Firmará Gobierno convenio con la Comisión Estatal Electoral, la Procuraduría de Justicia y la Contraloría para vigilar correcta aplicación de recursos públicos.
Tras anunciar una inversión de 89 millones de pesos para apoyar a 123 organizaciones de la sociedad civil, la Secretaría de Desarrollo Social anunció un convenio de blindaje electoral.
Eugenio Montiel, titular de la dependencia, informó que el acuerdo suscrito con la Procuraduría General de Justicia y la Contraloría estatal tiene como objetivo vigilar la actuación de los servidores públicos.
“Un convenio de blindaje electoral que se va a firmar esta semana, donde intervienen tres secretarías de este gobierno, teniendo como testigo de honor obviamente la presencia del señor Gobernador y la Comisión Estatal Electoral”, expresó el funcionario estatal.
“Es un convenio que le hemos denominado de blindaje electoral, dadas las suspicacias de este periodo en el que estamos atravesando de aquí al primero de julio, y que bueno, siempre generan todas las áreas de Desarrollo Social de los tres niveles de Gobierno, cualquier cantidad de sospecha en el manejo de sus recursos”.
Además de capacitar a los servidores públicos sobre este tema, el Gobierno instalará buzones de quejas para que la gente pueda denunciar, incluso de manera anónima, irregularidades de las que tengan conocimiento.
Los buzones serán instalados en los Centros Comunitarios de Desarrollo Social, así como en el Pabellón Ciudadano y en el Palacio de Gobierno.
“Llevar a cabo una serie de acciones que tiene que ver con la capacitación a nuestros funcionarios, de los riesgos y las implicaciones legales que pueden ocurrir en caso de caer en cualquier acción de tipo irregular”, indicó el titular de Desarrollo Social.
En cuanto al presupuesto destinado a las OSC’s, Montiel subrayó que es la primera vez que se transparentan los recursos destinados.
Algunos rubros que trabajan estas asociaciones son de discapacidad, asistencia social, centro de atención y cuidado, salud, derechos humanos, alimentación, adultos mayores, atención a mujeres, voluntariado y adicciones, entre otros.
Los 89 millones que se destinarán a los organismos civiles, representa un 8 por ciento más que lo destinado en el 2017.