La problemática que envuelve al transporte público no cesa. Desde que entró en vigor el alza a las tarifas a inicios del presente año, instituciones del rubro, alcaldes y diputados han mostrado su postura ante el acontecimiento y es fecha que no se establece ningún acuerdo en el que la ciudadanía se vea beneficiada.
Luego de que la Comisión de Costos, Productividad y Calidad del Consejo Estatal del Transporte propusiera el 12 de diciembre del año pasado la nueva tarifa para el 2014, pasando de 10 a 12 pesos el costo para usuarios que no utilicen la tarjeta Feria, los alcaldes y diputados panistas se han encargado de extenuar su inconformidad.
Desde que se hizo efectivo el mencionado anuncio, el diputado Alfredo Rodríguez, coordinador de la bancada albiazul en el Congreso Local y la fracción panista, anunciaron que el Gobierno del Estado había excedido el aumento.
Fundamentado con el resultado de un cálculo en el que se evaluaron los precios del 2012 y 2013, entre los que se encuentran gastos en combustible, lubricantes, refacciones, mantenimiento, entre otras.
Se afirmó que el alza debió ser de un 3.24 por ciento en la tarifa de castigo, así como para usuarios con tarjeta Feria, sin embargo, el Gobierno del Estado autorizó un aumento del 20 por ciento en quienes no utilizan la tarjeta, y en los que sí, del 5.64 por ciento.
Aunque esto representaba pérdidas económicas para el 70 por ciento de las personas que pagan en efectivo y que utilizan más de una ruta para acudir al trabajo o escuela.
Pero para tratar de disminuir el golpe que sufrirían los usuarios, se acordó que se mantendría el 50 por ciento de descuento en el primer transbordo, mientras que en el segundo sería gratuito.
Y en caso de que el lector de tarjeta Feria no funcionara, los usuarios podrían utilizar el medio de transporte sin costo.
Pero a pesar de los descuentos y reuniones entabladas, no se logró un acuerdo entre todas las partes involucradas, por lo que los diputados panistas acudieron y entablaron charlas con Jesús Villarreal, director del Consejo Estatal del Transporte, para que considerara su postura, sin resultados positivos.
Las manifestaciones no se hicieron esperar, primeramente la reacción de la asociación civil Federación Libertad de un Pueblo, encabezada por Gregorio Vanegas Garza.
Vanegas calificó el incremento como una medida arbitraria y aseguró que la autoridad, en complicidad con los empresarios, prometía sacar de circulación a las unidades en mal estado, pero sin acciones concretas.
Los diputados panistas continuaban su lucha, exigieron al gobernador del Estado, Rodrigo Medina de la Cruz, no avalar la propuesta del Consejo Estatal del Transporte, sin respuesta.
Ya que el 27 de diciembre 2012, el mandatario estatal autorizó el alza a 12 pesos y un deslizamiento de .02 a .05 centavos mensuales en las tarifas del sistema Feria, afectando las finanzas de los más de 900 mil usuarios que utilizan el medio de transporte.
Margarita Arellanes, Ugo Ruiz, Víctor Pérez y Pedro Salgado, alcaldes de Monterrey, San Pedro, Santa Catarina y San Nicolás, respectivamente, advirtieron que buscarían revertir el aumento al transporte público, enviando una propuesta a la Suprema Corte de Justicia.
“Estaremos sometiendo a consideración de los ayuntamientos un punto de acuerdo, el día de mañana (21 enero), relativo a la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos de la ley reglamentaria a fin de defender estas tarifas del transporte público”, aseguró la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes.
Y es que a pesar de que el tema de transporte público de pasajeros recae sobre el estado, aseguraron que el municipio debería gozar de una participación efectiva, en la formulación y aplicación de los programas relativos en lo concerniente a su ámbito territorial.
Después de aprobado en sus respectivos cabildos, el documento fue presentado ante la SCJN el 28 de enero y fue firmado, además de los alcaldes mencionados, por el diputado panista Luis David Ortiz.
Por su parte el diputado Luis Ángel Benavides presentó en la oficialía de partes del Congreso del Estado, una iniciativa de reforma a la Ley de Transporte que proponía que los costos de transporte se fijaran en base al sueldo de los ciudadanos.
“En este caso hemos visto que el salario mínimo aumentó un 3.9 y el transporte público aumentó un 20 por ciento, por lo que todas las personas que utilizan el camión, dos o cuatro camiones para ir a su trabajo se gastarían un 75 por ciento de su salario y no tendrían dinero para llevar a sus hijos al cine o a un paseo”, expresó Benavides Garza.
Ante el incremento miles de usuarios optaron por tramitar la tarjeta Feria para evitar la cuota de castigo.
Después de que sólo el 30 por ciento de los usuarios utilizara la tarjeta, la Asociación Estatal de Transportistas reportó que en lo que va del mes se han entregado 41 mil tarjetas Feria.
Mientras que en el ámbito del retiro de unidades, aseguró el dirigente de la AET Víctor Manuel Martínez, se han retirado 122 unidades de circulación y se espera que ingresen 700 camiones nuevos.
Sin descuidar las quejas que llegan hasta el organismo, en las que predominan los choferes de mal humor, operadores estresados por el tráfico, etc.
“Vamos a llevar a cabo nosotros, una capacitación en cuanto a relaciones humanas, ya se platicó como la Secretaría del Trabajo, es muy difícil dar una fecha por la organización.
“Vamos a estar reuniéndonos constantemente para ir viendo las mejoras y resolver los problemas”, aseguró el dirigente de la Agencia.
Por su parte, el Consejo de la Confederación Patronal de la República Mexicana, dirigido por Alberto Fernández Martínez, se reunió con el gobernador del Estado, y expuso sus inquietudes resaltando el tema de las tarifas al transporte urbano.
Fernández Martínez aseguró que el Consejo de transporte estaba dirigido por unos cuantos empresarios, por lo que debería ser reestructurado, para que los usuarios utilicen un medio de transporte mejor y más eficiente.
Recomendó al gobierno estatal que se audite a las empresas transportistas por medio de la tarjeta Feria, que permite un registro de usuarios al día, ya que es un negocio millonario que opera sin competencia.
Para mejorar en el rubro de seguridad en el transporte público, el 28 enero, los integrantes de la Asociación de Transporte Público de Pasajeros presentaron una solución de policía encubierta.
La junta, en la que se busca prevenir los asaltos en el transporte urbano, se llevó a cabo con el diputado Daniel Torres, presidente de la Comisión de Transportes en el Congreso Local.
Imitando el sistema empleado por el municipio de Guadalupe y Escobedo, que de acuerdo a Hernán Martínez, presidente de la Asociación de Transportistas, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública abordarán las unidades vestidos de civiles.
Asegurando una disminución en los atracos contra los usuarios, por tal motivo, los transportistas y el legislador local exhortaron al resto de los alcaldes metropolitanos a implementar acciones similares por la seguridad del ciudadano.