El Poder Judicial de la Federación (PJF) puso fin a la era en México de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, quien este jueves fue extraditado a Estados Unidos, donde es requerido por dos cortes de distrito, en Texas y en California, por diversos delitos.
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, resolvió el pasado jueves 20 de enero —justamente 16 años después de la primera fuga de Guzmán Loera del penal de Puente Grande, Jalisco— negarle el amparo contra los acuerdos del 20 de mayo de 2016 de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que concedieron su extradición.
—¿Por qué se me toman las huellas digitales? —preguntó el líder del Cártel de Sinaloa sorprendido.
—Porque es el procedimiento de rigor —sentenciaron los encargados de su seguridad en el penal.
Bajo un fuerte dispositivo de seguridad implementado por la Procuraduría General de la República (PGR), las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, Guzmán Loera fue trasladado del Centro Federal de Readaptación Social número 9, en Ciudad Juárez, al aeropuerto internacional de esa misma ciudad. Ahí fue entregado a los agentes de la DEA, quienes lo trasladaron en avión a la ciudad de Nueva York para enfrentar la justicia estadounidense.
El Departamento de Justicia agradeció al gobierno de México la cooperación para el proceso de extradición de Guzmán Loera, e informó que tiene seis procesos pendientes en distintas cortes.
Alberto Elías Beltrán, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, descartó que la toma de protesta de Donald Trump como presidente de Estados Unidos haya interferido en la decisión de entrega.
Aclaró que de no haber hecho la entrega inmediata habrían incumplido algunas normas internacionales y, sobre todo, del tratado que tienen México y Estados Unidos en esa materia.
“Nosotros no podemos interferir como autoridad de parte del Gobierno federal en las decisiones del Poder Judicial. No tiene nada que ver, hoy fue resuelto y nosotros, como parte del tratado, teníamos que hacer la entrega inmediata de la persona solicitada por el gobierno de Estados Unidos, lo cual de no hacerlo generaría responsabilidad de incumplimiento en la serie de normas internacionales”, enfatizó.
Los abogados del líder del Cártel de Sinaloa argumentaron que la extradición al estado de Texas fue firmada por el encargado de negocios ad interim, William Huje Duncan, quien, según la defensa, no acreditó tal nombramiento. En el caso de la extradición al estado de California, fue firmada por la ministra consejera de la misión de Estados Unidos, Marjorie Ruth Philips, quien no tenía facultades para hacerlo, argumentos que fueron desestimados por los magistrados.
Los magistrados indicaron que para que la extradición proceda no es indispensable que el Estado requirente se comprometa a no imponer la cadena perpetua y que el delito por el que se le acusa en California no amerita pena de muerte. La embajada de Estados Unidos garantizó que no se le aplicará la pena de muerte a Guzmán Loera, y de hacerlo, no será ejecutada.
‘FUE LEGAL’
La defensa de “El Chapo” dijo que la extradición fue legal, aunque los sorprendió la manera tan rápida en que se dio la resolución de un tribunal colegiado.
José Refugio Rodríguez detalló que se enteró de la extradición porque a mediodía intentó ingresar al penal de Ciudad Juárez y no se le permitió.
Aseguró que la celeridad con la que emitieron resoluciones y se envió a Estados Unidos es inédita, porque no tenía registrado un proceso que se resolviera de manera tan exprés.
“Desde el momento en el que el Tribunal Colegiado está facultado para resolver la revisión, todo es legal. A mí me sorprende que ayer la Suprema Corte de la Nación dijera que no ejercía atracción y que hoy el tribunal sesionara, resolviera y se decida la extradición. Veíamos ese escenario”, agregó.
Al cumplir con la sentencia que se le imponga en Estados Unidos, “El Chapo” será deportado en México y enfrentará nuevamente la justicia.
El capo escurridizo. La primera vez que autoridades mexicanas celebraron la captura del líder del Cártel de Sinaloa fue el 10 de junio de 1993, cuando fue detenido en Guatemala.
NO LO EJECUTARAN
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el gobierno de los Estados Unidos solicitó consentimiento para juzgar a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera por delitos adicionales a aquellos por los cuales se acordó su extradición el 20 de mayo de 2016, en virtud de un proceso abierto ante la Corte Federal de Distrito para el distrito este de Nueva York.
En un comunicado, la cancillería indicó que para ello, el Gobierno de la Unión Americana presentó una solicitud formal conforme al Tratado de Extradición entre ambos países.
La SRE detalló que como parte de dicha solicitud, el Gobierno estadounidense otorgó garantías suficientes respecto a que no impondrá la pena de muerte, o de que en caso de ser impuesta, ésta no será ejecutada a “El Chapo”.
Un mundo de acusaciones
Joaquín Guzmán Loera “el Chapo” enfrenta un cúmulo de acusaciones por varios juzgados de México y Estados Unidos
Corte Federal de Distrito para el distrito oeste de Texas
:: Asociación delictuosa
:: Delitos contra la salud
:: Delincuencia organizada
:: Posesión de armas
:: Homicidio
:: “Lavado” de dinero
Corte de Distrito para el distrito sur de California
:: Asociación para importar y poseer con la intención de distribuir cocaína
Distrito este de Nueva York, en Brooklyn
:: Introducción de cocaína
Distrito de New Hampshire, en Concord
:: Introducción de cocaína
Distrito norte de Illinois, en Chicago
:: Introducción de cocaína
Distrito sur de Nueva York
:: Introducción de cocaína
Además, Guzmán Loera tiene 10 procesos penales en juzgados del Estado de México, Nayarit, Jalisco y Tamaulipas por:
:: Delincuencia organizada
:: Cohecho
:: Portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas
:: Acopio de armas
:: Almacenamiento de armas, cartuchos y explosivos
:: Introducción clandestina de armas de fuego, municiones y explosivos
:: Delitos contra la salud
:: Asociación delictuosa
:: Daño en propiedad ajena y ataque a las vías generales de comunicación