En estos días se cumplirán los primeros 100 días de las nuevas administraciones municipales en Nuevo León, donde los alcaldes esperan tener la aprobación de sus gobernados, sobre todo quienes llegaron con apretadas victorias en territorios donde ha habido alternancia de partidos.
En ese escenario seguramente Francisco Cienfuegos, de Guadalupe, superará en calificación a Adrián de la Garza, pues sus primeros tres meses han sido contrastantes: el primero pisó el acelerador, mientras el segundo todavía está atorado en el tema de la enorme deuda que heredó.
Ambos, aunque están muy lejos las elecciones de 2021, serán fuertes aspirantes a la gubernatura por parte del PRI, y mucho dependerá de su trabajo al frente de sus ciudades en los primeros tres años con la posibilidad de reelegirse.
Cienfuegos deberá “enamorar” a los guadalupenses que no votaron por él, que fueron muchos, y en la percepción va por ese camino. No así De la Garza, que aunque llegó más holgado en votos, sigue bien enredado culpando de la descomunal deuda a su antecesora Margarita Arellanes.
Pero el alcalde regio está como Jaime Rodríguez Calderón versus los Medina: haciendo fintas que procederá judicialmente contra la señora del PAN que un día soñó con ser gobernadora.
Otros que aseguran que van bien son Héctor Castillo, en Santa Catarina; Víctor Fuentes, en San Nicolás; Mauricio Fernández, en San Pedro; Clara Luz Flores, en Escobedo, y Óscar Cantú, en Apodaca, quienes coinciden en un problema: el financiero.
Sus logros y lamentos aparecerán publicados en Hora Cero en ésta y la siguiente edición, en entrevistas a propósito de los primeros 100 días al frente de sus alcaldías.
En otros asuntos, por décadas miles y miles de maestros dejaron de cumplir con su deber profesional, eso sí, cobrando su salario y sus prestaciones de manera religiosa, cada quincena y cada aguinaldo. Cada bono de despensa y cada compensación.
Pero nadie, o casi nadie, les exigió cuentas de su desempeño, ni sus jefes inmediatos ni mucho menos los ciudadanos a quienes les debían sus pagos, en muchos casos jugosos e, incluso, con mayores beneficios que los de cientos, miles de sus compañeros de profesión y oficio quienes sí deberían de cumplir horarios, reportes, estar sujetos a escrutinio de inspectores y supervisores y, sobre todo, de los ciudadanos de a pie.
En el argot laboral con mofa, sus detractores les llaman prófugos del gis, otros, aviadores, unos más, pránganas o vividores.
No hay duda que muchos de ellos sí cumplen a cabalidad sus funciones y las encomiendas para las que dejan sus aulas para atender a sus compañeros sindicales, pero hay quienes por años o décadas sólo han estado al servicio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y, con ello, evitado estar frente a grupo, en clases.
Pero según el nuevo secretario de Educación Pública federal, Aurelio Nuño, a partir de este enero ya no habrá maestros comisionados a labores sindicales, unos 4 mil, según dijo aunque se estima en más de 40 mil en todo el país para atender a un millón de maestros y trabajadores de la educación afiliados al SNTE.
O cuando menos, dejarán de cobrar sin trabajar ya que su salario lo pagaban con impuestos, pero ahora será la misma organización gremial la que deba de pagar con sus cuotas, a esta cofradía, corte imperial o burocracia magisterial. Tan solo en Nuevo León, en las dos secciones 21 y 50, operan más de 400 comisionados o prófugos del gis.
LA AMENAZA COREANA
El gobierno de Rodríguez Calderón, quien aún no terminaba de asentar sus reales en las distintas áreas públicas, empezó a recibir avisos y advertencias de que no se metiera en donde no debía.
Ahora esas presiones, todo herencia de su antecesor Rodrigo Medina de la Cruz, se han convertido en verdaderas amenazas, incluso, de carácter internacional.
Ya hasta un secretario de Estado, Ildefonso Guajardo, ha metido mano en el asunto, quizás para llevarse agua a su molino, con el afán de que todo salga bien para ambas partes en disputa. Porque eso es, a fin de cuentas, este espinoso asunto, una disputa por la legalidad.
La decisión del “El Bronco” de revisar a fondo y quitar las partes lesivas para el estado del acuerdo entre la empresa coreana Kia y la administración estatal firmado el 27 de agosto del 2014, ya trascendió fronteras y podría derivar, en caso de que los inversionistas se sientan agredidos, en su salida de Nuevo León.
La situación ya alcanzó altas esferas en ambos países, pues representantes del presidente coreano Seong Bae Kim se reunieron con Rogelio Garza Garza, subsecretario de Industria, subalterno de Guajardo en la Secretaría de Economía y advertirle de los posibles escenarios, entre ellos, el despedir a sus mil 500 empleados, cerrar sus puertas y emigrar a Texas u otro lugar, amén de promover un arbitraje internacional en Washington, acción que está contemplada en los acuerdos firmados por el ex gobernador.
Los reclamos estatales son legítimos: que se anule la dispensa por 20 años del pago del impuesto sobre nóminas, a la par de que la coreana KIA pague en gran parte los mil 700 millones de pesos que costó la nivelación del terreno de su planta, algo que ninguna empresa mexicana había recibido como bono tan sólo por invertir en el Estado.
Ni a la empresa, ni a los gobiernos mexicano y coreano, ni al Estado le convienen un mal pleito y de larga duración, así que habrá de esperarse una solución que deje satisfechos a todos.
PUEBLO CHICO, INFIERNO GRANDE
Quien un día sí y otro también se ha enfrentado a propios y extraños es la actual secretaría de Educación estatal, Esthela María Gutiérrez Garza. Primero procedió a hacer una depuración sigilosa pero efectiva de los colaboradores del despacho, direcciones claves y jefaturas, ya que estaban plagadas de personas afines a los ex secretarios de la era priista.
Entre los cesados está quien por años ocupó la Jefatura de Selección y Contratación de la SEP, el cual cedió a presiones de un grupo de maestros ganadores de ascensos a directivos por el sistema escalafonario, cuando la orden desde las altas esferas era no dar nombramientos a nuevos directores.
Otro que perdió su puesto es el ahora ex subsecretario de Recursos Humanos, Alejandro Treviño Villarreal, tras de que fue dada la orden de cancelar diversos acuerdos firmados con los secretarios generales de las secciones 21 y 50 en relación a pagos pendientes, ascensos y cambios escalafonarios.
Eso son los conflictos internos, los externos pueden ser más graves: la titular de la SE ordenó cancelar el seguro de accidentes que los más de 4 mil planteles educativos tenían desde hace años suscrito vía el gobierno estatal.
Este seguro contra accidentes protegía a casi 900 mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria en caso de accidentes, garantizándoles atención médica de emergencia e incluso hospitalaria, en caso de ser algo más grave.
Aunque por volumen pareciera oneroso para el Estado, el beneficio social es mayor en caso de que se pueda presentar una tragedia, situación que no fue valorada por la secretaria Gutiérrez Garza ni por sus asesores.
SIN PRETEXTOS
Brincado ya el charco, o más bien pantano en que los dejaron las pasadas administraciones, los alcaldes de todos los municipios de Nuevo León, pero sobre todo, los del área metropolitana, tendrán que demostrar capacidad y decisión de resolver los problemas básicos de sus comunas.
Sí, es válido el argumentar la pesada carga financiera que en comunas como Monterrey o Juárez dejaron los alcaldes de partidos diferentes a los que ahora gobiernan, pues los munícipes en funciones ya sabían a qué toro se enfrentaban al entrarle al redil.
Ahora, con recursos frescos procedentes del gobierno federal a través de las participaciones que se comprometió la Tesorería estatal a entregarles en forma rápida y expedita, más lo recaudado en el impuesto predial y en multas de tránsito y otros derechos, el dinero para la aplicación de los servicios básicos más elementales como es la recolección de basura, el alumbrado y, sobre todo, el bacheo y recarpeteo de calles y avenidas, deberán ser prioridades esenciales.
Sin el afán de cobrar como asesor plenipotenciario, este Sultán sugiere o pide o solicita, o suplica a los alcaldes de San Nicolás, Apodaca, Juárez, Monterrey, Santa Catarina, San Pedro Garza García, Guadalupe, Cadereyta Jiménez y García, solucionar a la brevedad esta problemática que afecta a cientos de miles de automovilistas y usuarios del transporte público de pasajeros día a día.
En verdad, la ciudadanía se los agradecerá.
Sorpresa ha causado la incorporación al gobierno estatal del ex alcalde priista de García, Jesús Hernández Martínez, después de que se comprobó que durante su administración contrató empresas con prestanombres.
Una investigación de Hora Cero reveló que en 2014 el edil entregó obras por más de 10 millones de pesos a la compañía Concierge and Manintenance Services S.A. de C.V., la cual también hizo negocios en Guadalupe en la pasada gestión de César Garza Villarreal.