¿A quién no le gustaría estrenar un automóvil último modelo por dos mil pesos al mes? ¿Habrá alguien que pueda resistirse a la posibilidad de convertirse en el propietario de su casa por $870 pesos quincenales? ¿Alguna persona no quisiera recibir todos estos beneficios sin enganche, aval o consulta en el buró de crédito?
Desgraciadamente miles de personas en el país creen que este sueño es posible, lo que ha sido aprovechado por empresas como Grupo Autofin Monterrey y sus subsidiarias Auto Fin Auto y Auto Fin Casa, para encadenarlos a un esquema que más se parece a un barril sin fondo, que a un sistema viable para hacerse de un auto, una casa o un crédito.
Utilizando un enorme esquema de vendedores y publicidad engañosa, donde se prometen grandes beneficios a cambio de atractivas tasas de interés y muy pocos requisitos, estas empresas se han quedado con millones de pesos de sus usuarios quienes, por ignorancia o por desidia, no tienen el cuidado de leer el contrato que se les pone enfrente antes de firmarlo y con ello, renuncian a la posibilidad de un día poder recuperar su dinero.
Estas prácticas la han colocado en el primer lugar nacional de quejas en contra de empresas de autofinanciamiento ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Incluso, el Grupo Autofin Monterrey no está registrado ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), desconociendo a esta dependencia del Gobierno Federal como un árbitro en caso de una controversia con sus clientes.
Y aunque la empresa asegura en su portal de Internet que desde su fundación en 1983 “ha atendido a más de 130 mil clientes en la zona norte, contando en la actualidad con 31 mil 435 clientes vigentes”, miles de personas han acudido ante las autoridades para exigir la cancelación de sus contratos y la devolución de su dinero… no siempre con éxito.
ENORME Y ENGAÑOSA
De acuerdo a la escritura pública número seis mil 910, registrada ante Antonio Sánchez Ortega, titular de la Notaría Pública número 7 de Guadalajara, Jalisco, el 14 de abril de 1983 fue conformado el Grupo Autofinanciamiento Monterrey.
De acuerdo a los documentos, la empresa es propiedad de Juan Antonio Hernández Venegas, quien tiene como socios a Héctor Armando Véjar Cortés, Luis Véjar Cortés, Enrique González Macías y Alicia Cortés Carmona.
Hernández Venegas es un empresario de 63 años de edad originario de Silao, Guanajuato, con intereses económicos en el área automotriz, inmobiliaria y bancaria.
De acuerdo a sus propias palabras, Hernández Venegas logró conformar “desde cero” un grupo integrado por más de 60 empresas, 170 puntos de venta y mil 800 colaboradores distribuidos en los estados de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Estado de México, Aguascalientes, Zacatecas y Nuevo León.
Para este empresario, el negocio del autofinanciamiento ha sido tan productivo que le permitió construir el desarrollo turístico “más ambicioso y exclusivo” de Acapulco, Guerrero, con una extensión de 260 mil metros cuadrados y una inversión de 250 millones de dólares.
La trayectoria de Hernández Venegas no ha estado exenta de la controversia, pues basta realizar una consulta en Internet para encontrar que existen varias denuncias de presuntos fraudes cometidos por sus empresas en contra de algunos de sus socios y clientes.
Además está su incursión en el futbol mexicano, cuando fungió como propietario del equipo Toros Neza. Fue en esta época que el equipo se vio involucrado en la cuestionada contratación del astro brasileño Bebeto.
Sin embargo, las operaciones del Grupo de Autofinanciamiento Monterrey han sido las más redituables y problemáticas para este empresario, debido a la manera en la que sus vendedores y la publicidad que distribuyen, logran convencer a sus clientes de firmar contratos de adhesión con los que les prometen beneficios como créditos de hasta 150 mil pesos a cambio de una mensualidad de mil 306 pesos; o la adjudicación de un automóvil último modelo como un Chrysler Atos con sólo pagar tres mensualidades de dos mil 35 pesos, sin enganche, sin aval y con supuesta tasa de interés del 4 por ciento, mucho menor a cualquier institución bancaria.
Desafortunadamente para muchas personas, las promesas y la publicidad de Autofin Monterrey ocultan los verdaderos detalles de sus operaciones, como el hecho de que el contratante tiene que participar en un concurso junto con cientos de personas, en el que tiene que esperar entre cinco y doce años antes de poder recibir el bien o inmueble que esperaba comprar.
Durante este tiempo, el cliente está obligado a pagar puntualmente todas sus mensualidades, a las que tiene que agregarles los intereses generados por el manejo de su dinero.
En caso de que una persona decida retirarse del sistema, el contrato lo obliga a renunciar a tres mensualidades -o muchas más- por concepto de penalización, con el riesgo de no recuperar todo lo que pagó.
Incluso la empresa cuenta con un equipo de abogados que de acuerdo a algunos afectados contactados por Hora Cero, han logrado evitar la devolución del dinero.
Para Celerino Reyes Castillo, encargado del despacho de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Reynosa, la forma de operar de esta empresa y sus empleados es irregular.
“Es increíble pero cierto, a esta oficina han llegado entre 30 y 40 quejas de esta empresa y ellos prefieren someterse a la formalidad de un juicio en donde hay que contratar abogados y cubrir los costos de un trámite de este tipo aunque ellos trabajan con el dinero de la gente”, dijo.
Y aunque la Condusef existe precisamente para defender los intereses de los usuarios de este tipo de empresas, el organismo no puede intervenir pues Autofinanciamiento Monterrey no ha tenido el gesto de buena fe de registrarse ante la comisión.
“Esta empresa no está registrada ante Condusef. Para que nosotros podamos realizar un arbitraje en problemas con carácter legal con sus clientes ellos primero tienen que registrarse para reconocernos como árbitro”, indicó.
Bancos, empresas financieras y hasta casas de préstamo reconocen a Condusef como árbitro… menos Autofinanciamiento Monterrey.
De hecho, la única instancia a la que pueden acudir los inconformes con esta empresa es Profeco, quien de acuerdo a sus estadísticas ha logrado ganar el 78 por ciento de los casos presentados.
UNA BUENA
IDEA MAL APLICADA
De acuerdo a la Profeco, el autofinanciamiento es un sistema de comercialización que consiste en la integración de grupos de consumidores que aportan mensualmente a un fideicomiso una cantidad determinada, acorde a un plazo y monto contratado.
Estas aportaciones son destinadas a la adquisición de bienes inmuebles o servicios y son asignados a los consumidores ya sea por sorteo, antigüedad, puntaje, subasta o adjudicación mínima.
Carlos Meneses Toribio, director general de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamiento de la Procuraduría Federal del Consumidor, informó que a partir del año 2006, todas las empresas del ramo debieron de solicitar un permiso de operación a la Secretaría de Economía quien las regula a través del Reglamento de Sistemas de Comercialización.
La Secretaría de Gobernación vigila los sorteos que estas empresas realizan en cumplimiento con lo establecido en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, mientras que el Banco de México regula los fideicomisos con los que operan.
Estos negocios tienen la obligación de registrar ante Profeco sus contratos de adhesión para verificar que no contengan cláusulas abusivas o lesivas para el consumidor.
El funcionario indicó que si una persona tiene dudas respecto al registro del contrato que le están dando para firmar, puede comunicarse a la Línea del Consumidor (01-800-468-87-22) o enviar un correo electrónico a las direcciones [email protected] o [email protected], donde le informarán si el documento está registrado.
Aún con todas estas regulaciones, del 2009 al 2010 se registró un incremento en el número de quejas en contra de estas compañías, las cuales son encabezadas por Autofinanciamiento Monterrey en primer lugar nacional, seguida por Autofinanciamiento México y Autofinanciamiento Ral.
“Las irregularidades más comunes en las que incurren las empresas de autofinanciamiento son fallas en la entrega del bien o servicio contratado, la negativa de entregar el bien o servicio, el incumplimiento de la entrega dentro de los plazos prometidos y la negativa de devolver el dinero del consumidor en caso de que éste ya no quiera continuar con la empresa.
“Además están las modificaciones ilegales a las cláusulas del contrato de adhesión, la negativa de la empresa de cancelar los contratos y la existencia de cláusulas abusivas en perjuicio de los consumidores, dijo el funcionario.
Meneses Toribio recomendó a las personas interesadas en contratar una empresa de este tipo tener cuidado, pues el esquema con el que operan pueden ser aprovechados por algunas personas para realizar fraudes conocidos como “de pirámide”.
En este tipo de fraude, sus responsables buscan clientes que produzcan beneficios económicos a los participantes originales y su riesgo reside en que para que puedan operar se necesita que existan nuevos participantes en cantidad suficiente y cuando la población de los posibles participantes se satura, los beneficios disminuyen y muchas personas se quedan sin beneficio alguno.
“Estas son empresas que no están reguladas por la autoridad, por lo que los usuarios tienen que estar muy pendientes que los grupos en los que sean incluidos sean cerrados”, indicó.
Con el objetivo de prevenir este tipo de fraudes, la ley marca una serie de obligaciones para los negocios de autofinanciamiento, entre las que se encuentran que sus grupos deberán tener como máximo grupos de 180 consumidores cuando se trate de bienes muebles y servicios no mobiliarios, o de 600 en el caso de bienes inmuebles y servicios inmobiliarios.
Además el plazo del contrato de adhesión en la adquisición de bienes muebles nuevos o la prestación de servicios no inmobiliarios no debe exceder de 5 años. Tratándose de inmuebles o servicios inmobiliarios, el plazo no debe exceder de 20 años.
En el caso de Autofinanciamiento Monterrey, la mayoría de las quejas se refieren a las promesas que su personal le hizo a sus clientes al momento de ofrecerle el servicio, que son muy diferentes a las que contrataron o las que estaban publicitadas.
“Hay que revisar muy bien los contratos pues además de la publicidad en muchas ocasiones los vendedores pueden llegar a ofrecer cosas que no son ciertas, los usuarios tienen que verificar que todos los ofrecimientos que se les hacen queden consignados por escrito”, indicó.
Meneses Toribio indicó que muchos vendedores aprovechan la ignorancia de la gente y la poca costumbre que se tiene de leer los contratos antes de firmarlos para hacer promesas que no van a cumplir.
“Desafortunadamente en muchas ocasiones los consumidores no leemos los contratos y puede darse el caso de que el vendedor nos invente cosas que no son ciertas y al firmar el contrato nos obliguemos a cosas que van en nuestro perjuicio o no es lo que nos prometieron”, precisó.
Aún así es posible que un afectado pueda conseguir que las promesas que le hicieron por medio de un folleto u otro medio publicitario sean cumplidas, siempre y cuando acuda ante Profeco.
“Se puede reclamar que la publicidad sea efectiva y que el ofrecimiento que se está haciendo al usuario se le cumpla aunque no venga contemplado en el contrato, lo que tiene que hacer es acudir a Profeco presentar la publicidad y se le brindará apoyo y asesoría”, señaló.
RECOMENDACIONES ANTES DE FIRMAR
Más allá de las promesas hechas por los vendedores y la publicidad de estas empresas, la Profeco recomendó a las personas que estén pensando contratar un servicio de este tipo considerar que los sistemas de autofinanciamiento son sistemas de comercialización que no permiten la entrega de dinero ni el otorgamiento de préstamos a los consumidores.
Además el proveedor no puede garantizar la adjudicación del bien o servicio en un lapso predeterminado, pues debe sujetarse a la aplicación de los procedimientos previamente definidos, dentro de la vigencia del contrato.
El consumidor también debe de tomar en cuenta que participará en los actos de adjudicación, siempre que se encuentre al corriente y pague puntualmente la cuota periódica total correspondiente y la cancelación o rescisión del contrato está sujeta a penas convencionales, las cuales deben estar claramente especificadas en el contrato de adhesión.
Antes de contratar cualquier plan de autofinanciamiento es necesario que el interesado verifique que la empresa que le está ofreciendo el servicio tenga registrados sus contratos de adhesión ante Profeco y cuente con la constitución de un fideicomiso para el manejo de las aportaciones que serán pagadas por cada uno de los integrantes del grupo.
Y aunque tanto los vendedores como la publicidad de estas empresas prometen pagos fijos, la realidad es que las mensualidades que pagará el cliente se encuentran determinadas por el plazo contratado, dividiendo el monto entre el número de meses elegidos y a ese resultado se le suma una cuota de administración y un seguro de vida e incapacidad permanente.
Al mismo tiempo hay que tomar en cuenta que en estos sistemas de autofinanciamiento no sólo se paga la aportación al capital, sino otros gastos como inscripción, cuota de administración, seguro y algo que se le conoce como “factor de actualización” que se determina tomando en cuenta la variación del precio del bien o servicio durante el periodo contratado y que incrementará el monto de los pagos mensuales.
Si bien este tipo de financiamientos tienen la ventaja ofrecer recursos para la compra de un bien o servicio a quien no tiene la posibilidad de obtenerlos, también hay que considerar que si el cliente desea realizar la cancelación de su contrato tendrá que pagar una pena convencional que por lo regular va de una a una y media de las aportaciones más las cantidades que haya desembolsado por concepto de seguro, gastos de administración y el Impuesto al Valor Agregado de éstos.
LO QUE NO DICEN
LOS VENDEDORES
Y LA PUBLICIDAD
Quien acude a una oficina de Autofinanciamiento Monterrey recibe un largo discurso de sus vendedores quienes intentan convencer al cliente ofreciéndole todo tipo de beneficios a cambio de su firma en el contrato.
Incluso la publicidad que esta empresa reparte entre sus clientes potenciales repite estas mismas promesas.
Sin embargo al verificar el portal de internet de la empresa, los usuarios pueden encontrarse con las verdaderas condiciones en las que operará su contrato, mismas que nunca son detalladas ni por los vendedores o por los volantes.
Por ejemplo está el hecho de que la persona que busca adquirir un automóvil será integrada a un grupo de 180 personas con los puede participar hasta en 60 sorteos (cinco años) antes de recibir su vehículo.
En el caso de las personas que contratan este servicio buscando comprar una casa, tienen que considerar que pueden pasar hasta 144 meses de sorteos (12 años) antes de que pueda estrenar su casa, ya que está compitiendo con otros 500 clientes.
Otro de los detalles que no dicen ni los vendedores o la publicidad, es que la persona que decida renunciar a su contrato sin responsabilidad alguna y con la devolución total del dinero, solamente tiene cinco días a partir de la firma del documento para poder hacerlo.
“Después de lo manifestado en el párrafo anterior, el integrante y adjudicatario podrá cancelar su contrato, aplicándose las sanciones correspondientes que se establecen en el contrato de adhesión”, cita la empresa.
En el caso de que un cliente dejara de pagar más de dos mensualidades, la empresa podrá rescindir su contrato de adhesión, aplicándose las sanciones correspondientes en su caso y establecidas en el contrato.
En síntesis: Autofinanciamiento Monterrey siempre gana… y el cliente casi siempre pierde. v