Cada vez que el Banco de México anuncia con bombo y platillo que las reservas internacionales siguen creciendo a un monto promedio de más de 200 millones de dólares mensuales, todos los mexicanos nos preguntamos con justa razón, ¿y en dónde está el dinero?
Porque mientras que por un lado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asegura tener un “guardadito” por más de 162 mil 638 millones de dólares que suman las reservas financieras nacionales, esta buena noticia choca con la realidad de los estados y municipios que integran el Pacto Federal.
Según estimaciones de la misma Hacienda, actualmente los gobiernos estatales y municipales adeudan a distintas instituciones públicas y privadas la friolera de casi 405 mil millones de pesos.
¡Un incremento real del 345 por ciento en este sexenio!
El principal argumento de los gobernadores y alcaldes para justificar sus excesivos incrementos en la deuda pública, es desde la conocida crisis de inseguridad que afecta a todo México y que tuvieron que atender de manera emergente, con resultados poco alentadores; hasta que la caída en los ingresos petroleros afectó sus participaciones federales.
Hasta el segundo trimestre de este año, sólo 981 de los 2 mil 456 municipios que conforman México, reportaron ante Hacienda deudas cercanas a los 50 mil millones de pesos, mientras que solamente 10 de ellos concentran el 35 por ciento de los pasivos.
En Nuevo León, Monterrey y San Nicolás, ambos de extracción panista, suman solamente deudas superiores a los 3 mil millones de pesos en conjunto y sus nuevos alcaldes se preparan gustosos para pedir nuevos préstamos por casi 500 millones de pesos más.
Guadalajara arrastra una deuda superior a 2 mil 680 millones de pesos, Nuevo Laredo en Tamaulipas, poco más de mil millones de pesos; León, Guanajuato, otros mil millones de pesos; vaya, a todos nos sigue sorprendiendo la tremenda crisis de Acapulco, en Guerrero, cuya deuda pública hasta el momento oscila en los 2 mil 500 millones de pesos.
Casos similares viven estados como Nuevo León en donde la deuda llega a los 50 mil millones de pesos, la de Coahuila supera los 35 mil millones de pesos, mientras que la de los estados perredistas de los que poco se habla, supera los 43 mil millones de pesos en Guerrero y Marcelo Ebrard le “heredará” a su “tesorito” Mancera un boquete cercano a los 57 mil millones de pesos.
Es obvio que en una nación en la que el Gobierno federal anuncia reservas financieras históricas, y los gobernadores y alcaldes también anuncian deudas históricas, como que hay algo que no está funcionando en el tradicionalmente conocido como Pacto Federal.
Porque no hay manera de entender esta encrucijada financiera, por un lado el Banco de México acumula mensualmente reservas, y las autoridades locales y estatales no saben para dónde voltear, ni siquiera para pagar la nómina y los aguinaldos que se avecinan.
Y mientras que el Presidente Felipe Calderón se ufana al adelantar los aguinaldos a la burocracia federal con motivo del pasado “Buen Fin”, el resto de la pirámide política mexicana se queda como el chinito: “Nomás milando”.
Es una realidad, URGE una redefinición del Pacto Federal, que como está planteado actualmente nada más no funciona.
Porque son los municipios, el Gobierno más cercano a la gente y la mayoría de las veces es el más afectado y lastimado por la discrecionalidad del Presidente y los gobernadores en turno.
Y conste que no es meter las manos al fuego por muchos alcaldes que han abusado y lo seguirán haciendo ante los pocos controles para la rendición de cuentas, sino que es hora de voltear la vista y ayudar a quienes más lo ocupan en las circunstancias actuales.
Todos recordamos el famoso Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), que en 1995 el Gobierno federal lo utilizó como una fondo de contingencia bancario a fin de paliar los efectos negativos por la severa crisis económica que enfrentó México.
Más de 552 mil millones de pesos en pagarés de deuda bancaria fueron absorbidos por un Decreto Presidencial con lo que prácticamente fue un “borrón y cuenta nueva” en las finanzas públicas y privadas nacionales. Diecisiete años después, los integrantes del Congreso de la Unión comienzan a semblantear la urgencia de aplicar ahora un “Fobaproa” público, dada la marginal viabilidad financiera de muchos estados y municipios.
Y aunque no lo confirman de manera categórica, la bancada tricolor en San Lázaro busca formas de lograr que las instancias federales absorban los pasivos regionales, sólo que buscando no lastimar a sus compañeros de partido.
No es malo buscar ayudar a gobiernos con problemas financieros, lo que sí es criticable es que no se busque castigar a aquellos ex alcaldes o ex gobernadores que se la pasaron gaste y gaste sin medir las consecuencias y mucho menos rendir cuentas al pasarse el tema de la Transparencia Gubernamental, allá por donde les platiqué.
Y aunque muchos senadores y diputados aceptan que la mayoría de las excesivas deudas se generaron como resultado de pésimas prácticas administrativas, el mal uso de recursos públicos y la corrupción, hasta el momento no se ve por dónde se quiera castigar a los responsables.
Parece que quieren aplicar aquel dicho de rancho: “perro no come perro”.
No obstante, debemos reconocer que muchos alcaldes y gobernadores enfrentan actualmente situaciones inéditas en sus mandatos como la reducción real en las participaciones federales, el crecimiento poblacional y de servicios, así como la inequidad en las fórmulas de distribución de recursos.
¿UN FOBAPROA ESTATAL Y MUNICIPAL?
El reto es para el Presidente Electo Enrique Peña Nieto, pero muchos gobiernos locales se lo agradecerán.
Muchas gracias.