Bajo reserva de unos cuantos enterados y manejado con la mayor secrecía, mucho más que la fórmula de la Coca Cola y la receta de la sopa de abuelita Chona, se halla la lista definitiva de quienes ocuparán las carteras principales en el Gabinete de Jaime “El Bronco” Rodríguez Calderón, cuando asuma el próximo domingo 4 de octubre la gubernatura de Nuevo León.
Apuestas y quinielas van y vienen, lecturas de cartas del Tarot o baraja española, consultas a los pocitos del café o clavados a las vísceras de gallinas negras y de cabritos son recursos frecuentes de los politólogos de pasillo y los analistas de banqueta, para saber si se montan o no al caballo de los elegidos.
Será hasta un día antes, el sábado 3 de octubre a más tardar cuando el nuevo mandatario dé a conocer los nombres de su más cercanos colaboradores, que si bien se analiza el actual organigrama gubernamental, implica una treintena de cargos de suma importancia para la operatividad y funcionalidad del aparato burocrático.
De entrada son tres los principales cargos, dos de ellos que deberán ser negociados y pactados desde denantes con el Poder Legislativo, las titularidades de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, siendo el tercer puesto, el de secretario de Gobierno, decisión ex profeso del mandatario en funciones.
Además del secretario de Seguridad Pública, los otros cargos que Rodríguez Calderón está consensando para designar a las y los más capaces, preparados y sobre todo, respetables por aquello de las críticas que nunca se acaban, son las áreas de la Oficina Ejecutiva del Gobernador, las secretarías de Educación, Salud, Desarrollo Económico, Obras Públicas, Desarrollo Social, Del Trabajo y de Desarrollo Sustentable.
Sólo mencionar de corrido estos puestos ya da dolor de cabeza, imagínense el tener que ver currículums, analizar perfiles, entrevistar a los prospectos, ver cuáles son sus proyectos y sus pretensiones. No, si no es de enchílame la otra y dos más para llevar.
Y eso que aún faltan sumar los titulares de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Consejería Jurídica del Gobernador, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, los Tribunal de Arbitraje y de Justicia Administrativa, la Oficina de Representación del Gobierno del Estado en el Distrito Federal, y la Coordinación Técnica de Gabinete, Planeación, Evaluación e Innovación Gubernamental.
Y de ahí pal real, suman más de 400 puestos claves, en las subsecretarías, direcciones, coordinaciones y organismos descentralizados como Metrorrey, Agua y Drenaje, Fomerrey, Protección Civil, Consejo para la Cultura y las Artes, y muchos, muchos más.
Bocabajeada aunque no herida de muerte quedó la fracción de diputados del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado tras la renuncia de dos de sus diputados, quienes se fueron por la libre quesque como independientes.
La frágil mayoría panista controlará aún las principales comisiones legislativas y la Cocri, o Comisión de Organización y Régimen interno aunque en un juego maestro, los tricolores aliados con la chiquillada le arrebataron el control presupuestario del Congreso a los panistas, algo así como 100 millones de pesos, y que es el ente mero mero petatero para repartir los dineros a los legisladores, autorizar contratación o despido de empleados y asesores.
Pero no queda ahí, no señor. Ya con el apoyo y sumisión, perdón, aval de los diputados del Panal, Verde Ecologista y los dos independientes, los priistas tienen 22 votos totales, contra los 20 sumados de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. En términos operativos y nominales, se requiere el voto del 50 por ciento de los legisladores más 1 para cambiar leyes constitucionales, u otras medidas.
No, si apenas la tercera sesión del Congreso estatal mostró de qué lado masca la iguana, para dónde camina la yegua y cómo brincará el mono en el Poder Legislativo: el PRI y sus aliados, se empezarán a cobrar facturas y afrentas pasadas y presentes ante panistas y aprovecharan para su milpita las necesidades y propuesta del próximo titular del Poder Ejecutivo.
El panista Arturo Salinas, quien ya ha sido diputado local y federal además de delegado de Economía en la entidad, ya marcó la línea frente al futuro gobernador entrante: no le autorizarán que endeude más al estado para así aligerar la carga económica que enfrente Nuevo León.
Si se le suman los diputados priistas a la postura de Salinas, diversos proyectos del nuevo gobierno correrían el riesgo de ser aplazados, aunque aún existen las posibles negociaciones que haga Fernando Elizondo para destrabar el nudo gordiano.
La invitación ya fue hecha desde el 29 de julio pasado de manera informal, el protocolo obliga a que se envíe petición por escrito y de manera oficial a la secretaría particular de la Presidencia de la República, y de ahí se canalice al área de giras del inquilino de Los Pinos para cerrar el círculo.
Por ello, y aunque pareciera que aún falta un mes para que se realice la ceremonia de toma de posesión de Jaime Rodríguez Calderón como gobernador constitucional para el periódico 2015-2021, aún no se sabe a ciencia cierta si Enrique Peña Nieto asistirá como invitado de honor a la ceremonia prevista para el mediodía del domingo 4 de octubre, o quién será el funcionario que acudirá en su representación.
Es por ello que en la Casa Bronca el tema es manejado con sigilo, no se vaya a caer la sopa camino de la boca, pero mientras son peras o son manzanas, ya se empezará a mandar cientos de invitaciones, nomás de mil por ciento, de los privilegiados que estarán en la ceremonia oficial.
Y aún hay más, no se sabe si será el Teatro de la Ciudad o se escogerá un recinto más grande, como un salón de Cintermex para evento oficial. Para la verbena popular también se busca recinto.
Otro frente de batalla para el gobierno entrante se abrirá nomás lleguen los nuevos alcaldes metropolitanos a asumir funciones, y está relacionado con la polémica sobre el Mando Único de Policía.
Propuesta planteada hace años por el ex gobernador priista Natividad González Parás y que pretendió implantar Rodrigo Medina de la Cruz, el proyecto contaba con el respaldo de los munícipes priistas quienes de esa manera se quitaban un peso y broncas de encima, cuando la violencia contra las policías municipales, primero y contra la población después, crearon la ola de inseguridad que afectó a Nuevo León.
Sólo los alcaldes panistas se negaron a esta medida, aduciendo injerencia del estado y la quita de apoyos millonarios estatales y federales para las corporaciones policías. Con la llegada de Fuerza Civil, que bien podría estar viviendo sus últimos meses antes de ser cambiado su nombre y sus actividades, quedó en el olvido el Mando Único.
Ahora, existe el proyecto otra vez de integrar sólo una fuerza preventiva y reactiva para brindar seguridad a la población, pero no cabe duda que panistas y priistas pelearán hasta lo último el dejar ir a sus cuerpos policiales, y con ello, los altísimos presupuestos que manejan, incluso, sin supervisión de autoridades superiores.