La tragedia ocurrida en el casino Royale dejó a 52 personas sin vida y enlutó a decenas de familias, quienes confiaron en que las autoridades aclararían y castigarían a los responsables del atentado, pero éstas se aventaron la pelotita.
A casi tres meses del incendio, no hay funcionarios públicos detenidos, ni peritajes concluyentes, ni detenciones de los dueños, mientras que la población civil sigue en espera de justicia.
Un día después del ataque, el Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa y su esposa Margarita Zavala arribaron a tierras nueoveleonesas donde montaron una guardia de honor y declararon luto nacional; durante la visita el mandatario federal giró órdenes para que la Procuraduría General de la República se hiciera cargo de las investigaciones.
Desde finales del mes de agosto y hasta noviembre, las autoridades habían detenido a 16 individuos por el incendio en el casino Royale. De dicha cantidad a 10 se les dictó auto de formal prisión, por ser presuntos responsables de la muerte de clientes y trabajadores en la casa de apuestas, el cual fue atacado supuestamente porque los dueños no pagaron derecho de piso al crimen organizado.
Sin embargo, dos meses después del evento que acaparó las primeras planas de medios locales, nacionales e internacionales, la PGR se deslindó por un lado, del peritaje al dejarlo en manos de la PGJE y con ello llegó un ambiente de repudió por parte de los deudos.
El comunicado emitido por la PGR señalaba que “con motivo de las investigaciones que se llevan a cabo, la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León corresponde determinar las causas y factores que influyen en el incendio, así como cuál fue la razón determinante de los homicidios, lesiones y daños en propiedad ajena; por ello, corre a su cargo, la realización de los dictámenes de seguridad industrial, protección civil, ingeniería civil y arquitectura.
“En ese sentido, la Procuraduría General de la República, únicamente actúa en colaboración con la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León”, citó.
Ante esto, los familiares de las víctimas del incendio se han mostrado molestos, como José Luis Javier Nava, de de 21 años de edad, quien perdió a su madre Idalia Elizabeth Walls Polendo, maestra.
“Se están delegando las culpas diciendo que Protección Civil o que el alcalde tuvo la culpa, queremos que realmente digan quiénes son los culpables, que no se quedé impune”, expresó.
Dijo que los funcionarios tienen el compromiso de cumplir con la ciudadanía, y no aventarse la pelota ante un hecho imperdonable, lo único que han visto es la opacidad en las investigaciones.
Por su parte, Samara Pérez, madre de Brad Javier Muraira, quien perdió la vida en el ataque, presentó el 8 de octubre una denuncia contra los funcionarios que permitieron que la casa de juegos operara.
Lo mismo hizo el ex secretario de Seguridad Pública en la entidad, Aldo Fasci Zuazua, al presentar una querella en contra de la procuradora general de la República, Marisela Morales y del subprocurador Federal, Cuitláhuac Salinas, por inferir en la justicia, retrasándola en favor de los delincuente, por delitos de la administración de justicia del Fuero Federal, por no actuar como abogados y evadir su responsabilidad.
En principio, ante el lento “peritaje” que la PGR realizaba, los diputados en el Congreso local crearon la Comisión Investigadora, presidida por el legislador priista Héctor Gutiérrez de la Garza, quienes concluyeron que la casa de apuestas ocurrió en al menos siete violaciones de diversos artículos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, Ley de Desarrollo Urbano estatal y Ley de Alcoholes, así como de diversos reglamentos municipales.
A la fecha las autoridades no han logrado encontrar al dueño del casino Royale, Raúl Rocha Cantú y no han dado a conocer el manejo turbio de la casa de apuestas.
En lo que quedó de la casa de juegos, aún se puede percibir un olor de muerte y humo; a las afueras, los familiares colocaron cruces con el nombre de cada víctima y una manta con la leyenda : “Señor Presidente: le pedimos que honre su palabra: caiga quien caiga”.
También con veladoras y ofrendas florales piden justicia por los muertos.
Algunos trabajadores que lograron escapar de la muerte comentaron que las puertas de emergencia estaban clausuradas y muchas de ellas eran falsas, por eso sus compañeros no pudieron salir de aquel horno.
En el Royale trabajan 180 personas, y algunos recibieron su finiquito de 400 o mil 600 pesos, y otros nada.
LAS CLAUSURAS
DE LOS CASINO
En agosto de este año operaban en Monterrey 31 casas de apuestas y en todo México 60 casinos. Tras la tragedia en el Royale, el Gobierno federal anunció operativos para verificar la operación de este tipo de establecimientos; las únicas clausuras que se realizaron fueron por autoridades hacendarias y no por la Secretaría de Gobernación, aunque no se determinoó el número de inmuebles cerrados.
Las sanciones sólo fueron temporales; el 26 y 27 de agosto el Sistema de Administración Tributaria (SAT) inspeccionó 11 casas de apuestas y aseguró 3 mil 541 máquinas tragamonedas de ocho negocios. Y fueron clausurados 4 casino, no obstante en los primeros días de octubre los negocios volvieron a reabrir.
Además, en tornó al caso del centro de apuestas de la avenida San Jerónimo, se desató la novela de Manuel Jonás, hermano del alcalde de Monterrey, y también de su secretario de Desarrollo Humano, Miguel Ángel García, a quienes se les relacionó con chantajear al dueño del casino Red, por pedirle dinero para que el establecimiento siguiera operando. Pero concluyó al quedar en libertad el consanguíneo del edil.
Tal parece que las autoridades olvidaron el compromiso que tienen de cuidar a los ciudadanos, pues hasta la fecha no se ha capturado a todos los culpables del incendio, no se ha dado el peritaje, ni se ha detenido al dueño del Royale; lo que predomina es la impunidad y el enojo de la comunidad ante la más grande tragedia contra la población civil perpetrada en México. v