El 15 de marzo pasado Nuevo León se convirtió en la primera entidad en aprobar reformas a la Constitución local para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, único en el país, y que busca castigar los malos manejos administrativos municipales y estatales.
Con la reforma a 10 artículos, los legisladores avalaron dar mayores atribuciones a la Auditoría Superior del Estado (ASE), entre ellas, que pueda auditar en tiempo real.
Se crea además la Fiscalía Anticorrupción que será un organismo autónomo para investigar y perseguir los delitos derivados de un acto de corrupción.
De acuerdo al dictamen aprobado, el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción también obliga a los funcionarios de Nuevo León a presentar su declaración 3 de 3: de conflicto de intereses, patrimonial y fiscal.
El diputado panista, Ángel Barroso, presidente de la Comisión Anticorrupción, señaló que ahora se sabrá “cuánto tienen los funcionarios públicos al tomar el cargo y sabremos cuánto acaban teniendo al finalizar su encargo”.
Añadió que ahora no sólo se penalizará con cárcel a quien se enriquezca ilícitamente sino también tendrá que regresar los bienes.
El sistema estará coordinado por un comité ciudadano y tendrá su propia sala especializada en el combate a la corrupción, que sancionará de manera administrativa y penal.
La reforma también contempla castigar a los representantes y socios de las empresas que apoyen a cometer los ilícitos.
De acuerdo a las reformas aprobadas por unanimidad del Pleno, podrán ser sujetos a juicio político: los diputados al Congreso del Estado, los consejeros Electorales de la Comisión Estatal Electoral, los comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa.
Se añaden el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los consejeros de la Judicatura del Estado, los jueces, el procurador General de Justicia, el fiscal Anticorrupción, los secretarios del Despacho del Ejecutivo, los directores generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos; así como los presidentes municipales, regidores y síndicos.
“Se establece un plazo de 180 días siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales que resulten aplicables, para que el Congreso del Estado apruebe la Ley que establezca las bases de coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción y la Ley que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves.
“Así como las reformas a la legislación del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Auditoría Superior del Estado, la Orgánica de la Administración Pública Estatal, la Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Ley de Gobierno Municipal del Estado”, se puede leer en el comunicado emitido por el Congreso de Nuevo León.
En el dictamen aprobado se agrega que los municipios deberán de realizar las adecuaciones normativas, dentro de su competencia, en el mismo plazo de 180 días, luego de entrar en vigor las leyes secundarias.