
Destaca Secretario de Finanzas reducción en el déficit del estado, mientras que Contraloría reportó un incremento en las auditorías realizadas a entes de Gobierno.
Al continuar la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, el Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Carlos Garza Ibarra, y el encargado del despacho de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Jesús Hernández Martínez, acudieron hoy al Congreso del Estado para ampliar la información acerca del desempeño de las dependencias a su cargo.
Garza Ibarra señaló que con base en el adecuado manejo de las finanzas estatales, es posible que al cierre del presente año, el déficit del estado sea menor al presupuestado, de 4 mil 706 millones de pesos.
En este sentido, añadió que es importante considerar que la falta de recursos no solo afecta al Gobierno Estatal, sino que también incide en la operación de los poderes Legislativo y Judicial, a los organismos autónomos y a la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otros.
Agregó que a partir de 2016, los apoyos del Gobierno Federal a Nuevo León se han reducido de manera notable, lo que ha incidido en el déficit y ha impedido mayores avances hacia el equilibrio financiero del estado.
El Secretario de Finanzas explicó que si bien el rubro de educación es el que mayores recursos del presupuesto estatal consume, con el 37 por ciento, el Gobierno Ciudadano ha incrementado los recursos asignados a la seguridad pública: mientras en 2015 a este renglón se le asignó el 9 por ciento del presupuesto, en 2018 se le destinó el 14 por ciento.
Respecto a la petición de recursos por parte de la Comisión Estatal Electoral para pagar las elecciones extraordinarias en el municipio de Monterrey, reiteró que el Gobierno Estatal no tiene recursos disponibles.
“La aritmética es muy simple: si ponemos esos recursos entonces tendríamos que bajarle a algo más. Hay que poner en contexto que en este año erogamos casi mil millones de pesos. Es lo que costó el proceso electoral”, comentó.
Informó que por instrucciones del Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, se han solicitado citas con los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral para que expliquen mejor cuál sería la mecánica de una nueva elección y las razones por las que el gobierno tiene que destinar recursos públicos para ello.
“Estamos pidiendo apoyo al INE (Instituto Nacional Electoral), a la Secretaría de Hacienda y, obviamente, los partidos políticos podrían también ser aportantes para cubrir esta necesidad de reunir los 44.8 millones de pesos solicitados”.
Por su parte, el Encargado del Despacho de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Jesús Hernández Martínez, expuso ante el pleno del Congreso las acciones y estrategias llevadas a cabo por la institución para lograr una administración eficaz y transparente.
Estas estrategias, explicó, se dimensionan en tres ejes: Transparencia Gubernamental; Control y Auditoria Institucional, y Prevención, Detección y Sanción de actos de corrupción.
“En el eje de Transparencia Gubernamental nuestros esfuerzos estuvieron encaminados en capacitar en materia de transparencia y rendición de cuentas a 3,278 servidores públicos.
“En aras de promover la participación ciudadana en las contrataciones que se realicen en la administración pública estatal, en los meses de julio y agosto de 2018 se llevó a cabo la capacitación por personal de la UDEM, Tecnológico de Monterrey, y la Universidad Autónoma de Nuevo León, para efecto de certificar y acreditar a 20 ciudadanos como Testigos Sociales para participar en los procesos de licitaciones”, relató.
Sobre Control y Auditoría Institucional, Hernández Martínez informó que la Contraloría capacitó a 932 servidores públicos en temas de control interno, administración de riesgos, y brindó 580 asesorías específicas a través de reuniones personalizadas.
“En este tercer año del Gobierno, se llevaron a cabo 213 auditorías, reflejándose un 20 por ciento más que el año pasado.
“Con la finalidad de solventar las observaciones de los entes Superiores de Fiscalización se atendió el 85 por ciento de los pliegos de observaciones del periodo 2011-2015, por un monto total de 14 mil millones de pesos”, expuso.
Agregó que se le dio seguimiento a mil 854 promociones de finciamiento de responsabilidad administrativas, formuladas por los órganos Superiores de Fiscalización, correspondientes a los ejercicios 2015 y anteriores y 2016, atendiéndose 1,574 promociones, es decir, un 90 por ciento.