Para los diputados locales de Nuevo León que votaron la nueva ley electoral, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” ahora tiene hasta el 8 de agosto para que la publique en el periódico oficial, una vez que éste ganó un amparo para no hacerlo, con fecha límite el viernes 8 del presente.
Para quienes no están del todo enterados, porque tampoco es obligación, deben saber que los legisladores y el Ejecutivo siguen agarrados de la greña porque con la nueva ley electoral en suspenso se impedía a los candidatos independientes a diputados locales aspirar a curules plurinominales.
¿Y eso con qué se come?, se preguntarán los menos enterados. Pues significa que solamente los partidos políticos, superando el 3 por ciento de la votación en 1 de julio de 2018, tienen derecho a tener más diputados, pero ningún independiente llegaría al Congreso vía plurinominal, sólo ganando su elección.
Y como según “El Bronco” y Manuel González Flores, su secretario de Gobierno, los legisladores del PRI y PAN se sirvieron con la cuchara grande, obtuvieron la suspensión provisional de un amparo del poder judicial de Nuevo León para desactivar la orden del Tribunal Estatal Electoral (TEE) de publicar la nueva ley el 8 de junio pasado.
Para González Flores, fuerte aspirante a contender por una senaduría impulsado desde dentro del Palacio de Cantera, los diputados que votaron la ley atentan contra la ciudadanía. Pero eso no fue todo lo que dijo la tarde del viernes 7, pues acusó -sin decir nombres- a alcaldes metropolitanos de mover los hilos.
Obviamente se refería a los ediles del PRI de Guadalupe y Monterrey, Francisco Cienfuegos y Adrián de la Garza, por coincidencia las mejores cartas que tiene ese partido para las elecciones del próximo año o, mejor, para la lejana sucesión de 2021.
Cuando se le preguntó a González Flores quiénes eran los alcaldes que mencionaba, que dijera nombres, se limitó a responder: “Ustedes (los reporteros) saben quiénes son”.
Cierto es que la noche en que estalló la primera bomba de varias que hay en los cañones, con la rueda de presa del secretario de Gobierno anunciando que se ponía en suspenso la nueva ley electoral, los ediles priistas empezaron a preocuparse de que podía caerse la posibilidad de ser reelectos.
Pero resulta que con las reglas electorales de 2015 o las nuevas votadas por PRI y PAN, la reelección es un hecho, sólo estaría en duda hasta cuándo permanecerán en sus cargos, es decir, a partir de qué día deberán pedir licencia.
Aunque tampoco es seguro que los actuales alcaldes vayan a tener el aval de sus partidos para reelegirse, porque cabe la posibilidad de que a algunos les encomienden buscar una diputación local, federal o la senaduría que, para respetar la equidad de género, Clara Luz Flores estaría en posición de arranque.
Por cierto, donde andan bastante activos los adversarios del alcalde en turno es en Guadalupe. Como se dice: “Andan apedreando el vecindario”.
Resulta que los panistas Alfonso Robledo y Francisco Bustillos se han dedicado a intentar enamorar al electorado. Y no se diga el ex legislador federal del PRI, Daniel Torres, que hasta cabalgata organizó porque quiere ser alcalde bajo el manto protector independiente de “El Bronco”.
Pero como tampoco Cienfuegos es un dejado, está tapando todos los hoyos del tinaco donde pudiera haber fuga de votos. Sabe bien que es la mejor carta del PRI para la gubernatura en 2021 y subirá todas las fichas sobre la mesa para ganar.
Y como Víctor Fuentes, su homólogo de San Nicolás, Cienfuegos tampoco debe descartar echarse una buena platicada con el presidente nacional tricolor, Enrique Ochoa Reza, para ir en la fórmula para el Senado el próximo año.
Aunque para algunos o muchos de sus colaboradores esa opción está lejos de concretarse, el edil guadalupense escalaría políticamente, se placearía en altos niveles durante tres años y amarraría su máxima aspiración en 2021. Así lo hizo Ivonne Álvarez García, por coincidencia, su antecesora. En fin.
140 MILLONES DE DIFERENCIA
La novela por el intento de ingresar más de 31 millones de pesos mensuales por concepto del cobro de una cuota para los propietarios con autos de placas foráneas acaba de dar un nuevo giro, ahora que se sabe que apenas el 12 por ciento de las unidades con estas láminas han participado en hechos violentos.
Los defensores de esta versión, entre los que podemos contar al secretario de Gobierno, juraban y perjuraban que los automóviles emplazados fuera de la entidad eran un peligro para la seguridad pública, sin embargo, nunca habían mostrado cifras que demostraran esta versión.
Y nunca las habían mostrado porque, en realidad, las cifras oficiales contradicen este dicho, como queda demostrado en el reportaje que puede leerse en esta edición.
Independientemente de que los defensores de este nuevo impuesto (no se le puede llamar de otra forma) quedan muy mal al ofrecer un argumento alejado de la realidad para justificar la medida, ahora se han metido en el problema de cómo le van a hacer para “venderla”.
Lo curioso es que el verdadero motivo por el que están impulsando esta idea ya la dijo el alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández: los gobiernos locales están enojados con las agencias de autos considerados de lujo, que están gestionando el registro de los vehículos que venden en entidades como Morelos y Durango, donde no existe el cobro de tenencia.
Nadie duda que este es una evidente evasión de impuestos y que algo así tiene que ser contenido por las autoridades.
Sin embargo, lo que están haciendo con el cobro mensual es que están castigando a la mayoría por las transas de una muy pequeña minoría.
¿Por qué en lugar de cobrarle 320 pesos a todas las personas que tienen autos con placas foráneas, no dan vista a la Procuraduría Fiscal del Estado y se van contra las agencias de autos que están gestionando los registros en otras entidades?
¿Por qué en lugar de inventarse una tarjeta que hay que activar cada mes, no refuerzan lo que ya está dispuesto en el Artículo 21 de la ley que crea el Instituto de Control Vehicular de Nuevo León y que cita:
“Las personas físicas o morales con domicilio en el Estado, que adquieran vehículos, así como los residentes en el Estado propietarios de vehículos con placas expedidas por otra entidad federativa, deberán inscribirlos ante el Instituto dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que esto suceda”.
La respuesta es muy sencilla. Si las autoridades siguen con esta idea de la tarjeta, asegurarían el ingreso cada año de 345 millones 600 mil pesos al año por concepto de este cobro.
En cambio, si reforzaran lo que actualmente dicta la ley, entonces (en el mejor de los casos) tendrían un ingreso único de 205 millones 470 mil pesos.
Una simple operación matemática muestra que hay una diferencia de 140 millones 130 mil pesos, que es una cantidad bastante choncha y suficiente para inventarse un nuevo impuesto, como sucede en este caso.
El que anda bastante acelerado con sus aspiraciones políticas es el diputado local, Samuel García, quien ya le hizo fuchi a la alcaldía de San Pedro y anunció que va por la senaduría.
Lo curioso es que el anuncio de su intención por buscar una curul en la Cámara Alta lo hizo ¡desde Roma, Italia! como parte de un viajecillo que se anda echando por allá porque, después de todo, hay billete para darse ciertos gustos.
Mucha gente se anda preguntando qué tiene que ver Italia con Nuevo León para que Samuel hiciera su autodestape desde allá, pudiendo haberse esperado a regresar de su viajecito que, seguramente, no pagó en abonos chiquitos.