La cuenta regresiva ya inició al interior del Palacio de Gobierno, en donde en lugar de entonarse los tradicionales villancicos de la época navideña, bien podría cantar aquel viejo bolero que reza: “Diciembre me gusto pa’ que te vayas…”.
Si no hay prórroga -igual y como sucedió con aquello de la eliminación de la tenencia vehicular-, los días como procurador de Justicia y de secretario de Seguridad Pública de Roberto Flores y Cuauhtémoc Antúnez Pérez, respectivamente, están contados.
El mes de noviembre registró el más alto número de homicidios en el año y los índices de robo de casas habitación, personas, automóviles, asaltos bancarios y de negocios, además de la percepción ciudadana, juegan en contra de ambos funcionarios.
Si la sentencia hecha por Jaime Rodríguez Calderón es cierta, el próximo mes de enero los nuevoleoneses amanecerán con nuevos titulares en ambas dependencias.
Si no, pues no. Ambos dos seguirán en sus respectivos cargos hasta que se concreten los programas de prevención y combate a la delincuencia. La decisión ya es sólo del mandatario estatal.
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El revire que hizo la empresa Carrier para instalar, o mejor dicho, ampliar su presencia en sus plantas de producción de Nuevo León, sacó de balance los programas de atracción de capitales del secretario de Economía y suspirante a una senaduría por el PRI, Ildefonso Guajardo, quien aun tiene cifradas esperanzas en que los capitales de empresarios norteamericanos vengan a nuestro país pese a las acciones expresas del próximo inquilino de la Casa Blanca Donald Trump.
Guajardo, como todo economista forjado en la línea de los llamados Chicago Boys, esos que creen en liberalismo a la americana, sólo ven como opciones A, B y C el mantener a México dentro del TLC con Estados Unidos como principal socio comercial. Y no hay más.
Pero mientras los países del Mercosur aspiran a tener mayor presencia en el ámbito internacional, con China y los países asiáticos como potenciales socios, el ex diputado federal por Nuevo León no haya para dónde inclinarse: o son los gringos o no hay más.
Y en su afán pues, México podría perder más que ganar en esa postura.
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Nada más pasando el maratón Lupe-Reyes, los diputados federales y senadores de todas las fuerzas políticas llegarán cual émulos de Santa Claus y los Reyes Magos, cargados de dinero para repartir.
Estos legisladores tendrán a su disposición amplias partidas de recursos para asignarlas a los municipios y distritos de su conveniencia político electoral, con miras a ganarse los favores de alcaldes, regidores, líderes sociales y todos aquellos quienes les puedan ayudar a pavimentar su camino para primero, la reelección, o bien, en sus aspiraciones a conseguir las nominaciones a las alcaldías que puedan ser disputables en las elecciones del 2018.
Mientras inicia el próximo periodo ordinario de sesiones (ya está por concluir el actual, sólo faltan las fiestas y posadas a costa del presupuesto), los legisladores del PAN, PRI, PRD, PT se dejarán ver por las tierras del cabrito y la machaca, bien orondos, repartiendo indulgencias y apoyos económicos en clara y abierta precampaña.
Lo bueno es que será la única ocasión en que podrán saludar con sombrero ajeno, ya que de acuerdo con la legislación electoral, quienes aspiren a ocupar un cargo de elección popular deberán de dejar el cargo que ocupen seis meses antes de la elección o sea la primera o segunda semana de diciembre del 2017, aún aquellos que quieran reelegirse como diputados federales, para así poder competir en igualdad de circunstancias con quienes no son legisladores.
Es en este entorno, los dirigentes de los partidos políticos y sus abogados están más que preocupados por las implicaciones legales que se avecinan pues salvo el alcalde de San Nicolás de los Garza, el panista Víctor Fuentes Solís, quien ya anunció su intención de contender para reelegirse a un segundo periodo; ningún otro munícipe ha dicho esta boca es mía.
Esto quizás se debe a los pésimos resultados de su administración, otros por temor y prevención del fuego amigo que es más dañino y mortal que el del enemigo.
¿En que condiciones deberán de contender para buscar ser electos para un segundo periodo? ¿Dejarán el cargo? ¿Pedirán licencia o renuncia? ¿Podrán hacer campaña ocupando el cargo? Todas esas son dudas legales que surgen ya al interior del PAN y del PRI.
Y más aún: ¿nada más por ser alcaldes ya tiene el derecho y privilegio de contender represando al partido o se someterán a una elección o selección interna?
La verdad sea dicha, ninguna de estas preguntas está contestada pues hay muchas dudas al respecto pues, basta que le pregunten a Mauricio González, alcalde de San Pedro, hay quienes creen que los actuales ediles y legisladores no van a poder buscar a reelección.
Según el panista, en Nuevo León no aplica esta reforma electoral pues no se ha adecuado la legislación local vigente y el asunto de las reelecciones sólo está contemplado a nivel federal.
Con todo esto podemos vislumbrar que la tarea será harto complicada y difícil. Y mas cuando el ciudadano ya desconfía de todo lo que huele, suene, camine o parezca a un político. Ya no es garantía ni la popularidad o el simple conocimiento ciudadano del nombre del candidato. Ya la elección es multifuncional y sobre todo, incierta.