Los recientes señalamientos de acoso sexual en universidades de Monterrey, algunos hechos sin presentar evidencias que los prueben, han demostrado la capacidad que tienen el Internet y las redes sociales para destruir a una persona detrás de un teclado y desde el anonimato. Aunque hay casos reales, otros no lo son, y quien los difunde está cometiendo un delito.
Más allá de sus legítimos reclamos, maniatados por la ineficacia de las autoridades de procuración de justicia y la falta de protocolos para la adecuada atención a las denuncias, la aparición del perfil “Acoso en la U” volvió a demostrar una de las capacidades de las redes sociales: destruir a una persona desde el anonimato.
Desde hace años se han multiplicado los casos en los que el Internet es utilizado para difamar a una persona y los ejemplos son tan estremecedores, que el gobierno federal y estatal se vieron obligados a reformar los Códigos Penales vigentes que hoy sancionan estas acciones.
La aparición de “Acoso en la U”, un colectivo que nació para dar a conocer por medio del Internet los presuntos actos de acoso y abuso sexual en instituciones de educación superior como el Instituto Tecnológico y de Estados Superiores (ITESM), la Universidad de Monterrey (UdeM) y el CEDIM, demostró el poder que una denuncia anónima lanzada desde las redes sociales puede tener.
En un comunicado dirigido “a la sociedad en general”, las integrantes de “Acoso en la U” aseguran que desde el 2015 se han dado a la tarea “de recopilar testimonios donde hombres mayores, en su calidad de maestros, acosan, seducen o abusan de estudiantes en instituciones privadas y públicas de Monterrey. Aunque, muchos de los testimonios sucedieron antes de la fecha establecida, hasta ahora están saliendo a la luz”.
El blanco de las denuncias fue el escritor y catedrático Felipe Montes, tal y como lo explicó el colectivo en el comunicado que emitió el pasado 9 de noviembre.
“Él (Felipe Montes) acumula, según diversas voces, más de 20 años de casos de acoso y abuso psicológico, emocional y sexual hacia sus alumnas con edades promedio de los 16 a 19 años. La gravedad de los casos impunes termina por manchar al gremio literario y a la universidad donde trabaja, ubicada en el corazón de nuestra comunidad”, citan.
Los encargados del colectivo reconocieron que están manejando un espacio virtual de denuncia pública, donde se concentran en recopilar y difundir los testimonios de acoso sexual, mismos que, aceptan, representan un delito castigado por el Código Penal vigente.
Sin embargo, no aclaran si estos señalamientos vendrán acompañados de una denuncia penal ante las instancias correspondientes, sólo se concretan a exigir castigo contra Montes y el resto de los profesores que, aseguran, serán exhibidos en un futuro próximo.
De hecho, manifiestan estar conformes con la renuncia del presunto acosador al que señalan.
“Exigimos enérgicamente que exista una consecuencia para todos aquellos que aparecen -y aparecerán- dentro de esta página. Exigimos cero tolerancia para estos abusadores sistemáticos, los cuales utilizan su posición privilegiada, y la confianza que se les otorga, para acercarse y posteriormente abusar de sus alumnas. Demandamos la renuncia de todos aquellos profesores que incurran en este reprobable comportamiento”, citan.
“Acoso en la U” señaló contar con el apoyo de organizaciones defensoras de los derechos de la mujer como Colectiva Luciérnagas, Feministas Nuevo León, Voces de Mujeres en Acción A.C., Abrazo A.C. y Colectivo Mujeres de Botas.
En distintos foros, organismos que apoyan la labor de “Acoso en la U” justificaron el señalamiento desde el anonimato y la carencia de una acusación formal ante las autoridades judiciales.
Uno de ellos fue el Colectivo Académicas Monterrey, conformado por profesores e investigadores de diversos centros académicos, quienes tras el asesinato de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, decidieron “trabajar en común para impulsar el debate y la crítica alrededor de la violencia en México y del ejercicio de los poderes estatales y paraestatales”.
En un comunicado difundido en su portal de Internet, culparon a las autoridades y la sociedad de que las víctimas tengan que usar la denuncia anónima para señalar a su presunto agresor, en lugar de interponer una denuncia.
“(Queremos expresar) nuestra indignación por la existencia generalizada de denuncias que recurren al anonimato para expresar el repudio a dichas conductas delictivas debido a la indiferencia de las autoridades y al rechazo de la sociedad que tiende en este tipo de casos de violencia sexual y de género a culpar a las víctimas a quienes se responsabiliza por provocar o consentir el daño sufrido”, sentenciaron.
Otro colectivo, identificado como “Feministas Tec”, exigió a las autoridades del ITESM que en sus comunicaciones e informes de los resultados de las investigaciones generadas por este caso publiquen la identidad de los maestros señalados como presuntos responsables, más no así la de las víctimas.
“Que se hagan públicas las acciones que el Tecnológico de Monterrey llevará a cabo para asegurar que la investigación se realice con perspectiva de género, sin generar revictimización y respetando siempre la confidencialidad e integridad de las víctimas.
“Que los resultados de la investigación se hagan públicos, respetando en todo momento la identidad, privacidad e integridad de las víctimas.
“Que las autoridades del Tecnológico de Monterrey hagan públicos los mecanismos de prevención, denuncia, atención y sanción con los que cuenta la institución para temas de violencia sexual”, demandan.
Tras los señalamientos en su contra, donde no se presentaron pruebas de los testimonios de quienes eran presentadas como las víctimas, Montes fue separado de sus actividades dentro del ITESM y, tras varios días de silencio, publicó en su perfil de Facebook un comunicado titulado: “Yo soy Felipe Montes”, donde rechaza las acusaciones en su contra.
“Las notas, calumnias y comentarios anónimos, sin fundamento e integrados por mentiras e infamias, sin respaldo y sin imputación directa de la persona presuntamente afectada, los cuales buscan mi descrédito, mi deshonra y perjuicio, causarme daño y destruir el resultado de años de esfuerzo, y que han aparecido a partir del pasado 9 de noviembre, por impresionantes que suenen y por mucho que sean repetidos, nunca podrán competir con la verdad”, aseguró.
Indicó que estas acusaciones lo han colocado en una muy difícil posición tanto a él como sus seres queridos.
“Estos han sido días de dolor. Nunca he pasado días más difíciles. Pero lo peor de todo es el dolor de mis seres queridos. Hoy reúno fuerzas para entender que nuestro inmenso dolor generará al menos un beneficio: que muchas instituciones también elaboren y mejoren sus protocolos con el fin de ayudar a quienes padecen su propio dolor”, manifestó.
NO HAY DENUNCIAS
Aunque “Acoso en la U” y los diferentes grupos que los apoyan aseguran que el hostigamiento sexual en las universidades es un problema generalizado, las cifras demuestran que casi nunca se busca que el presunto responsable responda por sus hechos ante la ley.
Las estadísticas de incidencia delictiva de la Procuraduría General de Justicia en la entidad revelan que, de enero a octubre de este año se han interpuesto 64 denuncias por el delito de Hostigamiento Sexual.
Estas cifras representan el 3.4 por ciento del total de las querellas por los distintos delitos sexuales atendidos por las autoridades, que en lo que va del año suman más de mil 800 casos.
De acuerdo a la Procuraduría, en lo que va del año se han atendido 561 denuncias por violación, 210 por delitos equiparables a la violación, 880 por atentados al pudor y 127 por estupro.
A la vez, las autoridades estatales informaron que de enero a septiembre de este año se ha brindado atención a 266 mil 936 víctimas de algún delito en el estado de Nuevo León.
SEÑALAR POR INTERNET ES DELITO
Ante el incremento de los casos de difamación por medio de las redes sociales y el Internet, el Congreso de Nuevo León determinó modificar el artículo 344 del Código Penal vigente en la entidad, mismo que sanciona el delito de difamación.
La reforma al código fue confirmada con el decreto 387, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del estado de Nuevo León, con fecha del 10 de junio de 2008.
De esta forma, el Código Penal ahora indica que: “la difamación consiste en comunicar dolosamente a una o más personas, la imputación que se le hace a otra persona física o persona moral, en los casos previstos por la ley, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien”.
La reforma también modifica las sanciones para la persona que sea encontrada responsable del delito de difamación.
El artículo 352-Bis del código marca que: “se aumentará hasta la mitad de la pena a imponer por los delitos que resultaren, cuando se efectúen mediante la utilización de la televisión, radio, prensa escrita o Internet.
“El delito de difamación se castigará con prisión de seis meses a tres años, y multa de diez a quinientas cuotas, o ambas sanciones, a juicio del Juez”, cita el artículo.
EL PRECEDENTE
En Nuevo León existe el precedente de que no sólo se puede interponer una denuncia penal por difamación en Internet y redes sociales, sino que este delito puede ser castigado.
En abril de 2015, José Luis Cepeda Dávila, bombero jubilado, acudió con su esposa a hacer unas compras en el centro comercial HEB Concordia, ubicado en el municipio de Apodaca.
Debido a la diabetes que padece, Cepeda es invidente de un ojo y en el otro apenas tiene un 20 por ciento de visión, por lo que generalmente tiene que fijar su mirada en un solo punto.
Mientras su esposa realizaba las compras, el jubilado se separó de ella y acudió al área de juguetería, donde se encontraba una mujer que fue identificada como Mariana de Guerra.
Al ver a Cepeda y su forma de mirar, de Guerra decidió tomarle una fotografía y subirla a Facebook, asegurando que el jubilado había seguido a dos niñas y que se trataba de un robachicos.
De inmediato la fotografía se volvió viral y varias personas “identificaron” a Cepeda como un presunto ladrón de niños. Incluso no faltó quien se dijo víctima de esta persona.
Al darse cuenta de lo que se estaba diciendo de su persona, Cepeda buscó asesoría legal con la abogada Rosaura Guerra, quien lo acompañó al CODE de Apodaca para interponer una denuncia penal.
En entrevista con Hora Cero la abogada expresó que la publicación en las redes sociales afectó severamente la dignidad y salud de su cliente, por lo que tenía que hacer algo al respecto.
“Es una denuncia por difamación, porque le afectaron su fama pública y su salud se ha deteriorado”, sentenció.
La litigante explicó que la denuncia no es solamente contra la persona que tomó la foto y la subió a las redes sociales, sino también contra otras ocho más que le inventaron delitos a su cliente en los comentarios de la publicación.
“Dijeron que habían observado a mi cliente en otros centros comerciales tratando de robarse niños, inclusive que ya se había llevado a uno. Comentarios bastante delicados”, expresó.
Explicó que Cepeda buscó el apoyo de la ley ya que esa simple publicación en las redes sociales le trajo graves repercusiones tanto para él como para su familia.
“Fue una situación que lo puso a él y a su familia en una posición bastante vulnerable puesto que la gente lo señalaba sin saber realmente que todo eso se estaba ventilando era una difamación”, indicó.
La litigante lamentó que en la actualidad se haya vuelto muy común que una persona sea señalada de manera anónima y sin pruebas por las redes sociales.
“Las redes sociales se han dedicado a difamar y lo peor del caso es que la gente no cree que haya una persecución jurídica por la cual puede salir afectado.
“Por eso es importante que la gente sepa que esta situación (la denuncia penal) sigue vigente, que está en trámite y cualquier otra persona que sea víctima de algo así y quiera denunciarlo, tiene todo el apoyo de la ley”, dijo.
Detalló que en estos momentos el proceso penal se “atoró” por la puesta en marcha del nuevo sistema penal acusatorio, sin embargo espera que en unas semanas todo pueda reiniciarse.
“Desafortunadamente con la entrada del nuevo sistema penal acusatorio se ha visto lenta la indagatoria, estamos avanzados pero va lenta, porque las autoridades empezaron a tirarse la pelotita, de quién iba a verlo, si el antiguo sistema o el nuevo, yo espero que en unos dos meses más lo estemos concluyendo.
“Aún y cuando la ley marca que las partes pueden conciliar y llegar a un perdón, la otra parte jamás ha tenido una conversación con nosotros y solamente fue a apersonarse para conocer la averiguación, acogerse al artículo 20 constitucional y a la fecha jamás regresó para dar su declaración, lo que fue lo que a nosotros nos di pie para continuar con la querella y demostrar el delito”, explicó.
Por último la abogada indicó que la ineficacia de las autoridades para ofrecerle justicia a las víctimas de un delito, no les da el derecho de buscar justicia por su propia mano usando el Internet y las redes sociales para destruir a otra persona.
“Independientemente del clamor social por el hecho de que las instituciones de justicia en Nuevo León a veces su labor es nula, uno no puede hacerse justicia por su propia mano y no se puede afectar a alguien porque no se le pudo llevar frente a un tribunal. Se está haciendo mal uso de las redes sociales y todo esto puede generar un delito penal”, finalizó.
NO A LA “CACERIA
DE BRUJAS”
Por su parte, el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, reconoció la gravedad del problema del abuso y acoso sexual en las instituciones educativas; sin embargo, consideró que se debe de tener mucho cuidado con el abuso que puede existir en las denuncias anónimas.
Señaló que aunque estos casos son muy graves, quien busque darlos a conocer por medio de Internet debe de hacerlo con honestidad, apegado a la verdad de la acusación y no sólo por dañar la imagen de las personas.
“Que que no dé lugar tampoco a levantar falsos, sino que se apegue a lo que es en realidad, porque si no tendríamos como lo que pasó en el Siglo XVI, una cacería de brujas que nunca es sana”, dijo.
Indicó que hay que tener mucho cuidado para detectar cuando una denuncia por Internet es verdadera, o solamente busca destruir la reputación de una persona, como ha sucedido.
“El que denuncia, el que informa, que lo haga apegado a la verdad y nunca por dañar la buena fama de alguna persona, creo yo que hasta ahorita todos han sido sinceros y viene preferente hacia la víctima y siempre hay que creerle, pero también creo yo que no sale de más pedir en todo esto honestidad, sinceridad y apego a la verdad”, manifestó.
Por último, el prelado se manifestó por la erradicación de tanto los abusos de los maestros que aprovechan su posición para tomar ventaja de sus alumnas, como de la práctica de algunos estudiantes por desprestigiar a un profesor en represalia por una mala calificación.
“No se puede permitir que en las escuelas, universidades, por una calificación o por cualquier otra situación se quiera abusar de las personas. Esto ya no puede ser y ojalá se vaya extirpando tanto en escuelas privadas como en escuelas públicas”, finalizó.
Y aunque estos casos han generado una gran atención pública, los perfiles de Acoso en la U creados tanto en Twitter como Facebook dejaron de tener actividad desde el pasado 17 de noviembre, poco después de que se anunciaran las sanciones contra Felipe Montes.