Durante su ponencia en los foros del Senado sobre la reforma de Pemex, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, propuso una consulta pública sobre el tema el domingo 27 de julio en la ciudad de México, a la que se suma la del Frente Amplio Progresista FAP, ampliada a nivel nacional. Ambas consultas, la local y la nacional, cayeron como balde de agua fría en el gobierno de Felipe Calderón, que intentó pasar su iniciativa para privatizar Pemex con hermetismo y sigilo. Si el tema “prende” y los ciudadanos aceptan fijar postura sobre si Petróleos Mexicanos deba privatizarse, será difícil que el gobierno logre su objetivo de entregar la industria petrolera al extranjero.
Al introducir el tema de la consulta popular, Ebrard retó a los gobernadores a que si tan seguros están de que la iniciativa no es privatizadora, efectúen su propia consulta en los estados que gobiernan, lo que provocó reacciones adversas. Lo que el gobierno federal no necesita ahora es que se escudriñe su iniciativa, porque tarde o temprano la población entenderá que encierra una soterrada venta de Pemex, manejada con engaños. La propuesta del Gobierno del Distrito Federal puede tener efectos multiplicadores. El de mayor peligro para la reforma calderonista es que la población usualmente apática sobre los temas nacionales, ponga atención en Pemex y cómo afectaría al país que se entregue al extranjero.
Sobre la solicitud del GDF al Instituto Electoral del Distrito Federal para que organice la consulta pública, el Instituto respondió estar preparado para hacerla y sus mecanismos los definirá su consejo general.
La consulta se fundamenta en los artículos 42 y 44 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. La Constitución Mexicana no contempla la figura del referéndum, pero sí la de la consulta popular.
El GDF explicó que la consulta es importante porque es un tema “De impacto trascendental para los habitantes de la ciudad”.
No había digerido el gobierno de Calderón la propuesta capitalina, cuando el FAP anuncia su propuesta de la consulta nacional sobre la reforma de Pemex. Las reacciones opuestas provienen básicamente de cuatro frentes.
El del gobierno federal a través de la Secretaria de Energía y de Gobernación. Del Congreso. De Pemex mismo. Y de los gobernadores. El casi desaparecido secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, refutó a Ebrard diciendo que la consulta no existe en la Constitución, coincidiendo con la secretaria de Energía, Georgina Kessel, que afirmó que el referéndum es inconstitucional. En el artículo 26 de la Constitución la Consulta Popular está contemplada. Hay que diferenciar entre consulta pública y referéndum.
Argumentos políticos y técnicos intentan descalificar la consulta pública, que en el Distrito Federal es un hecho. Según el senador panista Santiago Creel, la consulta pretende “descarrilar” la reforma de Pemex.
El director general de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales Gil, esgrime que los problemas de la industria petrolera no pueden resolverse por la voluntad colectiva, sino por criterios técnicos.
Pero al vocero coyuntural de Pemex, los datos duros no le ayudan. La voracidad de empresas, particularmente estadounidenses, sobre la paraestatal, no ha podido disimularla el gobierno.
Si Estados Unidos requiere 25 por ciento de la producción de petróleo mundial y sus reservas alcanzan 2 por ciento, que después de procesar llegan a 8 por ciento, es claro por qué presiona a México para que les “suelte” Pemex.
Durante los últimos años las importaciones de EU del crudo mexicano se multiplicaron. En 1977 Estados Unidos compraba a México 3 por ciento de su petróleo, para 1985 sus importaciones de la mezcla mexicana, alcanzaba 22 por ciento. Sumado el petróleo que les vende México con el que les exportan Canadá y Venezuela, los tres países proveen a Estados Unidos de 45 por ciento de su petróleo. De ese tamaño es el interés en Pemex.
Es importante observar el alineamiento de los gobernadores porque quienes apoyen la iniciativa calderonista para vender Pemex, son los que pelean los excedentes petroleros que el secretario de Hacienda, Agustín Cartens, dice que no existen, pero que los gobernadores tienen bien calculados.
Como Enrique Peña Nieto, del Edomex, que anticipó que no hará ninguna consulta porque el tema se revisa en la Cámara de Senadores.
La verdadera razón es que Felipe Calderón ya negoció con los gobernadores como por ejemplo Peña Nieto, su tajada de los excedentes petroleros, si apoyan su reforma privatizadora de Pemex.
Si la consulta popular no se queda únicamente en el Distrito Federal y se extiende al país, el riesgo latente es que más gente se informe y la población rechace de manera más tajante a como se perfila en encuestas nacionales, el intento de privatización.
Para Calderón cualquier consulta es inoportuna y debilitará su iniciativa. No le convienen las consultas porque despiertan interés en el tema. Si la gente vota en la consulta, quizá se entere que Pemex es la novena empresa de crudo y gas más importante del mundo; que es la tercera en producción de crudo y la décima en reservas petroleras.
Que ocupa el lugar14 en producción de gas, el lugar 13 en capacidad de refinación y el 29 en reservas de gas.
Todo, aunque ocupa el primer lugar de todas las petroleras del mundo en carga fiscal. ¿Por qué? Porque el gobierno de Calderón le cobra impuestos a la clase media, mientras exenta a las grandes empresas.
Estados no petroleros como Nuevo León, donde el tema Pemex puede verse lejano, podrían cambiar su perspectiva y entender que por tratarse de un bien nacional no conviene mantenerse al margen.
La consulta puede despertar serias dudas porque si el gobierno ha funcionado despojando a Pemex de lo que significa el 40 por ciento de sus ingresos públicos, una vez rematado ¿De dónde obtendrán los siguientes gobiernos esos ingresos?
El argumento de la modernización no resiste un análisis serio.
Vender Pemex no es modernizar. Si en el gobierno hubiera verdadero interés modernizador de la paraestatal, empezaría por desmantelar al corrupto y poderoso sindicato petrolero al que ni siquiera incluye en su diagnóstico.
Surge la pregunta: Si la mayor parte de las ganancias de Petróleos Mexicanos se las quedan gobierno y sindicato y a la empresa le dejan sólo 200 mil millones de pesos por año ¿Cómo esperan que se modernice?
La consulta pública sobre la reforma privatizadora de Pemex se llevará a cabo en el Distrito Federal el 27 de julio, organizada por el IEDF.
Está por verse si el FAP logra una consulta nacional. Pero si Pemex es tan relevante, no es mala idea que la iniciativa de Felipe Calderón sea sometida a votación por los mexicanos de todo el país.
Aunque con frecuencia lo olvidan, los gobernantes son los mandatarios y los ciudadanos los mandantes. Entender que son los ciudadanos los que mandan sobre sus gobiernos, implica que Felipe Calderón debe seguir el mandato de la gente. En Pemex también.