Promugación de la Ley SB4 detona la inconformidad y molestias entre la población del Estado de Texas donde ya existen demandas contra el Estado, el gobernador Greg Abbot y el fiscal general Ken Paxton
Luego de la aprobación de la nueva Ley sobre inmigrantes en el Estado de Texas denominada SB4, la comunidad hispana se puso alerta y ya surgieron los primeros esbozos para contrarrestar la medida.
Esencialmente, de acuerdo con esa nueva disposición, la Policía y el personal del sheriff podrán detener a cualquier ciudadano que le parezca de origen hispano para solicitar que le muestre identificacion que acredite su estancia legal en ese país.
Por lo pronto, residentes de un pequeño poblado llamado El Cenizo, en el condado de Webb, se querellan contra el Estado de Texas, contra el gobernador republicano Greg Abbot y el fiscal general Ken Paxton, pues consideran que dicha reglamentación viola principios constitucionales, sobre todo la Quinta y la Decimocuarta enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, ambas relacionadas con el procedimiento legal para detener a personas en tierra estadounidense.
Los tribunales tendrán la última palabra sobre la aplicación del polémico proyecto de ley recientemente aprobado en Texas.
Según estipula el reglamento de la legislación texana, el proyecto de ley SB4 debería entrar en vigor a partir del próximo 1 de septiembre, una vez que el gobernador Abbott, ratificó esta legislación la primera semana de mayo.
Organizaciones proderechos civiles y autoridades locales han comenzado a interponer demandas contra el Estado de Texas para evitar que la ley entre en funcionamiento.
Una de las primeras demandas, a la que tuvo acceso la agencia EFE, fue interpuesta por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac) en nombre de un pueblo estadounidense fronterizo con México llamado El Cenizo, que se querella contra el Estado, Abbott y el fiscal Paxton.
En esta reclamación judicial, de acuerdo con una publicación realizada por El Diario de Nueva York que cita a la agencia Efe, asegura que el proyecto de ley texano no respeta las leyes federales de inmigración y pone trabas al trabajo de los agentes de policía y sheriffs.
El director de asuntos de inmigración y expresidente nacional de Lulac, Hector Flores, explicó en declaraciones a la agencia Efe que este es el primero de “muchos litigios” que se presentarán en contra de esta legislación, que dijo, “discrimina a todas las personas que
tienen apariencia de ser inmigrantes”.
“Esta ley va a agravar la relación entre los latinos y los oficiales de policía y va a potenciar los perfiles raciales”, sentenció Flores, al mismo tiempo que lamentó que Texas esté dando “pasos atrás” en vez de avanzar en materia de derechos humanos.
No obstante, el ex líder de este grupo proderechos hispanos se mostró optimista respecto a las posibilidades de eliminar o minimizar los efectos de la SB4, gracias a los precedentes históricos que se dieron en otros
Estados, como Arizona o California, con leyes parecidas.
Además de Lulac, algunos ayuntamientos locales, como el de Austin, y varias organizaciones, incluyendo Work Defense Project, Texas Organizing Project, United We Dream, ACLU, Maldef y Mi Familia Vota anunciaron que están estudiando cómo abordar la batalla legal contra esta legislación.
Antes de que todas estas entidades reflejasen su inconformidad en los tribunales, el Estado de Texas interpuso una demanda el pasado lunes 8 de mayo contra las autoridades locales del condado de Travis y de Austin por interrumpir su cooperación con los agentes federales de inmigración el pasado mes de febrero.
Asimismo, denunció al Fondo México Americano de Defensa Legal y Educación (Maldef), una organización que mostró su férrea oposición a esta ley desde que fue anunciada.
En respuesta a este requerimiento judicial, el presidente de Maldef, Thomas Saenz, remarcó en un comunicado que este movimiento es una acción “frívola, presentada precipitadamente y sin base legal”.
“En vez de esperar a que las personas y entidades agraviadas persigan los muchos desafíos constitucionales de la SB4, el Estado manifiesta su propia ansiedad para declarar esta legislación constitucional”, detalló en este documento Saenz.
El Estado de Texas se podría enfrentar también a un “amicus curiae” (amigo de la corte) presentado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, según adelantó el cónsul general del país azteca en Austin, Carlos González.
El representante mexicano recordó que la Cancillería ya presentó algunos escritos en este sentido en anteriores ocasiones para proteger los derechos de los mexicanos en este
Estado sureño, aunque precisó que se esperará “al momento y al contenido oportunos” para realizar esta iniciativa judicial, de acuerdo con la versión de El Diario de NY.