Para amedrentar y acallar a los periodistas, se recurre a los ataques físicos y verbales; la desaparición forzada y el asesinato, pero ahora también son víctimas del ciberespionaje, las agresiones digitales y las agresiones legales.
“Para los periodistas existen varios tipos de agresiones en su contra: las agresiones físicas, y en caso extremo el asesinato y la desaparición; las amenazas, el ciberespionaje y una tercera clasificación que son las agresiones legales como el uso del derecho tanto penal como civil para agredir su práctica profesional”, afirmó Sara Montiel, directora de Propuesta Cívica, una organización mexicana que lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos y la libertad de expresión en México.
Lo anterior, dentro del Programa para el Talento Periodístico 2022 que organiza la UdeM para los representantes de los medios de comunicación y estudiantes de periodismo de la propia Universidad de Monterrey, así como otras instituciones educativas de nivel superior que en esta edición se realizó en colaboración con la National Association of Hispanic Journalists (NAHJ).
Mendiola expuso en su conferencia que las agresiones legales a los periodistas son la nueva modalidad que utilizan especialmente funcionarios y políticos mexicanos para silenciar a los periodistas, y su principal intención es atemorizarlos, aprovechándose desde su posición de poder.
“El pasado 2 de noviembre Propuesta Cívica presentó ante el Comité de Derechos Humanos dos denuncias contra el Estado Mexicano por violación al Pacto Internacional de derechos civiles y políticos por la desaparición de dos periodistas.
“Pero a partir de 2018, Propuesta Cívica ha recibido un alza en las atenciones de casos de periodistas demandados por daño moral, esta figura que está en la mayoría de legislaciones civiles, y está siendo usada por funcionarios públicos y por políticos”, apuntó.
Sara Mendiola señaló que en 2021 la organización inició una investigación sobre los riesgos legales para periodistas en materia civil, en materia penal, en materia laboral y materia de protección, con el fin de analizar las 32 legislaciones, los códigos penales de los estados, así como la ley de trabajo y la ley que crea el mecanismo para la protección de personas y periodistas.
“Derivado de este análisis que hicimos, presentamos iniciativas tanto al Congreso de la Unión como a los congresos de cada estado, para que modificaran sus legislaciones, pues hay estados que aun guardan figuras como los llamados delitos contra el honor, lo cual es inconvencional”.
Dijo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, establece que estas figuras deben estar resguardadas en el ámbito del derecho civil.
“Y particularmente aquí en Nuevo León, en el mes de septiembre presentamos con apoyo de legisladores esta iniciativa que busca regular la figura del daño moral solamente cuando haya intervención de libertad de expresión, intervención del trabajo periodístico, porque lo que notamos es que como está la ley de aquí y la ley del resto de entidades del país, es que no hacen una distinción cuando se trata de la labor periodística.
“La única identidad que sí tiene una ley especial para resguardar este tipo de encomiendas legales, es la ley de la Ciudad de México, pues hay una ley especial que regula las controversias entre derecho al honor de las personas, y el ejercicio de libertad de expresión.
Y en lo que respecta a Nuevo León, Mendiola indicó que presentaron una propuesta es para que no existan más abusos o un uso indebido del derecho civil para agredir y entablar este tipo de demandas, además porque las cantidades por las que demandan a periodistas son de hasta 300 millones de pesos.
“En Propuesta Cívica tenemos la experiencia de un caso de un medio de comunicación de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que los demandaron por 60 millones de pesos, por publicaciones que hicieron relacionadas con el presidente municipal y que la investigación periodística indicaba a un mal uso a un desvío de recursos públicos”.
Mencionó que al Periódico AM de Guanajuato se le presentó una demanda por 300 millones de pesos por una ex alcaldesa y ahora diputada federal, así como el periodista y académico Sergio Aguayo que fue demandado por el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira por 10 millones de pesos pero al cabo de 6 años pero finalmente la Suprema Corte decidió que el demandado no cometió delito ya que sus expresiones están protegidas constitucionalmente, y sin embargo, Moreira presentó una segunda demanda en contra de Aguayo.
“Advertimos quienes demandan no buscan obtener la cantidad económica que demandaron, sino solamente la emplean como un factor de miedo. La Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia, que cuando un periodista es demandado por cantidades estratosféricas, a nivel psicológico el impacto es altísimo, que se compara con el temor de ir a la cárcel “, manifestó.
Sara Mendiola destacó que con las iniciativas presentadas se busca que haya una perspectiva de libertad de expresión en las leyes civiles y que los jueces tengan un mejor tratamiento del trabajo periodístico.
DERECHOS DIGITALES
Otro de los temas que se abordó en el Programa para el Talento Periodístico 2022 de la UdeM, fue el de Derechos Digitales, en el que Iván Martínez, oficial de Comunidad y Educación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, brindó un amplio panorama sobre este rubro que concierne a quienes ejercen el periodismo.
“Los derechos digitales son derechos humanos, hay muchas narrativas, muchas falacias en contra de los derechos humanos y es importante que ustedes lo tengan en cuenta dado que ustedes cumplen un papel importante en la sociedad.
Alertó sobre la vigilancia masiva a todas las personas y la vigilancia focalizada hacia los periodistas.
“Esto ya está activo, está pasando actualmente en México. El Estado Mexicano y otros estados en el planeta están incrementando las capacidades de vigilancia masiva y focalizada contra personas periodistas.
“Hay un uso indiscriminado de datos biométricos para identificar a una persona a través de la huella digital, el iris de los ojos o el reconocimiento facial, que se están implementando en diferentes entidades de gobierno.
“Ustedes resistan a estas narrativas, pregunten quién fabrica estos dispositivos. quienes manejan las cámaras con reconocimiento facial”, enfatizó.
Una de las principales recomendaciones que hizo Iván Martínez para que los periodistas no sean víctimas del ciberespionaje, es que deben realizar la actualización de sus equipos, cambiar la contraseña de su celular, así como la del correo electrónico, e incluso, tener un celular para asuntos laborales y otro para uso personal.
Fotos: Cortesía UdeM
