No hay un noticiero ni un periódico del Viejo Continente que no haya presentado por lo menos un reportaje sobre la elección presidencial de México. Y aquí como allá, el resultado de la elección no fue realmente una sorpresa: no hubo tercer “milagro” para el PAN, tras 12 años de desgaste.
¿Qué lectura le dan los observadores europeos a la victoria de Enrique Peña Nieto? Pocos creen que esta elección signifique el regreso de la “dictadura perfecta” que denunciaba Vargas Llosa.
Los tiempos cambiaron y si bien es indudable que mucha gente siente una legítima preocupación respecto a los males que marcaron el ejercicio del poder en las últimas décadas, también es cierto que el país cuenta ahora con ciertos contrapoderes, que aunque no siempre den pruebas de su total autonomía, no dudan a oponerse a los gobernantes. Pregúntenles sino a Fox y Calderón sobre todas las trabas que les pusieron la Suprema Corte de Justicia, el Banco de México, el IFE, la CNDH; sin olvidar los periódicos y la mayoría de los intelectuales.
Por lo tanto, no creo en un regreso al autoritarismo o a la impunidad generalizada, pero más bien en una mutación hacia un régimen similar a la actual Rusia de Vladimir Putin. Me explico: en México, como antes en Rusia, los pueblos nostálgicos de cierta tranquilidad social se hartaron de un cambio siempre prometido pero nunca hecho realidad, así que decidieron regresar a un régimen que representa la estabilidad anhelada.
Es decir que votaron por un poder central fuerte, apoyado por la mayoría de los gobernadores, diputados, senadores; por los sindicatos; por los principales medios de comunicación; y por numerosos empresarios que tienen un interés directo en el resultado de la contienda.
Y esto a pesar de las dudas acerca de la participación en actos reprehensibles del candidato elegido (que dicho sea de paso, hubieran probablemente invalidado su participación a concurrir en muchas democracias modernas).
Sin embargo, las imperfecciones de la democracia mexicana antes mencionadas y las presiones ejercitadas sobre muchos electores no me parecen suficientes para discutir la legalidad del proceso electoral del domingo pasado y la legitimidad del nuevo presidente, dado el confortable margen con el que EPN ganó. De hecho, los gobiernos españoles y británicos no tardaron en reconocer la victoria del priista. Aparte, me consta que todos los partidos usaron las mismas recetas para ganar votos.
¿Ahora, qué sigue? Como los tiempos cambiaron, EPN deberá demostrar el cambio que profesó la noche de su victoria, rindiendo cuentas a una sociedad despierta que vigilará sus acciones; y tomando en cuenta las fuerzas de la calle que se opusieron a lo que representaba su candidatura. La sociedad civil mexicana es tal vez todavía frágil en comparación con sus homólogas europeas, pero aún así se encuentra más alerta que nunca, y es probable que el salir a protestar se vuelva un hábito hasta en sectores de la población no acostumbrados a ello.
La atención, el respeto y la protección que se le otorgará a estas minorías críticas – y no tanto la aplicación de la única voluntad de la mayoría (como suele escucharse) – será según yo el verdadero criterio de evaluación democrática del próximo sexenio.
Por último, siguiendo a Felipe Calderón, quien mencionó en su mensaje postelectoral la posibilidad de “cambiar” el “marco normativo” de México, propondría las siguientes mejoras inmediatas del sistema político nacional, inspirándome de las experiencias de varios países europeos:
1. Permitir las candidaturas independientes a todas las elecciones, para terminar con el candado puesto por los partidos sobre la vida política nacional.
2. Acortar el plazo entre la elección y la toma de protesta del nuevo presidente. Cinco meses son demasiado en un país que requiere de estabilidad.
3. Instaurar un sufragio presidencial a dos vueltas para desmarcar una mayoría clara, reforzar la legitimidad del ganador y facilitar la construcción de alianzas. En la configuración actual, por muy amplia que sea la ventaja de los futuros ganadores, tendrán seguramente en su contra más del 50 por ciento de los votantes.
4. Adoptar una “regla de oro ética” para los servidores públicos, que prohíba el ejercicio de responsabilidades a toda persona involucrada en algún tipo de delito.
Esperemos que los representantes recién elegidos pondrán algunos de estos temas en la agenda nacional.
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