La administración de Jaime Rodríguez Calderón se apuntó un tanto a favor en el proceso legal que le sigue al exgobernador Rodrigo Medina de La Cruz por los excesivos apoyos financieros otorgados a la empresa automotriz KIA.
Las quejas ante el Consejo de la Judicatura y la demanda penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) orillaron a la jueza Beatriz Joaquina Jaimes Ramos a excusarse de seguir revisando el caso, ya que su ética profesional y la imagen general del Poder Judicial de la Federación quedaban en entredicho por el sospechosismo de arreglos y contubernios en lo oscurito.
La decisión de la jueza federal que ordenó dejar en libertad a Medina de la Cruz cuando fue encarcelado en el penal del Topo Chico, empata el marcador y le da oxígeno a la Fiscalía Especial Anticorrupción para continuar en la pelea.
Ya liberados de esa carga, el subprocurador Ernesto Canales tiene la posibilidad –y la obligación- de sustentar no sólo las acusaciones contra el exmandatario y sus excolaboradores, sino también en mostrar que hubo dolo, maña y malos arreglos entre la jueza y el equipo legal de quien, se cree, financió ilegalmente al grupo KIA.
En caso de que otro juez determine la nulidad de las acusaciones de Canales, se le vendrá encima a alud de críticas por su ineficacia.
GOLPE DADO NI DIOS LO QUITA
La decisión de cancelar casi un millar de concesiones para operar taxis, muchas de ellas en manos de políticos priistas, panistas y líderes sindicales, es una acción bien dirigida y aplicada que le permitió al gobierno estatal quitarse de un solo plumazo presiones políticas rumbo al proceso electoral de 2018.
¿Qué tiene de relación los taxis con los comicios? Todo y nada a la vez. Nada porque no debería de tener una relación la prestación del servicio de auto de alquiler y los usuarios del transporte, sin embargo en la realidad las rutas camioneras representaban cotos de poder para ciertos líderes sindicales como la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
Cancelar las concesiones afectó los bolsillos de políticos que fueron funcionarios públicos en las administraciones de Fernando Canales, Natividad González Parás y Medina de la Cruz, quienes lograron beneficiarse de lo que debieron de ser permisos de operación individuales para beneficiar a padres de familia, pero se convirtieron en flotillas manejadas en lo oscurito.
La reserva de cinco años para no dar a conocer los nombres de quienes detentaban las concesiones y que son sujetas de una investigación para determinar la responsabilidad legal de los que las utilizaban, se basa en argumentos como expedientes no localizados, falta de documentación, solicitudes presentadas con fecha posterior al vencimiento del plazo establecido, constancias de cartas de no antecedentes penales alteradas, concesiones otorgadas sin vehículos dados de alta y trámites sin cumplir con requisitos legales.
En total 637 son de personas morales y 279 de personas físicas.
TODO EN PAZ EN EL PRI
En la visita a Monterrey de Enrique Ochoa Reza, presidente del PRI nacional, no estuvo en la mesa de las discusiones el tema de la coordinación de los diputados locales tricolores en el Congreso del Estado. Vaya, ni para bien ni para mal de Marco Antonio González.
Porque de estar en la cuerda floja luego de la deserción de Eugenio Montiel Amoroso, González pudo ser convocado a una reunión con Ochoa Reza, misma que no sucedió y solamente se sentó en un céntrico restaurante con los alcaldes de Monterrey y Guadalupe, Adrián de la Garza y Francisco Cienfuegos, respectivamente.
Se sabe que entre el legislador y su dirigente solamente hubo intercambio de mensajes por Whatsapp, contrario a pasadas reuniones que tuvo cuando el segundo vino a declarar en una reunión con priistas que iba con todo contra los ex gobernadores corruptos. Eran los tiempos donde Duarte (Veracruz), Medina (Nuevo León) y Borge (Quintana Roo) estaban como chivos en cristalería.
Y como las aguas siguen quietas tras la retirada de Ochoa Reza de las tierras del cabrito y la machaca, seguramente el tema principal fue ir viendo perfiles para las senadurías, diputaciones federales y, sobre todo, la eventualidad de una elección extraordinaria a gobernador si Jaime Rodríguez Calderón decide ser presidenciable en 2018.
Por eso González puede dormir tranquilo esta y las próximas semanas o meses, porque seguramente lo que menos le conviene al PRI en este momento es que se reaviven los choques internos, con el riesgo de irse a tercer lugar nacional ante la anunciada victoria, bastante anticipada por cierto, del candidato de Morena a Los Pinos.
El PAN sigue muy inflado tras ganar siete gubernaturas el año pasado y quiere repetir lo mismo en 2017 en Coahuila, Estado de México y Nayarit. Y Nuevo León estaría más fácil porque ya fue gobierno y sin “El Bronco” como candidato la marca independiente no la tendría fácil.
Lo que llamó la atención de la reunión de Ochoa Reza con Cienguegos y De la Garza es que son los mejor perfilados dentro de su partido para una eventual elección extraordinaria a gobernador en caso de que “El Bronco” deje la gubernatura este año, según un trabajo reciente de Hora Cero Encuestas.
Y aunque falta mucho mucho tiempo, en caso de reelegirse -porque ni locos cambiarían sus funciones por un escaño en el Senado-, van que vuelan para ser considerados para la sucesión en 2021, como también estaría la actual senadora Cristina Díaz Salazar.
Quien está pintadito para regresar como legislador, ser diputado federal o senador, es el actual secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, cuando termine el sexenio de Enrique Peña Nieto y quede huérfano.