Pagos millonarios a empresas fantasmas y prestanombres, fueron movimientos irregulares detectados en las cuentas públicas de las administraciones de los ahora ex alcaldes de Guadalupe, Juárez y García, César Garza Villarreal, Rodolfo Ambriz Oviedo y Jesús Hernández Martínez, respectivamente.
Y es que los pagos destinados por parte de la Tesorería de cada municipio a empresas como Constructora y Mantenimiento CELCA S.A. de C.V., Constructora e Inmobiliaria CORSA S.A de C.V., INSTALACSA S.A. de C.V., Comercializadora ENDEE S.A. de C.V y Proyectos Verdin Constructivos S.A. de C.V, fueron evidenciados por HORA CERO en diferentes ediciones de 2014 y 2015.
Pero hasta ahora, sólo uno de los ex ediles podría recibir una penalización por faltas a la Ley de Desarrollo Urbano.
Recientemente, la Auditoría Superior del Estado solicitó al Congreso local la aprobación para realizar una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia contra quienes resulten responsables de la aprobación en la construcción de mini casas.
En la denuncia aprobada por parte de los legisladores, se detectó la construcción de viviendas con medidas de entre 3 y 4 metros de frente y 7.46 de fondo, cuando las medidas establecidas son de 7 metros de frente y 7.46 de fondo.
Según el expediente del que dispone la Comisión de Vigilancia, en el municipio se permitió la construcción de 876 viviendas con las medidas erróneas, en cinco fraccionamientos distintos.
La labor se realizó por parte de la Casa Constructora Mirador San Antonio y quienes resulten responsables pueden ser castigados hasta con 12 años de prisión, por incumplir el artículo 208 del Código Penal y siendo inhabilitados para ejercer un cargo público en al menos 12 años.
De acuerdo a la diputada y vicepresidenta de la Comisión de Vigilancia, Gloria Treviño Salazar comentó que el órgano fiscalizador revisó las cuentas públicas 2014 de Juárez y de acuerdo a las anomalías encontradas, se desprendió la denuncia.
Sin embargo aunque el organismo aún se encuentra en revisiones, la denuncia que fue aprobada por el Congreso del Estado, sólo se enfoca en la construcción de las viviendas, especificó.
Exhortan a respetar reglamentos
Sin distinciones partidistas la 74 Legislatura del Congreso local aplicará la ley de forma justa, de acuerdo a diputados locales pertenecientes a las comisiones de Vigilancia y Anticorrupción.
Las anomalías que sean detectadas en las cuentas públicas de las pasadas o actuales administraciones por parte de la Auditoria Superior del Estado serán castigadas conforme a la ley, aseguró el diputado local Ángel Barroso Correa.
El legislador que a su vez preside la Comisión de Anticorrupción señaló que ningún diputado de las siete bancadas cederá ante la serie de irregularidades que sean detectadas.
Barroso Correa informó que la revisión que se encuentra realizando el organismo fiscalizador a partir de la Comisión de Vigilancia, es una prueba fehaciente de que no importa la persona o el partido para aplicar la Ley.
“Es a solicitud de la Auditoría Superior que tienen un dictamen específico sobre que no se cumplen las dimensiones necesarias en Ley de la construcción de casas.
“Los tiempos cambiaron, ya los políticos no podemos solapar los unos a los otros, al contrario, tenemos que evidenciarlos y tendrán que responder por sus actos”, aseguró.
El diputado comentó hasta el momento la denuncia sólo es procedente por la construcción de las mencionados viviendas, pero que en caso de que el organismo presente denuncias por cualquier tipo de anormalidades se canalizarán a la comisión correspondiente.
Exhortó a los ediles actuales a revisar los reglamentos, a no incurrir en actos irregulares, a no anteponer actividades propias antes de los intereses ciudadanos.
Expresó que se mantienen en confianza con los actuales alcaldes, de que sabrán resolver los problemas de cada municipio
“No hagan las cosas mal, porque irremediablemente, la verdad en democracia se abre camino”, señaló.
La vicepresidenta de la Comisión de Vigilancia, Gloria Treviño Salazar, secundó al diputado argumentando que la Ley es clara y específica, por lo que en caso de que se presenten casos similares al del municipio de Juárez, procederán conforme a derecho.
Por su parte el legislador Rubén González Cabrieles reafirmó que el órgano realizó el análisis de las cuentas públicas y son ellos quienes determinan si se incurrió en algún delito.
Las administraciones, añadió, pueden dar a conocer sus cuentas, después de tres meses de culminado el año; la Auditoría tiene un plazo de seis meses más para efectuar una revisión adecuada y presentarla en el Pleno.
“Los alcaldes tenderán a ser muy cuidadosos con quien se encargue de administrar los recursos, que se apliquen correctamente para no caer en alguna situación de irregularidad y que les pueda traer consecuencias lamentables”.
Recalcó que los alcaldes y el personal que le maneja los recursos, están conscientes de que éstos deben manejarse con transparencia para no afectar la situación en la que se encuentre el municipio.
En caso de conocer anomalías, precisó, el Congreso actuará con mano dura, sin importar quién sea quien incurrió en el delito.
Hasta el momento no se culmina la revisión del expediente del municipio de Juárez, por lo que no se ha dado a conocer quién o quiénes son los responsables de las pequeñas construcciones, ni el castigo que se aplicará.
Tampoco informaron si se continuarán investigando las administraciones por parte de la Auditoría Superior.