El 11 de diciembre, mientras el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, felicitaba en su cuenta de Twitter al Senado por haber aprobado la Reforma Energética, una historia distinta se contaba en Monterrey: la corriente perredista llamada Nueva Izquierda apelaba la resolución de la Cámara Alta por considerarla privatizadora y perjudicial para la ciudadanía.
“El @senadomexicano ha tomado un decisión trascendental para México, al aprobar la Reforma Energética. Felicidades por su trabajo y esfuerzo”, escribió el mandatario nacional, a la par que la ofensiva ya se alistaba desde el norte de México.
Días después la mayoría de los diputados federales, principalmente priistas y panistas, se unieron al “sí” que consolidó la iniciativa del Ejecutivo federal, dando por hecho la reforma a los artículos constitucionales 25, 27 y 28.
Sin embargo, la esperanza de los perredistas de modificar lo ya aprobado en las Cámaras no se disipa y su mirada está puesta en el 2015 cuando entre en vigor la llamada Consulta Ciudadana.
Dicha medida tiene la capacidad de someter a votación popular las reformas ya promulgadas en la Constitución y en su caso modificarlas, lo que la convierten en la opción legal más viable para “tumbar” la Reforma Energética.
De acuerdo a Jonatan Torres, integrante de Nueva Izquierda y representante de los Jóvenes Progresistas en el Estado, la petición de consulta ciudadana en el tema de los energéticos ya se entregó al Senado; no obstante, como la Constitución lo marca, tendrán que esperar un año más para que pueda entrar en vigor.
“La Consulta Ciudadana es para que se eche a andar en 2015 porque todavía tiene que pasar una serie de procesos”, indicó el también politólogo.
“Básicamente va a ser para que entre en vigor la consulta en 2015. Nosotros ya la hemos entregado al Senado, pero el Senado tiene que entrar a un proceso legislativo para que se haga válida porque no nada más es cuestión de ir y llevarla, de mostrar el millón de firmas que se reunieron, sino que también tiene que pasar por una cuestión legislativa y burocrática”, agregó.
Para que la Consulta Ciudadana o Consulta Popular proceda y se vuelvan a debatir las reformas, se requiere de aproximadamente 2 millones de firmas, mismas que ya fueron entregadas a la Cámara Alta.
Aún así la batalla de la oposición será difícil, tomando en cuenta que el bloque conformado por el PRI y PAN en el Senado y Congreso de la Unión les da la mayoría absoluta en ambas cámaras.
“Estamos conscientes (que el PRI y PAN son mayoría). Esto es una cuestión de negociación y cabildeo al interior, pero finalmente es a través de ese proceso legislativo que se tiene que aprobar la consulta ciudadana”, mencionó Jonatan Torres.
“Nosotros decidimos apostarle a la institucionalidad y ya en todo caso la Suprema Corte de Justicia, al momento de que nosotros presentemos la inconstitucionalidad (de las reformas), ellos tiene que dar un fallo”, añadió.
Y es que la vía legal será la única bandera de batalla de Nueva Izquierda Nuevo León, ya que aseguran no están a favor de las marchas o plantones porque perjudican a terceros. Por tal razón, utilizarán todas las vías institucionales para dar reversa a la Reforma Energética.
En el peor de los escenarios para los miembros de la oposición, en la que no proceda la Consulta Ciudadana, aún quedan las instancias internacionales, ya que indican, el derecho del mexicano también se rige por los tratados globales.
“Las fuentes de derecho del mexicano también son los tratados internacionales. De ahí que pudiéramos acudir a instancias internacionales para frenar las reformas recientemente aprobadas por los senadores y diputados”, comentó el perredista.
Actualmente, un equipo jurídico de Nueva Izquierda Nuevo León trabaja en el Distrito Federal para apoyar exclusivamente en los mecanismos legales que se necesitan para “frenar” la reforma recientemente aprobada.
Y como último recurso, en caso de que el 2015 no sea tan fructífero como lo esperan, desde ya, la Izquierda se prepara para consolidar un proyecto conjunto en 2018, en el que uno de sus miembros gane la presidencia de México y el resto domine las Cámaras Alta y Baja para así volver a modificar la Constitución, y como ellos lo llaman nacionalizar nuevamente los energéticos.
“Inclusive nuestro presidente nacional (Jesús Zambrano) lo llegó a decir que si en todo caso, por alguna circunstancia no se pudiera lograr echarla para atrás esta reforma, nuestro presidente ha dicho que en 2018 lo vamos a volver a nacionalizar”, argumentó el politólogo.
“Entonces por eso ya estamos trabajando para que cuando ya entre un nuevo presidente, y que esperemos sea de izquierda, y tengamos un nuevo Congreso y un nuevo Senado, ahora sí echarla para atrás y volver a hacer las modificaciones correspondientes”, agregó.
Y es que no sólo se trataría de la Reforma Energética, la Izquierda también piensa aprovechar el posible poder de la Consulta Ciudadana para dar marcha atrás, con el conocimiento de la ciudadanía, a otras reformas que no han traído los beneficios esperados a los mexicanos.
“El beneficio de la consulta es que se tome en cuenta a los ciudadanos. Es bien sabido que siempre que se hacen reformas de este tipo jamás beneficia a los mexicanos. Te puedes ir a la historia y ver que nunca ha beneficiado a los mexicanos, desde el Tratado de Libre Comercio, que se privatizaron los ferrocarriles y muchas reformas más, nunca ha beneficiado a los mexicanos y en sí nunca se les toma en cuenta”, expresó Jonatan Torres.
ANTECEDENTES DESFAVORABLES
Acorde a los integrantes de Nueva Izquierda en el estado, si se da un vistazo a las reformas promulgadas por la dupla PRI y PAN en el pasado se tendrá como común denominador el fracaso de las mismas.
Y es que en sus palabras ninguna modificación constitucional aprobada por tricolores y albiazules ha traído beneficios a la ciudadanía y para muestra la privatización de las telecomunicaciones, de ferrocarriles y las recientes reformas educativa, laboral y hacendaria.
De ahí que la postura de dicha corriente política sobre la Reforma Energética sea la oposición, al no visualizar beneficios a corto y mediano plazo para la ciudadanía, tal y como lo indicó Francisco Aníbal Garza, ex regidor del municipio Monterrey y actual integrante de Nueva Izquierda.
“Todos consumimos combustibles y la luz directamente y en esta reforma tal como está no establece qué beneficios tenemos como ciudadanos. No hay certeza jurídica ni mercado ni política que reafirme en qué van a repercutir estos beneficios porque todavía el Senado va a discutir las leyes complementarias”, indicó el perredista.
“Esta reforma tiene más de 21 artículos transitorios. Existen más de 6 mil palabras directamente y no establece claramente cómo vamos a tener esos beneficios que marca en su página el gobierno federal, si se van a reducir los costos de la electricidad y de la gasolina”, añadió.
La principal inconformidad de los perredistas radica en lo que dominan la privatización de los recursos energéticos del país, disfrazados de licencias.
“Nos están disfrazadas con otras palabras, las concesiones las disfrazan como licencias, que no están contempladas en la Constitución y ahora van a venir directamente personas extranjeras que van a poder realizar contratos”, señaló Aníbal Garza.
“Los artículos constitucionales reformados son: el 25, 27 y 28 y la principal problemática es que quitaron la prohibición de las concesiones, pero lo manejan como licencias”, agregó.
Los antecedentes de reformas con resultados poco alentadores también son conocidos por Ismael Rendón, secretario General de la Unidad de Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), quien calificó de lesiva a la Reforma Energética.
“Tenemos una historia de reformas recientes que nos han dado al traste. Nos vendieron la historia que la Reforma Laboral sería la Panacea para el desarrollo económico de la nación, que iba a haber más empleo, pero hoy nos encontramos una tasa de desempleo altísima que no teníamos desde hace 10 años”, comentó el también perredista.
“Hoy nos encontramos en esa disyuntiva en donde nos dicen que la Reforma Hacendaria también va a ser lo mejor, la misma gente empresarial estuvo en contra de lo que se aprobó, como el aumenta al IVA en la frontera al 16 por ciento”, añadió.
De acuerdo a los inconformes, el destino de la Reforma Energética ya es conocido, gracias a los antecedentes históricos. Por tal motivo, darán pelea legal para evitar que el futuro de los mexicanos sea arrastrado con los cambios constitucionales.
Y es que aunque la postura de la Nueva Izquierda y el PRD es modernizar a Pemex, el planteamiento del PRI y PAN no les convence, ya que lo califican de privatizador.
“Esta Reforma Energética es algo más que viene del exterior, directamente de los EU, ellos vienen empujando esas reformas, ya tienen años trabajando en el país. En este momento el país necesita que se les dé certeza a la sociedad, no a los políticos”, señaló el secretario General de la UFIC.
Y mientras que Nueva Izquierda en el estado emplea todo su aparato legal para frenar la Reforma Energética por la vía institucional, a nivel nacional el PRD, en la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, ya convocó a una mega marcha el 31 de enero en el Distrito Federal para seguir demandando la Consulta Ciudadana.