Uno de los problemas con los que se tiene que enfrentar cualquier persona que acceda a una posición de gobierno es saber cuándo hay que tomar decisiones difíciles, y cuándo desistir de ellas… y eso es algo en lo que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” necesita trabajar.
Aprovechando que no se encuentra en la entidad, pues continúa en su gira por Europa y Asia para promover al estado con los inversionistas de aquellas naciones, Rodríguez Calderón comisionó a sus dos hombres de mayor confianza: Manuel González, secretario general de Gobierno y Carlos Garza, tesorero estatal, a que impulsaran una iniciativa para cobrarle 320 pesos mensuales a los propietarios de autos con placas foráneas residentes en la entidad.
Este cobro sería para el trámite de una tarjeta especial que les permitiría poder circular por el estado de Nuevo León libremente y sin el riesgo de que se les aplique una multa.
La idea, cuentan los que saben, surgió de una muy extraña alianza de presidentes municipales: Francisco Cienfuegos de Guadalupe y Mauricio Fernández de San Pedro Garza García quienes, al menos con esta idea, se olvidaron que son reconocidas figuras del PRI y el PAN en Nuevo León actualmente.
En el caso de Mauricio, la idea de impulsar esta propuesta es porque muchísimas camionetas de lujo que circulan por San Pedro cuentan con placas del estado de Morelos, un estado donde no se paga tenencia.
El problema para Mauricio, es que al no existir un registro de quién es el propietario de esta camioneta o dónde vive, pues no tiene acceso a los registros vehiculares de aquella entidad, lo que aprovechan para pasarse por el arco de triunfo el reglamento de tránsito.
Este pretexto de la seguridad fue muy bien tomado por González y Garza, defensores del cobro del nuevo impuesto, quienes simplemente no quieren reconocer que el verdadero motivo por el que están impulsando esta idea son los más de 31 millones de pesos mensuales que ingresarían a las arcas estatales por concepto del cobro de la mentada tarjetita.
Lo malo es que es tanta su insistencia de que esta idea no es recaudatoria, que están cayendo en excesos como decir que todos los autos con placas foráneas, especialmente las de Tamaulipas -y peor si es una persona procedente de Reynosa, Matamoros o Nuevo Laredo-, son sospechosos de ser delincuentes.
Y para que no hayan acusaciones de exageración, van textuales las declaraciones de González, reproducidas en un boletín oficial del gobierno de Nuevo León, distribuido el pasado 21 de junio:
“Tenemos mucho riesgo de que muchos de los vehículos que se internan hacia el Estado vengan de estas fronteras que tienen periodos y tiempos de crisis en materia de delincuencia e incidencia delictiva, como Reynosa y otras ciudades fronterizas”.
¿O sea que de ahora en adelante, para el gobierno de Nuevo León, cualquier vehículo con placas de Tamaulipas va a ser considerado como el medio de transporte de un criminal en potencia?
Si es así, ¿cuál es la orden que se le está dando a los elementos de las corporaciones de seguridad al momento de que en uno de sus recorridos se topen con un vehículo con placas de Tamaulipas?
No se necesita ser un genio para prever que al momento en que un elemento de Fuerza Civil llegue a encontrarse con un vehículo sospechoso de ser utilizado para delinquir, va a actuar pensando que quien o quienes vayan en esa unidad son peligrosos y pueden estar armados.
Las posibilidades dan terror… para decir lo menos.
Otro problema de esta medida es que, hace apenas unos meses, la mayoría de los diputados de Nuevo León, además de 28 alcaldes del PRI, PAN y PRD, firmaron un documento en el que se comprometían a no impulsar la creación de nuevos impuestos o derechos para los residentes de la entidad en los próximos dos años.
Entre los ediles quienes plasmaron “la poderosa” en este documento, impulsado por el diputado local Marco Antonio González, podemos mencionar a los priistas Adrián de la Garza de los Santos de Monterrey, Francisco Cienfuegos de Guadalupe y Heriberto Treviño de Juárez, entre otros.
Sin embargo, no sólo priistas firmaron esta promesa de no inventarse más impuestos, también están los panistas Silverio Martínez de Allende, José Preciado de Cadereyta, Daniel Omar González de Sabinas Hidalgo, Adolfo Chapa de Vallecillo y Gonzalo Robles de Villaldama, éstos últimos del PRD y el PT, respectivamente.
Que triste que la posibilidad de sacarle 31 millones de pesos mensuales a los residentes de Nuevo León haya provocado que una medida así sea defendida a capa y espada.
Hay que decir que esta propuesta es apenas uno de los muchos frentes que el gobierno del Estado tiene abiertos con el Poder Legislativo.
De entrada, los coordinadores de las principales bancadas en el Congreso del Estado como Arturo Salinas del PAN ya adelantaron que esta ocurrencia “no es prioridad” para Nuevo León y no la van a incluir en las discusiones del presente período extraordinario de sesiones.
Para el PRI, PAN y MC, temas como la Línea 3 del Metro, la deuda de la Red Estatal de Carreteras y la Ley Electoral son mucho más importantes para los neoloneses.
Sin embargo, González ya adelantó que van a buscar la forma de obligar -así es, ¡obligar!- a los legisladores a discutir este tema… después de todo, 31 millones de pesos mensuales es mucho dinero para dejarlo ir así nomás.
Habrá que ver a dónde lleva a la administración estatal esta insistencia en aprobar una medida que enoja a muchos residentes de Nuevo León, quienes pagan impuestos, consumen en negocios de la entidad, llevan una vida respetuosa de la ley, y lo más importante… tienen credencial de elector radicada en el estado.
No hay que olvidar que existe un proyecto para el 2018 y siempre es mucho mejor tener a 98 mil electores de tu lado… que en tu contra.