Los docentes de Nuevo León cambiaron las aulas escolares por las calles, los pizarrones ahora son pancartas que piden justicia y la lección del día son las demandas al gobierno con las que exigen respeto hacia su profesión, todo con un solo objetivo: protestar contra la reforma educativa.
Miles de maestros integrantes de las secciones 21 y 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), inconformes con lo estipulado en dicha legislación federal, se han unido para formar el frente “Maestros de Nuevo León en Apoyo a la Movilización Nacional”.
En el lapso de unos días, miles de educadores tomaron las calles del centro de Monterrey en seis ocasiones para manifestarse de manera pacífica, pues consideran que la reforma educativa solamente va a afectar sus condiciones laborales.
Aunque la ley fue aprobada en 2012 y posteriormente pasó por el Congreso del Estado, fue hasta el 15 de junio del año en curso que los maestros protestaron por primera vez, en un recorrido que inició y terminó en el Palacio de Gobierno.
En esa ocasión la cifra de asistentes rondaba los 250 docentes, pero cada vez tuvieron más poder de convocatoria en las manifestaciones realizadas los días 19, 22, 26 de junio, y 1 y 3 de julio, donde lograron reunir hasta 3 mil asistentes de las 13 regiones en las que está dividido el estado.
De acuerdo con Cynthia Elizabeth Pérez González, maestra y vocera provisional del movimiento, estas marchas fueron organizadas en diferentes asambleas del comité y además destacó que es un movimiento independiente de sindicatos y partidos políticos.
“Las decisiones se toman en conjunto y en cada una de las asambleas se organiza para que haya personas diferentes que sean voceros, oradores, los que llevan al frente las mantas, etcétera, para que todo esto se haga de una manera transparente y que no haya rumores de una venta de movimiento o una tranza”, aseguró.
¿QUÉ EXIGEN LOS MAESTROS?
Para exponer claramente sus demandas, los docentes emitieron un pliego petitorio en respuesta al gobierno, el cual fue entregado el pasado 19 de junio en el Palacio de Gobierno y que difundieron en la plataforma Change.org.
En dicho documento se establecen 10 puntos que ellos consideran son clave para ejercer la docencia en Nuevo León.
En el primer punto hacen referencia a su intención de anular la reforma educativa y sus leyes secundarias, a la que consideran “una ‘reforma laboral-administrativa’ disfrazada de educativa”.
Además piden la “cancelación del calendario 2015 de Evaluaciones del Servicio Profesional Docente” y la posterior “anulación de la evaluación como instrumento de ingreso y permanencia”.
En el cuarto punto exigen que se garantice constitucionalmente la estabilidad laboral, para que ningún trabajador de la educación sea despedido ni afectado en sus derechos laborales por la medida que consideran “punitiva”.
Así mismo, demandan una evaluación integral de carácter pedagógico, incluyente y no punitiva.
También piden un verdadero análisis a las necesidades del sistema educativo mexicano, con el objetivo de mejorar las condiciones de la educación que “no obedezca a las exigencias y control de organismos privados”.
Mejorar los programas de capacitación para renovar la práctica docente, secretarios de educación pública que conozcan la labor docente y con experiencia y plazas de nuevo ingreso para los egresados normalistas figuran entre las exigencias.
El decálogo finaliza con la petición de planta base para todos los trabajadores de la educación de contrato, interino y de nuevo ingreso con antigüedad de seis meses.
“NO NOS ASUSTA
LA EVALUACIÓN”
Por las múltiples manifestaciones que han hecho los docentes, se ha malinterpretado el motivo de su lucha, pues se considera que le temen a ser evaluados y posteriormente cesados de su trabajo.
Pero de acuerdo con la vocera provisional del movimiento, Cynthia Elizabeth Pérez González, eso no les quita el sueño.
“No nos asusta la evaluación, los maestros de Nuevo León somos los más capacitados a nivel nacional, somos maestros que tenemos licenciaturas, maestrías y doctorados, pero la Secretaría de Educación, el gobierno y el INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación) no tienen los mecanismos adecuados para podernos evaluar”, expresó Pérez González.
El problema de los maestros, aseguró, es que dichos organismos pretenden evaluarlos “antipedagógicamente, con exámenes en colores rojos, con letras en negro pequeñísimas para que los maestros de nuevo ingreso no puedan contestar esos exámenes por más de cuatro horas y después etiquetarlos como no idóneos”.
Otra de los puntos que los aquejan es que no tienen derecho de réplica y no se les da el resultado de sus pruebas al momento ni una constancia que avale la prueba.
“A los que reprueben les van a pedir un año de capacitación de acompañamiento de cursos en contra turno. ¿Qué patrón capacita al trabajador en contra turno y sin pago?”, protestó.
Para el grupo de docentes, la reforma no sólo los afecta a ellos, también a los padres de familia porque ahora serán los responsables de proveer de todo lo necesario a las escuelas públicas.
“Sabemos que ahora los padres de familia van a cargar con las necesidades básicas de los planteles y el gobierno se lava las manos”, señaló.
“Nuestra lucha no es egoísta, que observen que nosotros estamos luchando por sus hijos, y por todas las reformas estructurales que están viniendo y están haciéndonos daños, que vean de verdad lo que les afectan”.
Pérez González afirmó que “ahorita no queremos ir a una negociación porque no hay negociación”, lo que les interesa es seguir “en pie de lucha porque queremos que se respete la educación pública”.
“ESTÁN MALINTERPRETANDO LA REFORMA EDUCATIVA”: SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE NL
Para el secretario de Educación estatal, Edmundo Guajardo Garza, el grupo de maestros que encabeza el frente no está bien informado sobre la reforma.
“Yo creo que la están malinterpretando y que están siendo aconsejados por gente que trae otra ideología contraria a la reforma. Está muy claro que nosotros le vamos a dar todo el apoyo a los maestros para que tengan éxito en sus evaluaciones”, expresó Guajardo Garza.
Indicó que las evaluaciones se han hecho desde hace 23 años, donde aproximadamente el 75 por ciento de los maestros en el estado estaban dentro para ser evaluados, pero que ahora el procedimiento será más sistemático porque es obligatorio y que “una pequeña parte de los maestros no le está gustando este nuevo esquema, y yo pienso que es la parte que está causando esta situación”.
Sobre si considera que el movimiento está politizado, el titular de la dependencia se limitó a decir que el grupo “tiene otros objetivos, porque cada vez que los invitamos al diálogo para aclarar dudas no vienen”.
Guajardo Garza afirmó que han entablado comunicación con algunos miembros del movimiento, en particular las personas que toman el micrófono en las manifestaciones, al no haber un liderazgo definido.
Aseguró que ya han platicado de las inquietudes de los docentes con sus organizaciones formales, que son las secciones 21 y 50 del SNTE, para explicar el proceso de las evaluaciones en la reforma educativa.
Por su parte, Jorge Nieves y Guadalupe Castillo, titulares de las secciones 21 y 50 respectivamente, hasta el momento se han mantenido al margen en dichas protestas de los docentes.
El secretario de Educación mantiene su postura de que la reforma educativa no es punitiva y que se respetaran todos los derechos laborales de los maestros, y que incluso los va a beneficiar.
Entre los beneficios de la reforma, mencionó, es que ésta habla de “apoyar al maestro a tener un mejoramiento en su desempeño profesional, apoyar al supervisor y al director de la escuela dándole mayor capacidad de gestión, así como entrar en un programa de estímulos al desempeño para poder favorecer y reconocer a los maestros”.
“Es una reforma que va a mejorar en todos los sentidos a los maestros”, afirmó, “va a crear mayor equidad en que los maestros adquieran sus plazas a través de un concurso de selección y esto le va a dar transparencia al proceso”.
Y aunque Guajardo ha asegurado que la reforma educativa no es para despedir a los docentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación refrendó esta posibilidad al determinar que es legal que un maestro sea reubicado o despedido por no aprobar la evaluación correspondiente.
Los ministerios del SCJN precisaron que los artículos 52 y 53, octavo y noveno transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente –que dispone la reubicación de los maestros con base definitiva antes de la reforma y la separación del cargo a quienes no aprueben por tercera ocasión los exámenes-, no transgreden el derecho al trabajo porque se establece como condición de permanencia a los resultados favorables y no impide a los maestros dedicarse al trabajo que quieren.