Sofía Velasco Becerra, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, afirma que el código del silencio derivado del miedo a denunciar se va poco a poco resquebrajando, cediendo paso al empoderamiento ciudadano de ¡Ya basta! y la voluntad popular de no dejarse más del abusador.
De mal en peor. Nuevo León cierra este año con un incremento en el número de denuncias por abusos y violaciones de derechos humanos en las que la incidencia policial es cada vez mayor, aunque las autoridades civiles como la Secretaría de Educación ocupan el nada honroso segundo lugar.
Pese a la amplia difusión de campañas sociales y de los cursos y capacitaciones permanentes que se ofrecen a policías y servidores públicos, la incidencia va en aumento, reconoce Sofía Velasco Becerra, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Por un lado, afirma, es que el código del silencio derivado del miedo a denunciar se va poco a poco resquebrajando, cediendo paso al empoderamiento ciudadano de ¡Ya basta! y la voluntad popular de no dejarse más del abusador.
Es pues, dejar que prevalezca la impunidad y la indolencia de quienes ejercen el abuso de poder desde un cargo público. Sin embargo, añade, los infractores de los derechos humanos continúan existiendo.
Por el otro lado, es que la labor en pro de la defensa de los derechos humanos se topa con pared, con aquellos servidores públicos de todos los niveles que los violentan un día sí y otro también.
“Una manzana podrida debería ser la excepción, pero basta con una mala persona para que los demás prejuzguemos al resto de los policías y los funcionarios públicos. No debería ser, pero ocurre”, añade Velasco Becerra.
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana con maestría en Derecho Penal, Constitución y Derechos por la Universidad Autónoma de Barcelona, Sofía Velasco lleva en la presidencia de la CEDH de Nuevo León ya casi dos años, pero lleva más de 25 años dedicada a esta actividad.
Voz autorizada por su desempeño, aborda con Hora Cero la problemática que se enfrenta día a día en la entidad en cuanto a la violación de las garantías individuales establecidas en la Constitución Política del país.
Destaca que es dentro de los centros de readaptación social del Estado donde se han denunciado el mayor número de violaciones a los derechos humanos, y los que lamentablemente elevaron la cifra de quejas ante la CEDH.
“En materia penitenciaria no hemos avanzado, vemos que aún falta mucha inversión y voluntad por atender a las personas que están ahí privadas de la libertad para que puedan tener una verdadera reinserción social.
“Son los temas penitenciarios los hechos que vivimos este año, dos incidentes en Cadereyta y dos en Apodaca, con saldo de personas fallecidas, los que nos preocupan más”, enfatiza.
En todo el sistema penitenciario estatal las denuncias recurrentes son por la falta de atención médica, el hacinamiento, los tratos vejatorios a los internos por parte de celadores, principalmente.
Añade la ombudsman que la Procuraduría de Justicia estatal es la principal dependencia en cuanto a quejas ciudadanas, seguida de la Secretaría de Seguridad Pública municipal de Monterrey, y en tercer sitio la Policía Ministerial.
Aunque con menos quejas, las policías municipales de San Nicolás, Apodaca, Guadalupe o Juárez también hacen presencia en el listado negro de denuncias.
“En comparación con el año 2016 sí hay un incremento, cuando cerramos con mil 111 expedientes y ahora tan sólo para noviembre la cifra se eleva a mil 166, y falta el mes de diciembre”, apunta.
Como uno de los muchos factores que bien pudieran favorecer el que haya más denuncias fue el cambio de sede del edificio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a un lugar más céntrico, como es la avenida Cuauhtémoc en el primer cuadro de Monterrey.
“La CEDH al tener más presencia en medios de comunicación permite la difusión del trabajo que realizamos, impacta en el número de quejas e incrementa la confianza de los ciudadanos en esta instancia defensora.
“Por eso además quisimos hacer las recomendaciones públicas, cuando antes no se hacía así. Al estar en una conferencia de prensa y decir lo que estamos haciendo para defender los derechos humanos la gente nos ve como una institución que les puede ayudar”, refiere Velasco.
Al romperse el código de silencio, en el cual la víctima no denuncia ni se queja y que hay un organismo como la Comisión Estatal de Derechos Humanos que sí actúa, el balón está ahora en terrenos de las autoridades.
Sentencia que ahora la autoridad, sea cual fuere su nivel, debe de cumplir con su parte: “Le toca que no haya impunidad: cerrar ese ciclo de denuncia después de que presente la queja el ciudadano agraviado por un delito.
“Su deber es investigar los delitos. Que las carpetas de investigación se faciliten a otras instancias como nosotros, para coadyuvar en la resolución de las diligencias”, acotó.
> ¿Qué les falta a las autoridades de todos los niveles? Ustedes hacen cursos permanentes, de capacitación y de difusión del respeto a los derechos humanos, pero no ha sido suficiente. ¿Acaso es tendencia humana a ser indolentes, omisos, incluso violadores naturales de los derechos humanos?, se le cuestiona.
“Yo creo que en algunos servidores públicos aún falta sensibilización, conocimiento de que están obligados a respetar a los derechos humanos.
“Quizás también cuestión de recursos para que puedan investigar la cantidad de denuncias que les corresponde resolver”, responde.
Reconoce Velasco Becerra que sí hay muchos servidores públicos y policías consientes de respetar los derechos humanos, pero la falta de recursos les limita el poder resolver sus investigaciones, y la carencia de recursos económicos y materiales les limita a hacer su labor con eficacia.
“Sí hay mucha voluntad, me consta, pero sin fondos no se puede avanzar más”, refiere la ombudsman antes de concluir la entrevista.