
Lunes 8 de febrero de 2010, investigación de Hora Cero. Sobre la avenida Simón Bolívar de Monterrey, con el número 1227, se ubica un pequeño local de dos pisos deshabitado y deteriorado; tiene un letrero de “Abierto” pero no hay señales de vida. A través de sus vidrios polarizados se observaban trabajos de construcción y montones de escombros.
Es en ese inmueble de la colonia Mitras Centro donde supuestamente debería estar funcionando una próspera empresa que contrató una dependencia del actual gobierno de Nuevo León, a través de una licitación para realizar una obra pública por un total de 30 millones 730 mil 914.71 pesos.
Una adjudicación que quedó registrada con el número de licitación 48111002-09 en la página www.compranet.gob.mx del gobierno federal, que ofrece a detalle y para consulta del público los contratos recibidos a proveedores y contratistas de las entidad del país.
Lunes 8 de febrero de 2010, recorrido del gobernador. A su regreso de Japón, Rodrigo Medina de la Cruz estuvo en Aramberri para iniciar un programa para la construcción de techos captadores de agua de lluvia y otras obras donde, según la información oficial, se invertirán 44 millones 500 mil pesos en seis municipios campesinos del olvidado sur del Estado.
Pero entre aplausos, sonrisas y discursos en Aramberri faltó un detalle: ninguno de los funcionarios estatales advirtió al gobernador que la empresa que realizará esas obras denominada Grupo Regio Obras, S.A. de C.V. existe en el papel, pero que estaba cerrada hasta ese día de la gira por el sur del Estado.
Luns 15 de febrero. Investigación de Hora Cero. Pegado con silicón fue colocado un anuncio con el nombre de la empresa en la puerta con vidrios ahumados. Días antes había otro de color rojo de Grupo Master.
Enseguida la segunda investigación especial de Hora Cero, esta vez con la creación de “empresas fantasmas” o “al vapor” que nacieron a partir del 3 de octubre de 2009 –fecha del cambio de gobierno en Nuevo León–, y que de una forma muy evidente han sido beneficiadas con contratos y donde funcionarios hacen negocios a espaldas de Medina de la Cruz.
Aquí la historia, las consultas, los documentos oficiales y las fotografías que confirman lo que, a todas luces, es una irregularidad:
Un mes y 21 días después de la toma de posesión de Medina de La Cruz, el 24 de noviembre de 2009, dos personas identificadas como Claudia Maricela Alfaro Ríos y Eliud Elizondo Reyes llegaron hasta el despacho del Notario Público número 33 de Nuevo León, Gilberto Federico Allen.
Tenían prisa por conformar una empresa de nombre Grupo Regio Obras S.A. de C.V., misma que quedó oficialmente constituida en la escritura pública 39,769, libro 479, consultada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Nuevo León, cuya copia está en poder de este medio.
Un mes y cuatro días después que la empresa fue creada, el 28 de diciembre de 2009 para ser exactos, por coincidencia la Corporación para el Desarrollo Agropecuario del Estado de Nuevo León lanzó su primera licitación nacional (Convocatoria 001) para hacer una de las primeras obras públicas del joven gobierno.
Y si ya había algunas sospechas, sucedió lo milagroso: un mes y 15 días después la empresa obtuvo la adjudicación del contrato con el número de licitación 48111002-09, siendo la mejor oferta de cinco empresas que participaron, convocadas por la dependencia estatal.
Se trataba –según la página Compranet del gobierno federal sobre contratistas y proveedores–, de la misma obra que arrancó oficialmente Medina de la Cruz el lunes 8 de febrero tras su regreso de la gira por Japón, donde acompañó en los primeros días al presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa.
En la descripción que aparece en www.compranet.gob.mx se lee textualmente: “Construcción de obra para cosecha de agua de lluvia para consumo de agua”.
Es decir, Grupo Regio Obras S.A. de C.V. corrió con mucha suerte pues, sin tener ninguna experiencia en el ramo (violando cláusulas de la licitación), 30 días antes del anuncio de la licitación se creó ante Notario Público, se inscribió en el concurso público y en 45 días ganó el contrato por 30 millones 730 mil 914.71 pesos.
Cuando Maricela Alfaro Ríos y Eliud Elizondo Reyes llegaron ante el notario público, dijeron estar interesados en constituir Grupo Regio Obras S.A. de C.V. que se dedicaría a: “diseño, construcción y mantenimiento de todo tipo de edificaciones industriales, comerciales, hoteleras, habitacionales, lo cual podrá ser realizado por sí o por terceras personas”.
De manera reiterativa se puede leer en la escritura que “el objeto (giro o trabajos) lo puede hacer “por sí o por terceras personas” o “por cuenta propia o por terceros”.
En el inciso h) los socios de Grupo Regio Obras S.A. de C.V. admitieron también poder hacer edificaciones “de toda clase de estructuras, excavaciones, caminos, movimientos de tierra, desmontes, puentes, demoliciones, instalaciones mecánicas, eléctricas, de tuberías y en general obras de cualquier naturaleza… lo cual podrá ser realizado por sí o por terceras personas”.
Por la rapidez en la creación de la empresa y la fecha de la licitación lanzada por el gobierno de Nuevo León, evidentemente los 30 millones 730 mil 914.71 pesos eran un traje a la medida hecho –por alguien– para Grupo Regio Obras S.A. de C.V.
Otro aspecto sospechoso es que en el cuarto punto de los Estatutos no aparece la dirección de la empresa, y sólo se puede leer: “El domicilio de la sociedad es en Monterrey, Nuevo León, pudiendo establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar del país o del extranjero”.
Si bien ante las instancias locales –el gobierno del Estado o Notario Público– los socios pudieron esconder su centro de operaciones, ante la Federación tuvieron que proporcionar el domicilio y otras particularidades como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC): GRO-091124-EA4, que confirma que fue creada el 09 (año 2009), 11 (noviembre) y 24 (día).
En su inscripción ante Compranet no quedaba duda: la empresa se constituyó un mes y 24 días después de la toma de posesión de Medina de la Cruz. Pero faltaba otro aspecto sospechoso: su domicilio fiscal.
Al dar un simple click en el espacio sobre proveedores y contratistas de Nuevo León, Grupo Regio Obras, S.A. de C.V. puso como domicilio Simón Bolívar 1227, colonia Mitras Centro, Monterrey, Nuevo León, Código Postal 64460. Un correo electrónico: [email protected], el teléfono 18077784 y como giro de su empresa admitió dedicarse a “construcción en general”.
El lunes 8 de febrero pasado Hora Cero acudió a Simón Bolívar 1227. Cuando se suponía existiría una empresa que recibió un contrato millonario del Gobierno de Nuevo León, la sorpresa fue mayúscula, pero más las sospechas.
A una cuadra de Calzada Madero hacia el norte, el domicilio resultó ser un local deshabitado y deteriorado; apretujado entre una casa de cambio de divisas y una tienda comercial; de unos cinco metros de ancho en dos plantas; con un letrero de “Abierto” y con protector en su puerta de vidrio polarizado.
Un condensador de minisplit marca Frizar que estaba el lunes 8 de febrero en su exterior desapareció, pero en cambio fue colocado un letrero pegado con silicón con las siglas GRO y el nombre de Grupo Regio Obras.
Dentro del inmueble se observaban montones de ladrillos y escombros. A las nueve de la mañana del lunes 15 de febrero seguía cerrado y no había albañiles. El segundo piso era inaccesible pues está conectado a través de la planta baja.
Todo se parece menos a una próspera empresa que recibió un contrato por más de 30 millones de pesos –pero que llegaría a 44 millones y medio de pesos– para una obras que beneficiará a varias comunidades ejidales del sur del Estado… y a algún (o algunos) más.
PASO A PASO… Y EL COLMO
Aquel 24 de noviembre de 2009, Claudia Maricela Alfaro Ríos y Eliud Elizondo Reyes se presentaron ante el Notario Público para constituir Grupo Regio Obras S.A. de C.V. con un capital inicial de 25 millones de pesos, repartidas en dos series de acciones.
En la escritura pública Alfaro Ríos aparece como la accionista mayoritaria con 23 millones 750 mil pesos y Elizondo Reyes con un millón 250 mil pesos.
En los generales, ella dijo ser mexicana por nacimiento, casada, originaria de Monterrey, profesionista y con domicilio en la calle Plaza Loreto número 3, de la colonia Ciudad Satélite, de la capital de Nuevo León, entre otros datos.
Por su parte el socio también declaró ser mexicano, mayor de edad, casado, originario de General Terán, Nuevo León, profesionista y vivir en la calle Atoyac número 410, colonia Mitras Norte en Monterrey, entre otros.
Según la información publicada en la página Compranet, el 8 de enero de 2010 Grupo Regio Obras S.A. de C.V. recibió la buena noticia de que había ganado la licitación, luego de la apertura de las propuestas que se hizo en las instalaciones de la Corporación para Desarrollo Agropecuario del Estado de Nuevo León. Es decir, 45 días después de que fue creada.
Este organismo del gobierno estatal tiene su domicilio en Avenida Eugenio Garza Sada 4601 sur, en la colonia Condesa, de Monterrey.
Según documentos subidos a www.compranet.gob.mx fechados el 24 de diciembre de 2009, la dependencia estatal convocó a la licitación pública 48111002 para, textualmente, la “construcción de techos cuenca para cosecha de agua de lluvia para el consumo humano”.
Como responsable de la convocatoria aparece el nombre del Dr. Marco Antonio González Valdez, director del organismo que, según la página de Transparencia del gobierno de Nuevo León en el rubro de nómina mensual, percibe un suelo de 103 mil 190 pesos.
Es nuevo funcionario al tomar posesión en octubre del 2009.
En esa primera hoja se lee que el capital contable requerido para las empresas interesadas en la licitación es de 25 millones de pesos, exactamente el mismo capital con el cual se creó ante el Notario Público 33 –un mes antes– Grupo Regio Obras S.A. de C.V., la ganadora del contrato público.
La reducción del plazo de las ofertas de las ocho empresas que concursaron y la apertura de las ofertas, corrió a cargo de otro funcionario, Alfonso Rodolfo Ibarra Tamez, director agrícola del organismo, cuyo suelo mensual actual es de cerca 45 mil pesos.
Las empresas perdedoras fueron: Constructora y Comercializadora Pirámide S.A. de C.V., GM Edificaciones y Proyectos S.A. de C.V., arquitecto Ana Elizabeth López Garza y el ingeniero Amel Pochur Bazán.
Por parte del la Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León firmaron como responsables de la recepción y análisis de la propuestas de la licitación Alfonso Rodolfo Ibarra Tamez, Germán Mendoza Palomo y Leonardo Limón Rodríguez.
En el proceso de recibir aclaraciones de los interesados, el organismo dispuso al ingeniero Antonio Rocha Ramírez, para cualquier tipo de asesoría.
Si Grupo Regio Obras S.A. de C.V. no tenía oficinas, tampoco pudo haber recibido el contrato de 30 millones 730 mil 914.71 pesos porque no cumplía con uno de los requisitos fundamentales: la experiencia en este tipo de obras.
En el inciso c) de los criterios generales para la adjudicación del contrato señala que la empresa ganadora debe “contar con la experiencia y capacidad técnica requerida para la ejecución de los trabajos”.
Entonces ¿cuál fue el criterio que aplicó el gobierno de Nuevo León para elegir como ganadora a una empresa que, 45 días antes de la adjudicación del millonario contrato, simplemente no existía?
(Continuará…).