En 2012 el zacatecano Francisco Laviada Cirerol, quinto director de comunicación social del gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz, “puso el dedo” a Francisco Valenzuela Castellanos y Juan Pablo Rodríguez Chavarría, entonces subsecretarios de la Tesorería del Estado.
Lavada Cirerol acusaba a los detenidos y luego liberados por un juez, de ser los responsables directos del incumplimiento de pago a muchos proveedores que tenían hasta tres años sin recibir un cheque por sus servicios.
Valenzuela Castellanos, poblano, era el hombre fuerte en la Tesorería y, en esos tiempos como subsecretario de Egresos y dentro de Palacio de Gobierno se afirmaba que había sido puesto por el papá del exgobernador para el manejo de los dineros. Y una de sus aficiones era comprar aviones.
Por su parte Rodríguez Chavarría, un exdiputado priista foráneo con pasado comunista, era subsecretario de Adquisiciones.
Los proveedores, principalmente constructores del gobierno y algunos medios de comunicación, tenía que hacer antesala en la oficina de Valenzuela Castellanos si querían recibir pago, y quienes no pudieron poner en cero sus balances financieros, insisten en cobrar esa deuda al “Bronco”.
La detención de ambos exfuncionarios fue por horas un logro del subprocurador anticorrupción Ernesto Canales Santos, previo a cuando el gobernador deberá decidir si buscará ir por la presidencia de la República en 2018.
HABEMUS REFORMA, PERO…
Al cuarto para las doce en el Congreso del Estado las bancadas del PAN y PRI lograron sacar por mayoría la reforma a la Ley Estatal Electoral en primera vuelta, saltando el escollo de la paridad de género y el referente a los requisitos que deberán de cubrir los alcaldes y diputados locales que deseen reelegirse en los comicios del 4 de junio del 2018.
Aún falta una segunda vuelta de votación en el Poder Legislativo prevista para los próximos días, en la cual con los estiras y aflojas, las negociaciones en lo oscurito, las pataditas bajo la mesa y las cachetadas tramperas sobre ella, pues definirán ya en concreto el marco legal en que se desarrollen las campañas electorales a partir del mes de febrero del próximo año.
Aunque mayoriteen pristas y panistas con el apyo de uno que otro legislador de las bancadas afines como PANAL, y se lleguen a incorporar algunos cambios en diversos artículos bajo presión de las minorías, la reforma deberá de estar lista para el 1 de junio, a un año exacto del proceso que algunos definen como trascendente para Nuevo León y México en general.
La amenaza está en que lo que hagan o dejen de hacer los legisladores corre el riesgo de ser vetada por el gobernador independiente, o bien, impugnada por cualquier ciudadano de a pie quien considere lesionados sus derechos. Del plato a la boca, se cae la sopa.
BORRÓN Y CUENTA NUEVA
Previsto para darse a principios del mes de abril, el cambio de mandos en la Secretaría de Seguridad del Estado fue retrasado no por decisión del gobierno independiente, sino por ajustes en la Secretaría de la Defensa Nacional en donde los escalafones, las reasignaciones de comandancias en zonas y regiones militares llevaba mano.
Pero antes de la salida cantadísima del general Cuauhtémoc Antúnez Pérez y la llegada del otro mando militar, los ajustes en las diversas áreas de esa área estratégica implicaron la remoción, sua-ve-cito, sua-ve-cito, pero contundente y sin vuelta atrás, de jefes, coordinadores, mandos medios y superiores todos ellos designados por Antúnez, y aunque una parte heredados de la administración de Rodrigo Medina de la Cruz.
La decisión implica necesariamente que los nuevos jefazos tengan más afinidad y concordancia con el general Arturo González García, excomandante de la XXIII zona militar de Tlaxcala, que con quien se fue, en la búsqueda de crear confianza, eliminar vicios y corregir fallas del recién renunciado secretario.
Y ahora sí, la era de González García quien recibe la responsabilidad en momentos en que la percepción de seguridad de la población es muy baja y hay una ola creciente de homicidios, asaltos y robos a casa habitación, personas y negocios, lo tienen en cuenta de dos bolas y un strike, con casa llena. Es decir, tendrá que remar contracorriente, con los ojos vendados, maniatado, y con remos quebrados y cuesta arriba.
ISSTELEON, CAJA CHICA DE GRANDES NEGOCIOS
La orden de aprehensión en contra del ex director de Isssteleón, Pedro Morales Somohano, es apenas la punta de la madeja de los pingues negocios que se hicieron a través de ese organismo, no sólo en el gobierno de Medina de la Cruz, sino desde la época del panista Fernando Canales Clariond.
El organismo que administra el fondo de ahorro para el retiro de los trabajadores además de brindarles créditos para vivienda, y el servicio médico ya sea en sus propios consultorios de medicina externa o en convenio con hospitales y laboratorios privados, y médicos especialistas independientes, fue saqueado uno y otra vez por los pasados gobiernos.
Con el panismo se pretendió impulsar que los ahorros de los trabajadores cotizaran en los bancos o fueran administrados en off shores, medida que fue frenada por la bancada de diputados priistas en la segunda mitad del sexenio de Canales Clariond.
Pero nada hicieron los legisladores tricolores para impedir que los fondos de los trabajadores capitalizaran los boquetes presupuestales en el gobierno de Medina.
GASTOS SIN COMPROBAR
Solo recordar a Sergio Marenco, ex Auditor Superior del Estado, quien en noviembre del 2012, apenas a la mitad del gobierno de Medina de la Cruz, reconocía el desvío de fondos mediante la adquisición en 2011 de títulos de deuda por mil 400 millones de pesos de la Red Estatal de Autopistas que fueron pagados un año después, pero que no fueron autorizados por el Congreso. Es decir, sacar de la bolsa izquierda del pantalón para meterlos a la derecha.
Cuando se presentan casos como el quebranto de por lo menos 305 millones de pesos por andar invirtiendo en operaciones de riesgo, ahí sí, nadie sabe nadie supo quiénes fueron los culpables y los platos rotos se los cargan a los derechohabientes.
Las pensiones de los burócratas estatales están en riesgo, más con acciones como las pésimas inversiones en empresas inmobiliarias que se fueron a la quiebra, como Metrofinanciera o Mi Casita.
Hace cinco años como ahora, prevalece la duda de si esos recursos realmente desaparecieron por quiebra de las empresas, o si fueron canalizados para las campañas presidenciales y locales en beneficio de algunos candidatos.
La Fiscalía Anticorrupción a cargo de Canales Santos mantiene en secrecía esta falta línea de investigación, y la posible forma en que se triangularon los fondos estatales para las campañas priistas en el 2012 y en el 2015. Una bomba que podría detonarle al PRI en los próximos meses.
LIMPIAR LA CASA
A dos meses de que se dio el cambio de titular en la Procuraduría General de Justicia del Estado, continúan los ajustes en todos los niveles.
Cambios de coordinadores de la Agencia Estatal de Investigaciones, reasignación de mandos policiales en las distintas zonas en que se divide la operatividad de la corporación en el Estado, y reasignación de Agentes del Ministerio Público, son apenas una parte de la limpia general en todo lo que huele a Roberto Flores.
Hasta secretarias y jefes de áreas administrativas han sido unos removidos, otros despedidos, y otros más corridos no tan sutilmente.
Aquí ya no aplicó la máxima inglesa de muerto el rey, viva el rey, sino la tradición vikinga de que fallecido el soberano, con su cuerpo se queman su corte, sus hijos, esposa y familiares hasta borrarlos de la historia.