes, que no estoy diciendo que no estén aquí (publicadas en Hora Cero) para poder armar el expediente. Yo tengo la confianza, repito, de que el Auditor lo vaya a hacer y también en su momento la instancia de la Subprocuraduría (Especializada en Combate a la Corrupción) pueda entrar en el tema de este expediente, y si sí, que entren los dos, tanto Auditoría como Subprocuraduría”, dijo el tricolor.
El legislador local exhortó a las autoridades correspondientes a proceder penalmente contra quienes hayan cometido actos de corrupción, si ya se tienen los elementos suficientes para actuar.
“Muchas veces ustedes hacen más la tarea que las autoridades y a veces este tipo de publicaciones da la posibilidad de hacer una investigación mejor y tener pruebas de mejor alcance.
“Si ya tienen los elementos suficientes, hay que proceder. Si todavía no está bien documentado o hay dudas, que esas dudas se aclaren lo más pronto posible para que se pueda actuar. Aquí lo más importante es que se actúe”, declaró Marco González.
El diputado priista resaltó la labor de Hora Cero en investigaciones periodísticas que deriven en averiguaciones penales.
PRIISTAS FRENAN REVISIÓN
DE CUENTAS, AFIRMA PAN
Para el coordinador de la bancada panista en el Congreso local, Arturo Salinas Garza, el desvío de recursos públicos en la administración de anterior no es una sorpresa, pues asegura, fue una actividad recurrente.
En la edición anterior de Hora Cero (número 259) se exhibió que cuando Rodrigo Medina de la Cruz era secretario de Gobierno una empresa con prestanombres comenzó a facturar en la Tesorería del Estado millonarios cheques, que siguieron durante su administración y que al final dejaron ganancias por 57 millones de pesos.
Ante lo documentado por esta casa editorial, el diputado albiazul urgió a castigar el desvío de recursos públicos durante la administración pasada.
Salinas Garza aseguró que la bancada de AN busca empezar ya a revisar las cuentas públicas pendientes de Medina de la Cruz, pero señaló que los legisladores tricolores se niegan a hacerlo.
“El PRI ha estado negado a empezar a estudiar las cuentas públicas en la Comisión de Hacienda, se ha aprovechado un poco de que había temas muy urgentes como el nombramiento del Auditor Superior del Estado, (del titular de la) Comisión de Transparencia (y Acceso a la Información de Nuevo León), la aprobación de presupuestos, etcétera.
“Pero sin duda alguna que en AN ya nos urge empezar a revisar las cuentas públicas pendientes de 2013 y de 2014 y de todas las paraestatales del gobierno estatal que muchas de ellas disfrazaban apoyos y contratos y convenios de comunicación”, dijo el blanquiazul.
En lo que compete al Congreso, el diputado mencionó que se le puede solicitar al titular de la ASE una auditoría especial sobre las cuentas de Rodrigo Medina.
“Sabemos que las cuentas públicas de Rodrigo Medina están para rechazo, son cuentas que vienen con muchas observaciones y que necesariamente tendremos que buscar rechazar esas cuentas públicas.
“Yo confío en que al menos las bancadas pequeñas no le entren a tratar de refrendar el robo de la administración de Rodrigo Medina, yo confío en que muchos de los partidos distintos al PRI van a poder sumarse a un voto en contra de las cuentas públicas”, expresó el panista.
Salinas Garza exigió al gobierno estatal “ponerse a chambear”, esperando que la nueva Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción cumpla su labor.
Agregó que desde en el Congreso, a través de la Comisión Anticorrupción, ya se trabaja también en la elaboración de un expediente sobre el controversial proyecto Monterrey VI para enviarlo a la PGJE y que inicie la investigación correspondiente.
Si la teoría se aplica a la práctica, la recién creada Subprocuraduría tiene trabajo por hacer, gracias a las investigaciones periodísticas de medios como Hora Cero que han destapado millonarios actos de corrupción en las administraciones estatales y municipales pasadas.
Hora Cero presenta pruebas
para iniciar investigaciones
Luego de que el gobierno del Estado instaló la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, Hora Cero fue el primer medio de comunicación en presentar pruebas periodísticas para solicitar una investigación por desvío de recursos en la administración del ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz.
Avalados por el titular del organismo, Ernesto Canales, quien aseguró que la información documentadas en medios informativos se tomaría en cuenta para iniciar investigaciones, el 15 de diciembre, el director Editorial General de esta casa editorial, Héctor Hugo Jiménez, entregó ejemplares de impresos en donde se evidencian actos de corrupción en la pasada administración estatal y del ex alcalde priista de Guadalupe, César Garza Villarreal.
La documentación, que incluyó además actas constitutivas de empresas creadas a modo – Corporativo Radio Tel and Publishing S.A. de C.V. y Concierge and Manintenance Services S.A. de C.V.- y registro de pagos millonarios, fue recibido por Adriana Quiroz, una de las encargadas de la oficina de atención del organismo ubicada en los bajos del Palacio de Gobierno.
“Es muy valiosa la información”, reconoció Adriana Quiroz, quien agregó: “Es un hecho que van a prosperar las denuncias contundentes. Ya que haya un aparato en el sentido de tener todas las herramientas para poder hacer las actuaciones, debe de haber resultados”.
Y es que la recién creada Subprocuraduría cuenta con todo el aparato de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y dos fiscales especializados para atender específicamente las denuncias de corrupción.
La encargada de la oficina de atención a la ciudadanía aseguró que la dependencia responde a una necesidad inmediata de la ciudadanía de combate a la corrupción, a diferencia de lo que ocurrió en la administración estatal pasada.
“Esta Subprocuraduría fue una medida inmediata de lo que la sociedad está pidiendo, en donde debe de empezar a haber acciones. Es una Subprocuraduría en donde su función es esa: dar resultados. Si no da resultados no tiene razón de ser.
“Lo que se ha hecho en materia de combate a la corrupción (en la administración estatal pasada) han sido medidas administrativas, se creó una área (en la Contraloría de combate a la corrupción) y eso acota, porque la Contraloría sólo tiene funciones de reducir en lo administrativo, no impacta más allá”, explicó.
El mismo día en el que se instaló la oficina de atención de la Subprocuraduría en el Palacio de Cantera -14 de diciembre- los diputados aprobaron en el Congreso local el nombramiento de Jorge Galván González como titular de la Auditoría Superior del Estado, sin embargo, Adriana Quiroz recordó que los únicos que puede hacer una investigación de carácter penal es la PGJE y destacó la importancia que tendrán los medios de comunicación en dichos procesos.
“La Auditoría Superior del Estado audita recursos públicos, el ejercicio de los recursos y puede determinar que pudiera haber alguna irregularidad de carácter penal, pero no son ellos los que pueden iniciar investigaciones.
“Aquí la diferencia es que es la PGJE con el Ministerio Público (MP) la mano fuerte. La diferencia es que en la PGJE no había una área que se dedicara exclusivamente a actos de corrupción y ahí es bien importante el trabajo de los medios de comunicación”, destacó la funcionaria estatal.
Y es que, tras su instalación, el titular de la Subprocuraduría, Ernesto Canales Santos, mencionó que el organismo no descartará ninguna aportación ciudadana para comenzar una averiguación.
“De salida no rechazamos ningún dato ni ninguna información, dejando al criterio de los ciudadanos de que lo que sabe es relevante o puede llevar a algo.
“No tienen que venir aquí con la fotografía de la maleta con dinero, o con el cheque endosado, pueden ser cosas menos concretas, pero que nos puedan llevar a destapar actos de corrupción”, aseguró Canales Santos.
Al cuestionarle si las investigaciones documentadas en medios de comunicación serían tomadas en cuenta para iniciar averiguaciones, el titular de la Subprocuraduría sentenció que tendrán un papel importante en la función de la dependencia, pero recalcó que no podrán proporcionar información parcial de las indagatorias.
“Sí, por supuesto (que se tomarán en cuenta las investigaciones publicadas en medios de comunicación). Eso también se va a procesar y es uno de los casos que están más avanzados en su integración.
“Sí, todo vamos a tomar en cuenta, pero contamos con que sean (investigaciones periodísticas) profesionales, que no se trate nada más de un desahogo, sino de una actividad consciente de perseguir a los culpables, eso es lo que queremos”, expresó el funcionario estatal.
Triste e impune será la Navidad
La Subprocuraduría Especializada en el Combate a la Corrupción que instaló el gobernador del Estado, parece ser un regalo de Navidad anticipado para los ciudadanos de Nuevo León que todavía creen que un Medina -padre e hijo- algún día será nuevo huésped en la cárcel.
Pero esta medida tomada por Jaime Rodríguez Calderón con el calor de las temperaturas veraniegas de diciembre también debería ser copiada por los alcaldes metropolitanos, quienes saben bien cómo sus antecesores se despacharon con grandes cucharones del erario, sin embargo -salvo Monterrey donde hubo alternancia real- el resto son tapaderas.
Y no me refiero a abrir localmente oficinas que deslumbren con frases como “denuncie o marque al 01 800; aquí sí combatimos la corrupción”. Basta con echarse un clavado en transparencia para conocer todas las pillerías, a través de pagos millonarios, cometidas por ex alcaldes como César Garza Villarreal, Rodolfo Ambriz, Jesús Hernández, Pedro Salgado y Margarita Arellanes, entre otros.
¿A poco Francisco Cienfuegos, Heriberto Treviño, César Valdez, Víctor Fuentes y Adrián de la Garza no saben las raterías que se perpetraron en Guadalupe, Juárez, García, San Nicolás y Monterrey como para interponer una denuncia penal?
De no hacerlo es verle la cara a sus gobernados, porque las condiciones en que recibieron las tesorerías con deudas a los proveedores -y en el peor de los casos saqueadas para batallar cubrir los aguinaldos-, merecería turnar cajas y cajas de documentos que abrirían procesos penales en la Procuraduría de Justicia del Estado.
Nunca, nunca, en serio, las arcas municipales fueron vaciadas con enfermiza voracidad y sus responsables, como Garza Villarreal, anden haciendo turismo como si nada y con absoluto descaro en territorio de Estados Unidos, mientras Cienfuegos capotea a los proveedores y encendió cirios y veladoras a la Virgen de Guadalupe.
No se vale que hasta el menos importante de los proveedores, ese que no se prestó a “mocharse” ante funcionarios de Guadalupe ande de vuelta en vuelta, o llame y llame, a ver si puede recoger un cheque de la tesorería para completar con los salarios de los trabajadores.
Los nuevos alcaldes que están padeciendo el Año de Hidalgo (Ching… a su m… el que deje algo), deberán romper con esta inercia impune que ya es parte de la cultura política.
Un funcionario allegado al alcalde guadalupense me confió que es difícil que Cienfuegos proceda contra Garza Villarreal porque en el PRI como en el PAN se aplica perfectamente el “perro no come perro”.
La verdad no comparto eso, como Fuentes con Salgado en San Nicolás, al grado de que el primero pidió una línea de crédito por 61 millones de pesos para cubrir los gastos más urgentes. Igual está De la Garza en Monterrey que, teniendo la experiencia de procurador, se haga el occiso y no denuncie a Arellanes.
En Juárez, Hora Cero comprobó que una empresa denominada Proyectos Verdín Constructivos S.A. de C.V. cobró con prestanombres más de 14 millones de pesos, y descarto que Treviño vaya a tan siquiera hacer la finta de meter tras las rejas a Ambriz, un cetemista que se vistió de panista para saquear el municipio.
En Escobedo, Clara Luz no puede ver ni en pintura a César Cavazos, pero también el manto de la impunidad y la tapadera prevalecerá. No se diga en Apodaca, con Óscar Cantú -que por más que odie a Raymundo Flores y lo culpe de desgracias presentes y pasadas-, la justicia será letra muerta.
En San Pedro Mauricio Fernández no quiere exabruptos en su administración que seguramente será de seis años, el único casi seguro de reelegirse, porque en el resto de los municipios en 2018 el fantasma de los candidatos independientes podría acortar a tres años las actuales gestiones.
Para terminar, en Santa Catarina no cantan mal las rancheras y el tortuguismo en los pagos a proveedores es atribuido al nulo flujo de las participaciones federales que pasan por el Estado. Mientras, para Héctor Castillo y Víctor Pérez la Navidad será de pura felicidad… Y triste para otros.