El 19 de agosto de 2015, corrió por las redes sociales la voz de alerta acerca de la intención de los diputados locales del PRI y sus partidos paleros de aprobar “fast track” las cuentas públicas del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz. La convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones de los legisladores levantaba la sospecha de que los tricolores trataban de quedar bien con su “patrón” para que no fuera objeto de una revisión severa de parte de los nuevos diputados que tomarían posesión el 1 de septiembre.
Se hablaba de acuerdos entre el PRI y algunos “levantadedos” del PAN que habían condicionado su voto para sacar adelante iniciativas polémicas, como la del llamado “derecho a la vida”. Pero al mismo tiempo se advertía de que si no se paraba a tiempo el movimiento pro Medina de la Cruz, iban a quedar en el vacío los señalamientos del gobernante electo, Jaime Rodríguez Calderón, acerca de la quiebra financiera del Estado y “el desmadre administrativo” detectado en las juntas del proceso de transición.
Las redes sociales hervían de fervor cívico pidiendo reunirse afuera del Congreso para que no se consumara el albazo a favor del cuestionado gobernador en turno y se diera oportunidad a un dictamen imparcial de los nuevos diputados locales a partir del 1 de septiembre. La confusión reinaba en el ambiente porque el Partido Acción Nacional se sumó al poder ciudadano y a la fuerza de las organizaciones civiles, e incluso amenazó con expulsar a los legisladores que apoyaran al PRI en el Congreso.
El PRI, a su vez, se defendía negando la pretensión de que se le acusaba y explicaba que tal periodo extraordinario de sesiones era para responder a los ciudadanos en la expectativa de algunas iniciativas. Y Rodrigo Medina de la Cruz, nervioso, preguntaba secretamente si se estaban complicando las cosas, por eso cuando su sueño fallido se hizo público, salió a decir que él era muy respetuoso del Congreso y que no tuvo que ver nada con la convocatoria ni dio indicaciones para que se aprobaran las cuentas públicas de su gobierno.
Al final de cuentas no asistieron los diputados del PAN, y Manuel González, el representante del gobernador electo, fue testigo de cómo el esfuerzo y la unión de los ciudadanos, organizaciones civiles y partidos como el PAN Nuevo León y sus diputados lograron algo inédito: se canceló un periodo extraordinario de sesiones del Congreso. Y las cuentas públicas del Gobierno del Estado NO se aprobaron, y será la próxima legislatura quien las revise.
La presencia voluntaria de cientos de personas en las afueras del Palacio Legislativo; su reclamo de imparcialidad en la conducción de asunto tan delicado y su vigor para mantenerse firme, sin desórdenes ni peleas con los policías que vigilaban la entrada principal, hicieron lo suyo. De no ser así, el PRI podría haberse salido con la suya. Y si la aprobación de la comisión se hizo en 10 minutos y se pretendía darle gusto a Medina de la Cruz, el largo tiempo invertido por los ciudadanos y las organizaciones civiles se combinaron para que el PAN se ausentara del recinto.
OTRO TRIUNFO MEMORABLE
Muchos de los presentes no votaron por “El Bronco” el 7 de junio ni forman parte de los grupos afines a los candidatos independientes, pero sí dijeron reconocer la verdad del slogan de campaña de Jaime Rodríguez Calderón: “La raza paga, la raza manda”. Y prometieron seguir haciendo ver su suerte a los políticos con sus movilizaciones para que estén a las órdenes del poder ciudadano y las convocatorias a través de las redes sociales.
Ese poder de los ciudadanos y las organizaciones civiles, a través de las redes sociales, ya se había hecho sentir a principios del mismo año 2015 en otro triunfo memorable: la defensa del espacio verde, atrás precisamente del edificio del Congreso, al impedir la construcción de cuatro pisos para 68 cajones de estacionamiento y dos pisos más para 90 oficinas que ocuparían los diputados, quienes justificaban que el área tiene precisamente vocación para oficinas, en la esquina de las calles Escobedo y Matamoros.
Las voces en contra les importaron poco el 6 de enero a los mismos diputados que en agosto querían aprobar “fast track” las cuentas públicas de Rodrigo Medina de la Cruz, así como a otros que ahora se opusieron a la sesión extraordinaria. Alegaban que de los 27 fresnos rebosantes en el predio, permanecerían ocho en el mismo lugar y el resto serían plantados en otros jardines del municipio.
En un documento, el Congreso sostenía que el terreno de mil 300 metros cuadrados es parte de un proyecto urbano y debe aprovecharse de acuerdo con el Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo de Monterrey. Y justificaba la construcción del edificio para alojar órganos técnicos y administrativos, contando así con más espacios para mejorar la atención ciudadana, bajo el lineamiento que será sustentable, “verde” y preservando la flora existente.
La empresa Bufette de Obras, Servicios y Suministros había ganado en diciembre de 2014 la licitación para construir la primera fase, por 33 millones de pesos, que incluía la estructura del edificio y el estacionamiento. La inversión total sería de 55 millones de pesos. Y se tenía proyectado iniciar el lunes 5 de enero y concluir la obra el 3 de junio.
Pero el poder ciudadano, con los activistas ambientales frenó el arranque de la maquinaria y albañiles. El domingo llegaron en buen número integrantes de asociaciones como Pueblo Bicicletero, Reforestación Extrema, Hola Vecino, La Banqueta se Respeta, Movimiento de Activistas Ciudadanos, Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Monterrey, y Caminemos Juntos para expresar su rechazo con un plantón que se prolongó días y noches a pesar del frío y la lluvia o de la oscuridad de la zona porque no funcionaban las luminarias de la vía pública.
Los jóvenes le pusieron su toque de energía al asunto al acampar por turnos y noche a noche en el predio para que Obras Públicas del Gobierno del Estado no les madrugara. Pidieron que el área fuera destinada a parque para la sana convivencia. La protesta creció al hacerse de oídos sordos los legisladores. Las tiendas de campaña, estufas, lámparas y termos de camping le daban un aspecto muy curioso al espacio, atiborrado de solidarios vecinos de todas partes llevando a los activistas desde una Rosca de Reyes hasta bolsas de naranjas.
La promesa de diálogo de los diputados con los inconformes se frustró porque ningún legislador asistió el 13 de enero. Dejaron plantados a los manifestantes y la postura de los priistas, panistas y de otros partidos jamás dio visos de una cancelación sino de una posposición de la obra, de suerte que los colectivos, a una semana del plantón, prometieron entonces realizar también actividades artísticas y una función de cine con miras a mantenerse de pie hasta el final.
Se impuso el poder ciudadano. La protección del área verde, a pesar de los pesares, ha sido una realidad. Pero no se sabe qué pueda ocurrir tiempo después.