Han pasado los días desde el jueves 21 de abril cuando hallaron el cuerpo de la joven Debanhi Escobar al fondo de una fosa séptica en el Motel Nueva Castilla de Escobedo, y es extraño cómo el gobernador de Nuevo Leon no sacude de su gabinete a Aldo Fasci Zuazua, el secretario de Seguridad.
La sociedad nuevoleonesa no se explica cómo este funcionario se sostiene de la ubre gubernamental desde el sexenio de Natividad González Parás, pasando por Rodrigo Medina, Jaime Rodríguez Calderón y ratificado por Samuel García Sepúlveda, cuando Nuevo León ha sido noticias no solamente local, sino nacional e internacional por las desapariciones, asesinatos y feminicidios de los últimos seis meses.
Cierto que Fasci Zuazua no es uno más de los funcionarios actuales de alto nivel, o como se dice entre la raza: “tiene buenas palancas”. Por eso fue ratificado en su cargo viniendo de ser titular de Seguridad con “El Bronco” cuando Nuevo León ya tenía los focos rojos encendidos por el aumento de la delincuencia.
En las marchas y protestas que se organizaron antes y después del hallazgo de Debanhi, una de las principales demandas al ejecutivo estatal es el cese de Fasci Zuazua. Pero todo parece indicar que el secretario ni se despeina, ni sufre, ni se acongoja. Vaya esas voces: “le hicieron lo que el viento a Juárez”
Pero regresando al caso de Debanhi quedan todavía hay muchas interrogantes, sobre todo si el Congreso del Estado mantendrá en su cargo a Gustavo Adolfo Guerrero, una vez que el titular de la Fiscalía de Nuevo León y todo su equipo quedó en el RI-Di-CU-LO (así en mayúsculas).
Enseguida las preguntas que trae atoradas en la garganta este Sultán:
— ¿En la primera inspección al motel Nueva Castilla el 12 de abril los ministeriales, investigadores, peritos y perros adiestrados de la Fiscalía no se dieron cuenta que en su interior había dos fosas sépticas sin junto a la barda perimetral?
— ¿No se supone que barrieron y buscaron en cada uno de los rincones del motel en su intento de localizar un cuerpo: clósets, bajo las camas, en ductos de aire acondicionado, roperos, en el techo y en tambos, pero sobre todo en cisternas, fosas sépticas, norias o pozos de agua?
— ¿Acaso estos flamantes servidores públicos no han visto series policiacas y de investigadores en Netflix como Colombo o NCIS: NY. O mínimo tutoriales en Youtube sobre lugares sospechosos y cómo empezar la búsqueda de una persona desaparecida, en este caso en el motel?
— ¿Quién le puede creer al fiscal Gustavo Adolfo Guerrero que sus sabuesos no ubicaron las entradas sin tapa de las fosas sépticas donde el jueves 21 de abril fue finalmente encontrada Debanhi?
— ¿Y si el personal de la Fiscalía localizó las fosas -que sería peor la incompetencia-, por qué no ingresaron buzos, una cámara o procedieran a desaguarla para descartar o confirmar que la joven desaparecida estaba dentro desde el día 9?
No hay que ser un Sherlock Holmes, Colombo, tener maestría en Harvard, cursos en Scotland Yard, la CIA y el FBI, porque para saber que dentro del motel había dos fosas sospechosas bastaba recargar una escalera en la barda desde el exterior y verlas con las tapas de cemento a un lado.
Y si no está enterado el fiscal: ya inventaron los drones, señor. Y era suficiente con decirle al profesor Galaviz, que operó uno esos días para Televisa Monterrey, que levantara por el aire ese aparato con hélices -apenas tres metros- para ubicar las fosas. ¡NO 12 DIAS DESPUES DE LA DESAPARICIÓN DE DEBANHI!
Acaso cuando llegaron a la primera inspección del motel, los encargados de la investigación de la Fiscalía de Nuevo León no preguntaron al personal: ¿tienen cisternas? ¿Y empezar ahí su trabajo para desquitar su sueldo? ¿Y los binomios (hombres-canes) que tanto presumen en otras búsquedas?
Ante tantos errores y horrores quedará en el Congreso del Estado y en el gobernador Samuel García la decisión de si permanece o no en su cargo el fiscal que fue nombrado en la pasada administración de “El Bronco”, porque a este punto está agarrado de un chorro de agua.
Y si no se acuerdan cómo pueden hacerlo, va lo que dice el Artículo 48 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León que se refiere al proceso que se debe seguir para remover al fiscal.
Según marca el artículo, corresponde al Congreso del Estado, a solicitud del Gobernador, o por la solicitud de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, la remoción del Fiscal por ocho “faltas graves”, entre las que sobresalen: la comisión de delito doloso durante el ejercicio de su función, establecido por sentencia condenatoria firme o por las causas graves de responsabilidad administrativa previstas en las leyes, determinadas mediante resolución firme de la autoridad competente.
“La solicitud de remoción deberá señalar con claridad y precisión los hechos que configuran la causal que se invoca y a ella se acompañarán y ofrecerán los medios de prueba que la sustentan. Toda solicitud que no cumpla estos requisitos deberá ser declarada inadmisible de plano, sin más trámite”, cita el artículo.
El Artículo 49 de la misma ley, establece que el Congreso del Estado resolverá sobre la solicitud mediante dictamen de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública que establezca la existencia de causas graves, previa comparecencia del Fiscal de que se trate ante el Pleno del Congreso.
La remoción requerirá del voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado.
El proceso de remoción deberá respetar las garantías del debido proceso y el derecho de defensa del Fiscal en cuestión.
Entonces, sin más que agregar: el balón está del lado de los diputados.
