La muerte de dos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones por parte del crimen organizado encendió, tal como se había pronosticado después de la matanza dentro del Penal del Topo Chico, los focos de alerta entre los mandos medios y altos de esa corporación.
El que ambas víctimas pertenecieran a un grupo especial de investigaciones, en momentos en los cuales la presunta presencia de bandas del narcotráfico se ha incrementado en la zona metropolitana, obligará a la Procuraduría General de Justicia a replantear los procedimientos y esquemas para prevenir y perseguir a los delincuentes organizados.
Desde el inicio del actual gobierno la PGJ ha dado varios golpes efectivos contra bandas de narcotraficantes, robacoches y secuestradores, y su planteamiento ha sido cercar a los presuntos delincuentes para después proceder a actuar contra ellos.
Lamentablemente, la percepción de la ciudadanía ante hechos graves y espectaculares es de que la autoridad ha sido rebasada. Y seguramente ante este escenario debería estar muy preocupado el procurador Roberto Carlos Flores Treviño.
Sólo quedan de dos sopas para que este doble crimen no permee y debilite la autoconfianza de los elementos ministeriales: hacer un ajuste severo a los mandos medios y superiores con cambios en sus asignaciones, y la otra es reforzar la comunicación y el apoyo con las policías municipales y con Fuerza Civil, para así dotar de mayor respuesta las acciones contra los criminales.
En otros asuntos, si bien en los últimos15 años el magisterio sindicalizado de Nuevo León ha estado en calma, navegando de muertito en cuanto a las relaciones con la parte patronal, o sea el pueblo vía el gobierno estatal, parece que pronto tendrá graves problemas al interior, misma que se traduciría en crisis al exterior de sus organizaciones, concretamente la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Guadalupe Castillo García, secretario general de la Sección 50, ya no siente lo duró sino lo tupido tras estallar el escándalo sobre un seguro de vida y apoyo por defunción que se les rebaja vía nómina a los trabajadores, pero que al momento de recurrir a cobrarlo nadie se hace responsable de entregarlo.
Las acusaciones, que suman varios cientos, ya fueron llevadas ante la procuraduría de justicia que investiga un posible fraude o daño patrimonial a los afectados, y que obviamente fue avalado y era del conocimiento del dirigente gremial.
Pero si eso es hacia adentro, el problema externo es aún más grave, y se relaciona con las pensiones y jubilaciones de cientos de mentores en edad de solicitar el pago de su patrimonio y pasar a retiro.
Resulta que desde hace más de año y medio el consejo de administración del Isssteleon no ha citado a sesión ordinaria para dar a conocer el estado financiero del organismo, sus pasivos y activos ni los planes y proyectos para financiarse y sanear el gran boquete que le dejó la gestión de Rodrigo Medina, quien usó al Isssteleon como caja chica.
Y la administración de Jaime Rodríguez Calderón no ha dicho ni parece interesarle cómo encontrará la ecuación exacta para fondear al organismo y, sobre todo, evitar que la sangre llegue al río porque hay ya grupos magisteriales, dispuestos a salir a las calles a protestar como lo hicieran hace 22 años.
DE APLANADORAS Y CHIQUILLADAS
La alianza estratégica que los diputados del PRI lograron al unirse al PT y legisladores independientes, para evitar que en un periodo extraordinario de sesiones se revisen las cuentas públicas de Rodrigo Medina y Margarita Arellanes, sólo es un anticipo de lo que vendrá en los próximos meses cuando se entre en ese tema tan polémico, el manejo de los dineros públicos.
Mientras los legisladores del PAN pretenden llevar a la cárcel a todo aquel que huela a podrido, entre ellos su compañera de partido y ex alcaldesa, la postura priista será simple y llana: que el gobierno investigue si hubo o no desfalco a las arcas públicas y, si las encuentra, que proceda. Ellos, los legisladores del tricolor no le harán la chamba al zar anticorrupción Ernesto Canales Santos.
Pero como esta figura desaparecerá en unos meses más, ¿pa’ qué moverle si el piso está muy parejo? Así que mientras más dilaten las investigaciones, menos tiempo tendrán los panistas y empresarios para armar expedientes penales contra quienes resulten responsables.
En 2018 el alcalde de Guadalupe Francisco Cienfuegos buscará reelegirse para después pensar en la gubernatura de Nuevo León en 2021, pero antes debe de sacudir el árbol porque a simple vista parece que desde adentro alguien o algunos están filtrando temas hacia el exterior.
En Santa Catarina, mientras tanto, su homólogo Héctor Castillo está atento para que los eventos sangrientos no vuelvan a suceder en su territorio, además de estar implementando la renta o venta de solares abandonados para poner negocios y repuntar la economía del municipio.
Quien se juega una senaduría en 2018 es el ex alcalde de Escobedo, Abel Guerra Garza, como delegado especial en las elecciones de Durango donde ya tuvo su primera “estrellita” en la frente meses atrás al sacar sin problema alguno el proceso interno de selección de candidatos.
En Monterrey el alcalde Adrián de la Garza le ha apostado su primer semestre al bache de la ciudad destruida por la pasada administración panista. Y como pateando un bote, sin ser muy mediático como su vecino de Guadalupe, no se descarta para ningún cargo en el futuro.
“El Bronco” ha superado la mitad de su primer año como gobernador de Nuevo León; ha transparentado la adjudicación de contratos; ha quitado privilegios a los funcionarios; ha reducido los gastos, los salarios y la nómina, pero…
…sigue en el aire cuándo los neoloneses verán tras las rejas del Topo Chico o en el penal Cadereyta al primer ex funcionario del pasado sexenio. Sólo de esa manera él subirá el nivel de aprobación a su gestión que está en 5.3 puntos, como lo retrató una encuesta ciudadana de Hora Cero en la pasada edición.