¿Qué tienen que ver una comerciante de un mercado rodante que vende ropa usada, un soldador en una planta automotriz y un juez de control con las elecciones estatales del 2018?
Pareciera que nada aparentemente, pero todo a la vez, ya que como se dice en el rancho: “Todo está junto con pegado”, en relación a la lucha de poderes que se libran en diferentes trincheras, con soldados y generales metidos hasta el cuello en el lodo, y en donde la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional es el botín inmediato a ganar.
Pero como dice mi compañero El Apuntador, citando al filósofo Jack El Destripador: vayámonos por partes.
De entrada los priistas Abel Guerra Garza y Benjamín Clariond Reyes Retana, con su exigencia de expulsión de las filas del PRI al ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, buscan destruir los últimos reductos del llamado grupo Allende, que impulso y promovió el hoy indiciado mandatario. Y no sólo buscan acabar con él y sus seguidores, sino imponer sus reales.
César Cavazos, actual presidente estatal del tricolor, está desahuciado políticamente y sin el apoyo de Medina, quien no ve lo duro sino lo tupido con el proceso penal que se le imputa (aquí entra el juez de control), por el caso de apoyos ilegales a la empresa KIA (aquí coloque al soldador de la planta automotriz), no podrá sostenerse mucho tiempo más al frente del edificio de Pino Suárez y Arteaga.
Pero como los priistas encabezados por Guerra Garza, el eterno aspirante a gobernador, así como “El Benjas”, son quienes pretenden tomar por asalto el partidazo, las huestes cetemistas de Ismael Flores Cantú también pretenden quedarse con su cacho, o su entero.
Por ello desataron la llamada guerra de los mercados rodantes contra Clara Luz Flores, alcaldesa de Escobedo, y una de las muchas aspirantes no sólo a relegirse por tres años en el cargo, sino incluso con potencial para buscar la gubernatura en el lejano pero próximo 2021.
En este “Mercadogate” las acusaciones de abusos y corrupción que se lanzan la CTM y la autoridad municipal escobendese buscan debilitar aún más los liderazgos del grupo Escobedo y del líder cetemista, quien vende caro su amor lo mismo que al gobierno de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, que a Francisco Cienfuegos o Adrián de la Garza, alcaldes de Guadalupe y de Monterrey, respectivamente.
Estos munícipes son quienes negocian con diversos grupos la llegada de un nuevo liderazgo priista, uno que sirva a sus intereses y proyectos políticos de largo alcance, sin que tenga vínculos con el pasada medinista.
Por esta razón la guerra de media intensidad entre priistas seguirá subiendo de tono, cobrando más daños colaterales hasta que se concrete la llegada de un nuevo o nueva presidenta del comité estatal tricolor.
CAMBIOS EN LAS AULAS
El ciclo escolar en Nuevo León inicia el 22 de agosto, y conlleva dos situaciones inéditas. Por un lado los maestros llegarán con una actitud diferente frente a la autoridad tras las movilizaciones y protestas contra la reforma educativa, amén de que se aplicarán dos calendarios uno de 200 días hábiles y otro de 185.
El magisterio, como dicen ellos, ya despertó y por ende no se dejará ante cualquier abuso o acción que afecte sus intereses laborales y económicos. Lo cual, quieran o no las autoridades, deberán de pesar frente a cualquier acción que se pretenda. La secretaria Esthela María Gutiérrez Garza, prácticamente desapareció de los escenarios en el momento más álgido de las protestas y paros laborales.
Como decimos en el pueblo: “Si al profesor no se le respeta… ¡p’os tons a quién sí!”. Más allá del pago de prestaciones, homologaciones, bonificaciones y otras más que terminen en iones, los maestros tienen una tirria a la titular de la SE, por lo que sino ésta no se anda con los pies firmes y con tacto fino, pueden volver a encenderse los ánimos.
Y sin duda, y pa’l bale vamos, la aplicación de los calendarios de 200 y 185 días -éste último para las escuelas de tiempo completo-, y el primero para el resto de los planteles, pareciera que no generara disputas pero en muchos de los casos, no se cumplen a cabalidad y de acuerdo al nuevo esquema federal, plantel que recorte o simule cumplir el calendario y no lo haga, será severamente sancionado.
Es ahí, en a aplicación de las sanciones administrativas en donde habrá bronca, porque sí afectara al maestro y al plantel en lo económico al aplicarse rebajes o suspensión de fondos. De que faltar o suspender, e incluso simular que se dan clases, tendrá un costo económico para todos, y de que dolerá, dolerá.
¿PRÓFUGO DE LA JUSTICIA?
Diversos escenarios se están manejando para resolver el entuerto legal en el cual está inmiscuido el secretario general de la sección 50 del SNTE, Guadalupe Castillo, detenido y luego liberado tras la acusación de desviar 35 millones de pesos de sus agremiados para una compañía de seguros.
La convocatoria para un congreso seccional ordinario en la que se elija a un nuevo dirigente deberá salir y ser avalada por el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE. Pero el problema es que Castillo no aparece y al parecer, ya no aparecerá por sugerencia de sus abogados.
En todo caso, el CEN del SNTE es el órgano magisterial que deberá resolver esta situación jurídica, pero será más complicado negociar al haber tantos grupos de maestros peleándose el poder político de la Sección 50.
Castillo, quien ya había declarado como parte indiciada, ha clamado por su presunta inocencia, aunque ello no lo libró de ser aprehendido. La duda cabe: ¿será arrestado y ahora sí llevado al Penal del Topo Chico? O bien, huirá del brazo largo de la justicia.
Hace ya casi 30 años, otro dirigente sindical también de la 50 del SNTE, Juan Pablo Reyes Fernández, fue acusado de desviar fondos por lo que fue perseguido y después arrestado.
También diputado local, Reyes Fernández, fue prácticamente abandonado por la entonces dirigente nacional Elba Esther Gordillo Morales.
Dicen que su castigo fue por rechazar una modificación a la Ley del Isssteleon para aumentar los años exigidos para la jubilación, ante su inminente quiebra técnica del organismo. ¿Acaso se repiten los escenarios y los hechos?
Y por último, quien debutó como coordinador de elecciones del CEN del PAN en Coahuila es Víctor Pérez Díaz, exalcalde de Santa Cataria y exdiputado local.
En esta encomienda que parece algo sencilla, ante las derrotas del PRI en las pasadas elecciones en siete Estados, Pérez Díaz llevará entre sus colaboradores a Benancio Aguirre, ex primer regidor de Monterrey en tiempo de la malograda Margarita Arellanes.
En caso de que el panista que lleva la voz cantante en Coahuila saque a favor del PAN el proceso de elección de gobernador, alcaldes y diputados locales en 2017, tendría una recompensa como pensar en mínimo una diputación federal plurinominal en 2018, o hasta la posibilidad de ser senador.
El tiempo lo dirá.