Como balde de agua fría cayó entre los empresarios la acusación del secretario de Hacienda, Agustín Cartens, de ser responsables de la devaluación del peso, debilitado por la acción concertada de sus corporativos que en cuestión de horas se quedaron con 11 mil 400 millones de dólares.
En teoría, el gobierno los inyectó al mercado de divisas para frenar la caída del peso, pero en la práctica los puso a su disposición, permitiendo se quedaran con el equivalente a más del 11 por ciento de nuestras reservas internacionales.
Como es costumbre desde que nuestros gobiernos abrazaron el neoliberalismo, las crisis buscan resolverse en función de los grandes consorcios, dejando a la población a la deriva. Las cifras de desempleo son alarmantes, aún tomando de referencia al INEGI cuya información no tiene la precisión de la OCDE.
Según INEGI en septiembre, la tasa de desempleo llegó a 4.25 por ciento respecto a la Población Económicamente Activa (PEA) su mayor nivel desde enero de 2005. Significa dos millones de desempleados. Es irónica la ausencia de acciones para combatir el desempleo, cuando Felipe Calderón se autodenominó presidente del empleo.
Si a esos dos millones de desempleados sumamos a quienes trabajan medio turno o en empleos eventuales, la cifra se dispara a seis millones de desempleados. Si añadimos al sector informal, 12 millones de personas están sin empleo. El país está inmerso en una crisis que todavía hace unas semanas negaban Calderón, Cartens, el titular de Economía Gerardo Ruiz Mateos y el gobernador del Banco de México Guillermo Ortiz.
Muchos sectores están afectados. En agosto cerraron 900 empresas. Según INEGI entre los más golpeados están el sector industrial, la construcción, transformación, exportaciones, ventas en tiendas de autoservicio y departamentales.
La desatención gubernamental hacia ellos agrava el desempleo. Este año el crecimiento será de 1.8 por ciento y de 0.5 por ciento en 2009 pero el gobierno no comprende que reactivar la economía, es su prioridad. Le es impensable reducir su gasto. No tiene contacto con las preocupaciones ciudadanas.
Mientras los desempleados “no tienen quién los salve”, a partir del 1 de noviembre el gobierno otorgará un rescate para ciertas empresas que nos costará 50 mil millones de pesos de recursos públicos, que sumado a otros apoyos alcanzarán los 90 mil millones.
Si Agustín Cartens acusa a empresarios de “atacar al peso” y después Calderón decide ayudarlos, incurre en una contradicción políticas. Especialmente si Cartens precisó que la masiva compra de dólares no la hicieron por la crisis económica sino “para tener utilidades” arrastrando al peso a su nivel histórico más bajo, frente al dólar.
A pesar del silencio de Cartens y Guillermo Babatz, presidente de la CNBV, sobre las empresas que provocaron la devaluación, se filtraron varios nombres: Comercial Mexicana, Alfa, Grupo Industrial Saltillo y Cemex, publicó El Universal el 14 de octubre.
Por su parte, Banamex Citigroup reveló que 22 empresas están en “vulnerabilidad cambiaría” de ellas 16 tienen fuerte endeudamiento en dólares, publicó La Jornada, el 16 de octubre. Figuran: Telmex, grupo TMM, Electra, Televisa, TV Azteca, grupo hotelero Posadas; América Móvil, Cemex, Grupo Industrial Saltillo, Vitro y FEMSA.
También Corporación Durango y Bimbo. Aparecen GEO, Liverpool, Sare, Soriana, Urbi y Comercial Mexicana. Según Cartens detectaron operaciones que no eran normales, sino atípicas: “las empresas tomaron riesgos cambiarios, inesperados e inusitados”.
Inquieta que el gobierno calderonista rescate a empresas que ya gozan de trato preferencial. A diferencia de la clase media que paga 34 por ciento de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por exenciones fiscales, este grupo paga de 2 a 4 por ciento de impuestos.
Son privilegiadas: América Móvil, Cemex, Telcel, Telmex, Grupo México, Kimberly Clark, Coca Cola FEMSA, Bimbo, Grupo Carso, Grupo Posadas, Grupo Maseca, Wal Mart, Grupo Saba y Televisa. Como se aprecia, la mayoría son las mismas que provocaron la devaluación del peso. Pero Babatz niega haberles filtrado información para beneficiarlas.
Aún pagamos la decisión de Ernesto Zedillo, aliado con el líder del PAN Felipe Calderón en 1995, para que Fobaproa comprara deuda chatarra de los bancos. El gobierno se quedó con la deuda, a cambio de nada.
Trece años después Calderón anuncia un rescate similar, denominado por analistas como Fobaproa Empresarial. Contrasta la visión del gobierno mexicano con el norteamericano, al resolver su respectivo Fobaproa. En Estados Unidos para salvar a los bancos de la quiebra, gobierno y Congreso impusieron condiciones.
La más relevante: a cambio del apoyo, se quedó con acciones. Fue estatizada 40 por ciento de la banca. Los causantes del quebranto, son investigados, los responsables serán sancionados. El gobierno estadounidense será dueño de parte de su sistema bancario.
El gobierno de Calderón comprará cartera chatarra, a través Nafinsa y Bancomext. Adquirirá deudas de Comercial Mexicana, Coppel, Cemex, GMAC y Navistar Financial, sin garantía de pago. La factura -como en Fobaproa- pasará al país.
En Estados Unidos, el secretario del Tesoro, Henry Paulson, se hincó ante Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, por la negativa inicial para rescatarlos. Sus legisladores responden al pueblo norteamericano. Los nuestros, salvo excepciones, atienden sus propios intereses.
El Consejo Coordinador Empresarial reclamó al secretario de Hacienda haberlos señalado. No les preocupa el abuso, sino la irritación que puedan despertar entre los ciudadanos. Si el CCE considera “inapropiado e inaceptable” ser exhibidos por prácticas especulativas, que se abstengan de practicarlas.
Legisladores del PRI y PRD exigieron a Cartens nombres de las empresas que especularon. Saben que nuestras leyes no contemplan sanciones para operaciones especulativas y la compra masiva de dólares no es delito. Son declaraciones efectistas, no efectivas. Están obligados a crear esas leyes para evitar prácticas especulativas.
La crisis en Estados Unidos y en México tiene su origen en la desregulación del mercado. Quedó demostrado que al mercado no se le puede dejar solo. Requiere un árbitro y contrapesos. Los vecinos del norte lo entendieron. Pero en México, la historia se repite. Como con el Fobaproa de 1995, el gobierno se apresta a salvar consorcios con el Fobaproa Empresarial. Doce millones de desempleados no son suficientemente visibles. No aplican todavía para rescates de gobierno.