Cuando el humo de la tragedia se disipó en el esqueleto de lo que fue el Casino Royale en Monterrey, la sociedad descubrió que además de cuerpos sin vida, entre los escombros había también huellas de negligencia y corrupción.
Para las familiares de las víctimas y los diversos grupos sociales no sólo el grupo delictivo que ordenó prender fuego al lugar, la tarde del 25 de agosto, es culpable de la muerte de 52 personas, sino también los funcionarios que dieron permisos para operar esas casas de apuestas, los jueces que evitaron revisiones, las autoridades con sus omisiones y los dueños que no cumplieron con los requerimientos mínimos de contingencia.
Dos días después del atentado, el magistrado José Alfonso Solís Navarro renunció a su cargo. Este funcionario le concedió una suspensión de amparo al Casino Royale para que siguiera operando a pesar de que el municipio de Monterrey lo quería clausurar. El dictamen prohibía a las autoridades de Policía y Protección Civil revisar las condiciones del lugar.
El lunes 29, la Procuraduría de Nuevo León presentó a los primeros cinco involucrados en el acto terrorista. Uno de ellos, Julio Tadeo Berrones Ramírez, había entrado a la cárcel en julio de 2010 por manejar un auto robado y en posesión de arma de fuego. Un juez le concedió la libertad condicional y salió libre en junio de 2011. Y dos meses después participó en la masacre.
Los otros cuatro inculpados son Juan Ángel Leal Flores, Javier Alonso Martínez Morales, Luis Carlos Carrazco Espinoza y Jonathan Yahir Reyna Gutiérrez, ligados al grupo de Los Zetas.
El gobierno federal, encabezado en ese entonces por Vicente Fox Quesada, promovió en 2004 un nuevo reglamento para la Ley de Juegos y Sorteos que abrió la caja de pandora de donde se multiplicaron los permisos sin control.
Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación en la mayor parte del sexenio foxista, comenzó a conceder permisos y de 122 lugares que operaban en 2000, la cifra subió a más de 400. Actualmente hay cuando menos 550 establecimientos, aunque hay permisos para que operen 840 a nivel nacional.
Sólo en el municipio de Monterrey había hasta el 25 de agosto pasado al menos 31 casinos establecidos y se especula que hay otros fuera de la ley.
En 2007, el alcalde Adalberto Madero otorgó un permiso para casino a la empresa Atracciones y Promociones Vallarta, S.A. de C.V., donde aparecen sus primos Rodrigo Madero Covarrubias, José Francisco Madero Dávila y Ramón Agustín Madero Dávila, como parte de los propietarios.
Esta empresa “rentó” a Conexiones y Mangueras Corporation el permiso para operarlo y así surgió el Casino Royale. Raúl Rocha Cantú, ahora prófugo de la justicia, lo ubicó en la dirección actual, junto a su negocio de pisos y azulejos, sin tener las autorizaciones correspondientes.
La Secretaría de Gobernación no inspeccionó el Casino Royale cuando en mayo tuvo una reapertura y la suspensión del magistrado impidió que Protección Civil revisar el edificio.
Después de la barbarie que dejó un saldo de 52 civiles muertos ,el 26 de agosto inspectores de la Segob -acompañados de policías federales y soldados-, decomisaron poco más de 3 mil “maquinitas” y revisaron permisos de casinos en toda el área metropolitana. Como se dice “después de ahogado el niño…”.
Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza García, se presentó ante los diputados de Nuevo León el martes 30 de agosto para pedirles que se modifiquen las leyes y se impida la instalación de casinos en el Estado.
“Este es un buen momento de empezarle a parar porque se viene el involucramiento del crimen organizado, lavado de dinero y demás”, comentó el edil sampetrino.
Fernández Garza desde hace meses ha señalado al magistrado Solís Navarro como parte de la corrupción que mantiene trabajando a muchos casinos.
Y el mismo martes, el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal Bretón, junto con personal del Ejército, policías estatales y municipales, cerraron tres casinos que operaban sin licencia de Desarrollo Urbano.
El Windland, ubicado en Garza Sada, y los Yak, de plaza Cumbres y Galerías Valle Oriente fueron clausurados.
Sin embargo, tras haber sido cerrado en abril por el municipio de Monterrey, un casino ubicado sobre Fidel Velázquez reinició los trabajos de acondicionamiento del local, luego de obtener una suspensión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo el mismo martes 30 de agosto.
ROYALE NO TENÍA PERMISO
Según información de la Secretaría de Gobernación, Atracciones y Emociones Vallarta (los permisionarios del Casino Royale), no tienen ningún establecimiento en operación ubicado en la avenida San Jerónimo, en Monterrey, y tampoco existen permisos relacionados a la empresa CYMSA (Conexiones y Mangueras), la cual tiene relación con la distribuidora de azulejos que se encuentra contigua al Casino Royale.
Sin embargo, las empresas Petolof y Entretenimiento de México, supuestamente tienen establecimientos en la avenida San Jerónimo, en el número 501 (donde está el casino Red), y en el 1104, pero ninguno en el 205 donde se encuentran los restos del Casino Royale. En el 1104 debe estar un establecimiento denominado Palmas Miravalle.
El caso del permiso 000003 otorgado a la empresa Espectáculos y Deportes del Norte S.A de C.V., que en 2008 cedió sus derechos a Petolof, S.A., de C.V., los accionistas registrados en 2009 ante Segob son Urban Publicity S.A., de C.V., y un ex funcionario del municipio de Monterrey del que todavía no se sabe su identidad.
MÁS NEGLIGENCIA
El alcalde de Monterrey informó desde el mismo jueves 25 de agosto que el magistrado de la primera sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, José Alfonso Solís Navarro, permitió que el casino siguiera abierto a pesar que el municipio había colocado sellos de clausura días antes en lo que era una ampliación sin permiso.
“El municipio de Monterrey hace una inspección el 4 de mayo de 2011 y detecta que el casino se amplía sin permiso”, informó el edil regiomontano.
Larrazábal Bretón indicó que el apoderado de la empresa CYMSA Corporation, Enrique Hernández Navarro, presentó una demanda de amparo que le otorgó Solís Navarro. Esta suspensión impedía la intervención de Protección Civil y de otras dependencias municipales como Policía y Tránsito.
No es la primera vez que el nombre Solís Navarro salía a la luz pública, ya que en abril del año pasado el alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, lo llamó “retrasado mental y corrupto”.
Este magistrado permitió que el Casino Alegre, ubicado en Plaza Fiesta San Agustín, frente al colegio Irlandés, operara sin permisos del municipio.
“La seguridad no se recupera sólo con armas y policías, descansa primeramente en tener jueces honestos y capaces”, dijo Fernández Garza en esa ocasión.
El magistrado Solís Navarro renunció a su cargo horas después del atentado contra el establecimiento de apuestas.
El Casino Royale recibió un permiso para operar por parte del municipio de Monterrey en 2007 durante la administración de Adalberto Madero Quiroga. Consta que el Patronato de Bomberos dio un “visto bueno” sobre seguridad, pero jamás se acercaron a Protección Civil.
Sin embargo, en 2011 hicieron una ampliación del espacio sin consultarlo con el municipio y fue hasta el 13 de junio de este año cuando pidieron informes a Protección Civil de Nuevo León sobre los lineamientos a seguir.
“Jamás el operador llevó a cabo los procedimientos que dicta Protección Civil”, dijo Jorge Camacho Rincón, director de esta dependencia estatal.
Andrés Molina, director de operaciones de Bomberos, admitió que al momento de acudir al rescate de las víctimas, se percató de que faltaban medidas de seguridad.
“No encontramos puertas de emergencia”, dijo, “no vi escaleras de escape”.
Molina comentó que nunca en su experiencia había visto una tragedia como ésta y explicó que la mayoría de las personas murieron por asfixia debido a la temperatura de hasta 670 grados centígrados que se sintió en el lugar.
“Había una escalera que daba a la terraza, al estacionamiento, pero la mayoría de las personas se refugiaron en los baños”, explicó el jefe de Bomberos.
Larrazábal Bretón informó que en Monterrey hay actualmente 30 casinos, de los cuales 19 tienen permiso y 11 no.
“Los Contenciosos Administrativos o el juez federal de Coahuila, están impidiendo que el municipio pueda siquiera revisar sus procedimientos e instalaciones, con los amparos y suspensiones que están otorgando”, dijo el alcalde.
Larrazábal Bretón mostró un documento en el que el juez Pedro Arturo Cardona Calderón, con base en Coahuila, había participado en temas de casinos como autoridad, pero que luego se había convertido en representante de Atracciones y Emociones Vallarta, operado de estos centros de apuestas.
ACTO TERRORISTA
La peor tragedia contra la sociedad civil de México en todos los tiempos llevó al presidente Felipe Calderón Hinojosa a utilizar la palabra “terrorismo”, misma que había sido rechazada por el mandatario en otras situaciones, a pesar de que en territorio nacional han muerto casi 50 mil personas desde que tomó el poder.
El 15 de septiembre de 2008 explotó una granada en la plaza principal de Morelia, Michoacán, hiriendo a más de 100 civiles.
Mientras que un primer coche bomba explotó en Ciudad Juárez el 15 de julio del año pasado, en un atentado contra policías.
Tan molesto estaba Calderón Hinojosa que su mensaje fue también directo a los Estados Unidos, país al que llamó el más grande consumidor de drogas y vendedor de armas.
“México ya no puede ser la puerta de acceso”, le dijo a los norteamericanos, “somos vecinos pero ustedes también son responsables”.
Hay que recordar que después del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos emitió una resolución en la que determina “la conexión estrecha entre el terrorismo internacional y la delincuencia transnacional organizada, las drogas ilícitas, el lavado de dinero, el tráfico de armas y la circulación de materiales potencialmente letales”.
La “mano dura” del Presidente dejó de paso una inspección “rigurosa” a la mayoría de los casino que se ubican en Monterrey y algunos de la República Mexicana. Asimismo, cuando menos mil 500 policías federales y unos mil 800 soldados patrullan las calles de Nuevo León y el noreste de México a partir del 26 de agosto.
¿QUIÉN ES EL DUEÑO?
Luego de la tragedia, las autoridades salieron en busca de los dueños y comenzó otra confusión, ya que se manejaron varios nombres y muchas opiniones.
Se informó que Conexiones y Mangueras Incorporation, dueña del edificio, se asoció con Atracciones y Emociones Vallarta, S.A. de C.V., propietaria del permiso federal para operar casinos.
“Esto representa un tráfico de influencias, porque sin contar con el permiso de Gobernación se les autorizó el permiso municipal, se les autorizó el permiso de la instalación de la casa de apuestos y esto sin duda es un acto de corrupción”, dijo el líder del Partido Convergencia, Ernesto Cerda Serna.
Luego surgió el nombre de Raúl Rocha Cantú como propietario del casino, siendo avalado por el licenciado Juan Gómez Jayme, quien dio una conferencia de prensa el sábado 27 en la que dijo ser su abogado.
Gómez Jayme dijo que la empresa no es culpable que un grupo de delincuentes incendie el inmueble, pero que están en la mejor disposición de “coadyuvar” con los familiares de las víctimas en lo que sea posible.
Un día antes de la aparición de Gómez Jayme, a través de un desplegado nacional, Atracciones y Emociones Vallarta se deslindó de CYMSA argumentando que la sociedad entre ambas empresas había terminado hace tiempo.
En un comunicado, la empresa señaló que “desde el 19 de septiembre del 2008, se comunicó oficialmente a la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación que en dicho domicilio no operaría negocio alguno al amparo de nuestro permiso.
“En la pagina oficial en Internet de la Secretaría www.juegosysorteos.gob.mx, aparecen las salas que opera nuestra empresa. Por tanto, desconocemos al amparo de qué permiso opera el Casino Royale”, aseguró Atracciones y Emociones Vallarta.
Como respuesta, Gómez Jayme lo negó y dijo que jamás ha existido un juicio sobre el tema y que la sociedad se mantiene como al principio.
Por su parte, la PGJE informó el martes 30 de agosto, cinco días después de la tragedia, que Raúl Rocha Cantú había salido del país y que el piloto que lo trasladó ya había dado su declaración.
INVOLUCRAN
A GUSTAVO MADERO
Ante el embate de los medios de comunicación, que sacaron el apellido Madero entre los escombros de la tragedia, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, rechazó ser propietario de casinos y dijo desconocer si parientes suyos poseen ese tipo de establecimientos.
“Yo no tengo ningún tipo de casinos ni tengo participación en esos negocios”, aseguró.
“Pero eso no los hace ni los exime de nada, sino que los dueños sean quien sean, estén emparentados con quien estén emparentados, deben enfrentar las responsabilidades de garantizar las condiciones de seguridad”, sostuvo.
POLICÍA SÍ ACTUÓ
Contrario a lo que se dijo el jueves 25 de agosto, elementos de la Policía de Monterrey que se encontraban a unos metros del Casino Royale fueron los primeros en arribar al lugar de la tragedia.
Jorge Fernando Garza Morales, director de la Policía Municipal, informó que los efectivos policiacos de las unidades 428, 444 y 448 se encontraban muy cerca de este sitio debido a que brindaban apoyo a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología que en esos momentos realizaba un operativo de revisión en el Casino RED.
“Esa diligencia empezó a las 14:25 horas de ese día jueves, a raíz de este operativo Desarrollo Urbano solicitó el apoyo de la Policía dado que estaban siendo insultados sus inspectores y el comandante que estuvo encargado de dar ese apoyo llega a las 15:17”, explicó Garza Morales.
Las patrullas arribaron al lugar, que se encuentra aproximadamente a 200 metros del Casino Royale, a las 15:17 horas bajo el mando del comandante Guadalupe del Ángel, junto con los policías Miguel Ángel Ramos Pérez, Hugo Jaime Núñez Martínez, Alberto Jorge Chávez Luna y Aniceto Hernández Martínez.
Agregó que la primera llamada de emergencia del Casino Royale llegó a la central de radio a las 15:48 horas y fue atendida por los elementos que se encontraban en las diligencias del Casino Red, alrededor de las 15:49 horas, ya que habían sido alertados por testigos que se encontraban en el lugar de los hechos.
El propio comandante Guadalupe del Ángel narró que una vez observado el siniestro en el Casino Royale, se dio a la tarea, junto con sus compañeros, de solicitar el apoyo a las corporaciones de emergencia y procedió a realizar las primeras labores de rescate y desvió de la vialidad en avenida San Jerónimo.
Precisó que pudo ayudar a salir al menos a cinco personas del interior de este establecimiento.
Toda esta información fue respalda a través de la bitácora de la planta de radio de la Policía de Monterrey, documento que ya forma parte de la investigación que realizan las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 25 de agosto.
MÁS MILITARES
Y POLICÍAS
Luego del atentado contra el Casino Royale, el presidente de la República mandó a Nuevo León mil 500 policías federales y cuando menos mil 500 soldados para ayudar en el combate al crimen organizado.
Las acciones que realizarán los agentes serán de combate al narcotráfico, especialmente el narcomenudeo, y la violencia generada en los últimos años por las bandas de la delincuencia organizada.
Los federales que llegaron el domingo 28 forman parte del último convoy de apoyo a la seguridad en el Estado. El sábado arribó un grupo de Sedena para reforzar la plaza en el combate a la delincuencia.
Días después, miércoles 31 de agosto, medios locales publicaron fotos y difundieron videos donde se ve al hermano del alcalde de Monterrey, Jonás Larrazábal Bretón, recibiendo dinero dentro de algunos casinos en aparente acto de corrupción.
“Ese dinero es producto de la venta de quesos de Oaxaca”, dijo el abogado del inculpado al referirse al Estado donde nacieron los hermanos Larrazábal Bretón, mientras partidos de oposición y grupos empresariales pedían la renuncia del alcalde… y éste exigía una investigación contra su consanguíneo.
Mientras tanto, se anticipaba que Fernando Larrazábal Bretón, por culpa de su hermano, se convertiría en la víctima (política) número 53 de la barbarie del Casino Royale. v