Quien salió bien librado porque estuvo a punto de terminar su gestión en apenas un año, fue Víctor Pérez Díaz, alcalde panista de Santa Catarina, con el marcador de 6 a 5 a su favor de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En un tema por demás mediático en la última y primera semana de noviembre-diciembre, Pérez Díaz regresó como un verdadero héroe de la Ciudad de México el lunes 2 de diciembre, tras el veredicto favorable que lo mantendrá en su puesto y sin orden penal en su contra.
El alcalde santacatarinense fue el menos culpable del despojo de un terreno privado perpetrado en la administración municipal (1997-2000) que encabezó Alejandro Páez Aragón, por cierto también de Acción Nacional, propiedad de un particular quien, ante ese asalto en despoblado, recurrió hasta la máxima instancia de impartición de justicia.
Pero quien tuvo que pagar los platos rotos fue Pérez Díaz, además de 45 millones de pesos de la indemnización al dueño del predio, ya que su inmediato antecesor Gabriel Navarro, otro que pertenece al PAN, se pasó por el arco del triunfo la orden de un juez.
Sin duda esta decisión de la Suprema Corte de Justicia que tuvo en el desvelo al alcalde de Santa Catarina, le favorecerá en su popularidad, pues en casi todas las encuestas publicadas en los medios sobre el desempeño de los ediles metropolitanos, se ubicaba en último o penúltimo lugar.
Habrá Víctor Pérez para rato, vaya, para lo que resta de su gestión si todo va bien, y no lo descarten para competir por una diputación federal o una local en las elecciones de 2015. Por lo pronto estaría bien se diera una checada con el cardiólogo.
La decisión de postergar hasta nuevo aviso la reunión del Consejo Nacional del PAN para definir los términos para convocar a elecciones y votar por la renovación de su dirigencia, o por la ratificación de Gustavo Madero, impacta de manera contundente al grupo de panistas nuevoleoneses ligados a los ex gobernadores Fernando Elizondo y Fernando Canales.
Ambos ex mandatarios pretenden, con el apoyo de la vieja guardia panista, cimentar sus reales a nivel nacional, toda vez de que dentro de la estructura blanquiazul de Nuevo León ya perdieron fuerza y presencia, con miras a las elecciones de gobernador del 2015.
La intención de los dos Fernandos es tratar de revertir, mediante decisiones cupulares e imposiciones del Comité Ejecutivo Nacional, los avances de Mauricio Fernández y Margarita Arellanes, fuertes aspirantes a la candidatura panista, y quienes de una u otra forma representan a las nuevas corrientes del partido opositoras a la antigua cúpula sampetrina. Sin embargo, para Canales Clariond y Elizondo todavía no se agotan sus instancias y pueden contraatacar.
Por otro lado, en este último mes del año las senadoras priistas Cristina Díaz, Marcela Guerra e Ivonne Álvarez se enfrentaran de nueva cuenta en las calles de la ciudad, midiendo fuerzas rumbo al proceso electoral que cada vez está más cerca.
Aprovechando la época decembrina, las legisladoras encabezaran cada una en distintas fechas y lugares, una serie de posadas navideñas para la raza de a pie, entregarán despensas y juguetes a los niños y madres de familia que acudan, y harán brigadas asistenciales y otros servicios a la comunidad.
Obvia decir que estas gestorías sociales tienen la finalidad de posicionarlas para que sean reconocidas y apapachadas entre los ciudadano. Sobra decir que las tres suspiran por la candidatura tricolor al gobierno del estado.
Al principio parecía un asunto sin importancia que después derivó en broma, para después en mito. Sin embargo, a golpes y advertencias el asunto fue tomado en serio.
Cientos de funcionarios y servidores públicos llamados también burócratas del gobierno de Nuevo León se vieron más que obligados a acudir a una serie de cursos de Combate y Prevención de la Corrupción, convocados por la Unidad Anticorrupción del Poder Ejecutivo del Estado.
Resulta que directores, subdirectores y demás funcionarios de segundo y tercer nivel, incluidos varios subsecretarios estatales, acudieron dos día hábiles de la semana a los auditorios o salas de junta de la torre administrativa de Gobierno allá por Cintermex, durante el mes de noviembre y diciembre, para ser capacitados por dicha Unidad Anticorrupción sobre sus responsabilidades legales para evitar el llamado cochupo.
La titular de este órgano desconcentrado de la Contraloría y Transparencia, María Narváez Tijerina, se fajó los pantalones ya que muchos de los jefazos del gobierno estatal se negaban a acudir al curso, pero la aguerrida mujer, mediante oficios y, sobre todo, las amenazas directas de afectación en los bolsillos de quienes no acudiera a la convocatoria, los metió al redil. Como se dice: el miedo no anda en burro.
Por cierto, la Torre Administrativa, recién habilitada desde el mes de agosto, enfrenta serios problemas en su operatividad: fallas en la red de internet, deficiencias en los conmutadores telefónicos, pero sobre todo sobrecargas en la red de alambrado de energía eléctrica.
Tal es el tamaño del problema con el suministro de energía, tan vital para casi la totalidad de las actividades de las dependencias estatales, que a cada rato y en diversos pisos se va la luz o se queman los multicontactos donde se abastecen computadoras y otros aparatos de oficina.
Vaya, hasta está prohibido para el personal calentar el lonche en hornos de microondas, so riesgo de un cortocircuito, o peor aún, a un incendio por la mala calidad del cableado eléctrico que usaron como material para instalar la red de suministro.
Mucho menos los trabajadores pueden usar calentadores eléctricos, por eso en los recientes fríos la temperatura en las oficinas marcó 15 grados o menos.
Lo que mal empezó con Natividad González Parás, no tuvo compostura con Rodrigo Medina de la Cruz, de una obra faraónica que tiene esa y más deficiencias.