
En el interminable pleito de Samuel García contra el alcalde Adrián de la Garza, a quien le vetó el aumento a los valores catastrales, el ayuntamiento de Monterrey dejará de ingresar este en 2025 un total de 340 millones de pesos.
El veto también impacta en las arcas estatales porque la Tesorería dejará de recibir contribuciones de un particular cuando al vender su propiedad con un nuevo valor catastral. Entonces viene la pregunta: en ese combate Samuel vs Adrián ¿quién gana y quién pierde?
Se sabe que el domingo anterior, cuando el gobernador anunció el veto a través de un video en sus redes sociales, la oposición estaba en los mejores términos para superar ese obstáculo y limar asperezas para llegar a acuerdos. Pero, como dice la canción: “Todo se derrumbó…”.
Uno de los argumentos favoritos de los diputados del PRI y el PAN es que García es una persona a la que no hay que confiarle absolutamente nada, pues un día dice una cosa y para el siguiente cambia de parecer.
O ya se olvidó que a finales del año pasado, Samuel dió un discurso donde aseguró que había dejado atrás su actitud bélica contra el PRIAN y que éstos no podían esperar de él más que diálogo y colaboración.
Por supuesto que esta postura la mantenía porque en ese entonces no contaba con el abierto apoyo de los legisladores de MORENA, quienes se convirtieron en el fiel de la balanza para evitar que pueda ser destituido del cargo en un inminente juicio político que, de acuerdo a Carlos de la Fuente, se va a reactivar apenas los legisladores regresen de sus vacaciones en Aspen y la campiña francesa.
La reactivación de las hostilidades, ahora que MORENA va a impedir que lo destituyan, demuestra, según los legisladores del PRIAN, que a Samuel no se le puede creer nada de lo que dice y nada a lo que se compromete.
Y mientras la crisis del transporte público se agrava cada vez más en la zona metropolitana y no tiene para cuándo solucionarse, los usuarios están con el alma en un hilo ante el posible retiro de 200 unidades viejas que no cuentan con pago electrónico controlado por el Estado.
Pero esa no es la única señal de alarma. La empresa TICSA, que en 2022 ganó un contrato de arrendamiento de 800 autobuses para el transporte público de la armadora china Ankai, estaba por perder unas 80 unidades por diferentes razones.
O sea, 200 camiones casi chatarra de rutas que manejan los empresarios del transporte, más 80 controladas por el gobierno, sumarían 280 que dejarían de dar el servicio.
Y si algo faltaba a la actual administración de Samuel García, siguen las protestas de usuarios por el alza de las tarifas con protestas frente a Palacio, además de bloques en avenidas y en la entrada del Túnel de la Loma Larga el domingo 12, del lado de Monterrey.
En esas manifestaciones juega un papel protagónico Pedro Alejo Rodríguez, comediante y actual luchador social conocido como ‘Fufito’.
Han sido tan incómodas las protestas para la clase gobernante, que al día siguiente de la manifestación frente a Palacio de Cantera, reapareció Mariana Rodríguez criticando a Adrián de la Garza y a la diputada Perla Villarreal, entre otros personajes de la oposición.
En la Delegación del IMSS de Nuevo León hay malestar porque ahora la vigilancia de las entradas y salidas de las clínicas de especialidad y las oficinas administrativas de Félix U. Gómez -no así las Unidades Médico Familiares (UMF)-, están siendo vigiladas por el Servicio de Protección Federal con elementos armados hasta los dientes.
Desde octubre de 2024 los parientes de pacientes se vieron sorprendidos cuando llegaron al Hospital de Cardiología #34 y al de Ginecología, y se toparon con agentes con ametralladoras, revisando sus bolsas e interrogándolos como si fueran a visitar a un reo a un centro de reclusión de alta seguridad.
Estas medidas, dijeron algunos familiares afectados y hasta amenazados, rayan en lo absurdo como prohibir el uso del celular y conectarlo a una red eléctrica, introducir una tablet y, todavía peor, ¡meter un libro a un cuarto de una persona que va a cuidar durante la noche y la madrugada!
Aclarando que no son nuevas medidas aplicadas por el IMSS en Nuevo León, sino a nivel nacional, los jefes de áreas tienen la esperanza de que se anulen ciertas restricciones, pues qué culpa tienen Octavio Paz y Gabriel García Márquez.
Nunca es tarde para mencionar que algunos aficionados de Rayados se sorprendieron al ver salir al rector de la UANL, Santos Guzmán López, el pasado 15 de diciembre del estadio BBVA al finalizar el partido de vuelta de la final contra el América.
¿Será que fue a apoyar al equipo de sus amores con la esperanza de que Monterrey fuera campeón? Como dice la frase: “Uno nunca sabe”. Y, para ser honestos, no porque el doctor sea rector de la UANL necesariamente debe irle a los Tigres.
Por cierto, ya se cumplieron tres años de que con bombo y platillo el gobernador anunciara que todo estaba puesto para el arranque de la construcción del nuevo estadio de los Tigres.
A estas alturas del partido todos los aficionados de los universitarios y el resto de la comunidad en Nuevo León sabe cómo ha terminado este proyecto que, como muchos otros en la entidad, se quedó solamente en maqueta.
No falta quien está haciendo la larga lista de anuncios rimbombantes hechos por García que se han quedado en castillos de humo, como lo fue las Líneas del Metro, la planta de Tesla y otros muchos proyectos que se quedaron reducidos a bonitas presentaciones digitales.
En otros asuntos, vaya relajo el que se está armando allá por los rumbos del municipio de García, donde conforme pasan los días se van encontrando más y más irregularidades cometidas por el ayuntamiento encabezado por Carlos Alberto Guevara.
Porque una cosa es que el ex alcalde y sus colaboradores no hayan querido regresar los más de 70 iPhones de última generación que se compraron con el dinero de la gente, también están las camionetas de lujo que se habían autoasignado y que se querían llevar.
Ahí está la Dodge Durango que tenía en su poder el ahora ex tesorero José Ricardo Valadez López quien, por cierto, no canta mal las rancheras, basta recordar las dos multas que le impuso el Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Además, el Ayuntamiento tiene que cargar con la cuenta de más de 30 millones de pesos anuales que cuesta el equipo de seguridad del ex alcalde Guevara quien, para su fortuna, fue bendecido por el Partido Verde con una diputación federal por lo que está muy tranquilo, en la Ciudad de México.