Es incuestionable que en Cd. Victoria hay personas por racimos que cuentan los días para que concluya el sexenio de los Vientos del Cambio, porque esa corriente les voló de las manos los negocios que hacían con el Gobierno del Estado y la UAT, consistentes en contratos de proveedurías o construcción, amén de recomendados para ocupar cargos públicos y si no era mucha la molestia, pues hasta de aviadores.
Fueron 12 años de dolce vita para la clase dorada de la capital de Tamaulipas, la que ahora recobra el brío ante la posibilidad de que otro victorense arribe a la gubernatura y ya se preparan, por lo pronto con reuniones campestres en honor de Américo Villarreal Anaya, aunque sin su asistencia, sólo que, irónicamente un victorense “distinguido” se anda arrimando al solar nativo para echarles a perder la fiesta.
¿Y QUIÉN ES ÉSE “DISTINGUIDO”?
Pues Egidio Torre Cantú, el ejecutor de la orden de entregar la gubernatura al PAN (AMLO DIXIT), que luego concatenando hechos con presunciones los priistas de Tamaulipas arribaron a la deprimente conclusión de que en efecto, lo revelado por el macuspano fue verdad.
Y ahora cuentan que este ex gobernador acudió al llamado del Comandante Azul para que le tire esquina en el proyecto de formalizar el PRIAN, pues tras la revolcada del pasado 6 de junio la única vía que tienen para retener la gubernatura es aliándose.
Una alianza que sólo va a favorecer al PAN porque Egidio no va a poner como condición le regresen a los victorenses sus prebendas y contratos, ni tampoco que incluyan a dos que tres priistas en el próximo gabinete estatal, pues se deduce que su tácita petición será que ya lo dejen dormir tranquilo, porque para comer no le falta.
Por ende, el retorno al sibaritismo en la otrora morigerada Cd. Victoria no está nomás con extender la mano pues hay otros que también andan persiguiendo la liebre, y encima un victorense “distinguido”, que si le giran instrucciones para que coadyuve a que los Vientos del Cambio sigan soplando por Tamaulipas lo hará sin remilgos.
LA LIGA DE LOS 7
A partir de octubre próximo siete de los ocho principales municipios tamaulipecos serán gobernados por morenistas, y en consecuencia tendrán a su disponibilidad las estructuras político electorales municipales en las que luego se apoyará el candidato guindo a la gubernatura, una circunstancia que obvio la saben los ocho prospectos y por ello ya andan grillándose a los siete ediles, aunque 3 de ellos tienen posibilidades de ser el candidato: Adrián Oseguera Kernión de Cd. Madero; Mario López Hernández de Matamoros y Carmen Lilia Canturosas, de Nuevo Laredo, una tercia que si el dedazo no les favorece de inmediato se sumarán al adalid guindo, pero por lo pronto, el alcalde matamorense ya le corre atenciones a Rodolfo González Valderrama, el prospecto que en opinión de quienes ya lo han tratado, es el que reúne más cualidades para gobernar una entidad tan paletosa como Tamaulipas.
Por lo anterior, si el Morena va a seleccionar su candidato mediante un consenso, los siete alcaldes de las ocho principales ciudades tendrían voz y voto y creo que determinantemente, puesto que ellos serán los que cargarán con el peso de la campaña del candidato a gobernador.
Considero no hay duda de que en Matamoros y en Madero nomás los chicharrones de Mario López y Oseguera son los que truenan, mientras que en Altamira Armando Martínez Manríquez es el que trae la pandereta, al igual que Lalo Gattás en Cd. Victoria, y en Río Bravo, el popular ‘Calabazo’ Héctor Joel Villegas tiene en sus manos la bolsa del mandado.
En Reynosa el nuevo adalid político es Carlos Peña Ortiz, que fue sometido a un curso intensivo en las pasadas elecciones y en Nuevo Laredo, los Cantú Rosas ya son marca política. Por lo tanto, esos siete alcaldes deberán ser tomados en cuenta pues hasta uno de ellos podría ser el favorecido con la nominación.
¿QUIÉN DIJO?: NO SOY AMIGO DE AMLO
Durante el priato era decisivo ser amigo del presidente para aspirar a ser gobernador, tan así que Oscar Flores Tapia, el político y exgobernador coahuilense expresó: “Los alcaldes son de los gobernadores y los gobernadores del presidente”. Una regla que estuvo vigente hasta Ernesto Zedillo, quien con su sana distancia dio inicio a la debacle del PRI.
Hoy está en Palacio Nacional alguien asegurando que esas modalidades no van con él, cosa que muy pocos se la creen, aunque sí ha dado muestras de que si le preguntan quién es el indicado para ser gobernador, no se guía por el que sea su más amigo, sino por las características que debe reunir.
Pero con todo y lo anterior, Rodolfo González Valderrama, el director de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) del gobierno federal, dejó perplejo al mundillo político cuando expresó durante una entrevista por radio (Los 40) de Reynosa, que él no era amigo de Andrés Manuel López Obrador, afirmando que el presidente no tiene amigos dentro del servicio público, porque si lo fueron, al momento de ingresar dejaron de serlo.
¡Crack!, sonó como jarro rajado lo externado por González Valderrama, porque según Felipe Garza Narváez, hay uno que otro de los prospectos para candidato a gobernador que charolean con la amistad de AMLO, y tal parece que ese no es nexo que va a influir, a no ser que tenga las cualidades para gobernar Tra, Tra, Tamaulipas.
OPORTUNIDAD PARA LOS DIPUTADOS LOCALES
Un roletazo al que le deben meter el guante los próximos diputados locales morenistas es el legislar para impedir se sigan dando escándalos de corrupción que ya nos llevaron al penoso honor de ser el Estado que tiene a dos de sus ex gobernadores tras los barrotes y al actual defendiendo su fuero para no comparecer ante el juez.
De buena fuente nos enteramos que ya bulle entre algunos legisladores guindas la idea de crear el llamado juicio de residencia, que obligaría al gobernador y a los presidentes municipales a permanecer al término de sus respetivos mandatos, domiciliados un año en donde gobernaron, para el efecto de que encaren todo tipo de reclamaciones.
A ver si la llevan a nivel de iniciativa el juicio de residencia que seguro encontrará respaldo social y legal, pues el juicio político al que pueden ser sometidos los servidores públicos, es dentro de su ejercicio o hasta un año después de haber concluido, y evidentemente no es lo mismo enjuiciarlos cuando todavía disponen del garrote que cuando ya no lo tienen.
Y hasta la próxima.