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ecíamos en nuestra anterior entrega que el asesinato, hasta ahora impune, de los dos jesuitas en Chihuahua puede convertirse en el Ayotzinapa del presidente. La táctica de descalificar a los religiosos en paquete acusándolos de vivir “apergollados por la oligarquía” no está funcionando. No es lo mismo acusar a un político del pasado, que a un jesuita que ha vivido toda su vida al lado de las comunidades Tarahumaras. El presidente se ve mal atacando a los religiosos que hacen lo que él viene predicando desde hace años: vivir para ayudar a los pobres. Y ellos lo hacen de verdad, no solo con un discurso tempranero desde un palacio.
La queja justificada de las comunidades católicas por todo el país está desnudando la mal llamada estrategia de los abrazos, que no pasa de ser un slogan que nadie ha planteado en términos y acciones concretas. Así como Fox afirmó que resolvería el problema de los Zapatistas en quince minutos, López Obrador prometió que en seis meses habría una baja notable en el número de asesinatos. Ninguno de los dos cumplió y sus palabras vacías hablan de la ligereza con que trataron estos problemas que terminaron rebasándolos precisamente porque no los enfocaron con seriedad.
Decíamos también que la ocurrencia de los abrazos parece estar sustentada, a juzgar por los discursos, en cuatro premisas: la pobreza alimenta de sicarios y delincuentes violentos al país; la violencia extrema es causada por la lucha entre los carteles, en las zonas en que domina un grupo no hay asesinatos; el neoliberalismo, con su afán individualista y progresista, estimula la sed de riqueza por cualquier medio; Calderón desató el baño de sangre al darle un garrotazo al avispero. La primera es claramente falsa, como ya se comentó aquí hace dos semanas porque los estados más pobres no son los que tienen mayores índices de violencia.
Nos referiremos ahora a la segunda, que ha sido etiquetada en los medios como la Pax Narca. La premisa adolece de muchos defectos. Por las limitaciones de espacio nos detendremos solo en dos: asume que todos o la inmensa mayoría de los asesinatos se da por la lucha entre los carteles de narcotraficantes por el control de las rutas de trasiego de drogas hacia los EEUU; presupone que una vez asentado el poder de un cartel dominante no habrá luchas internas por el control del mismo, ni rebeliones entre las bandas perdedoras.
Analistas como Alejandro Hope, Fernando Escalante y otros, han señalado que hay innumerables asesinatos por causas distintas al narcotráfico, tales como las que se dan por disputas entre ejidatarios, sindicalistas, talamontes, huachicoleros, traficantes de personas, contrabandistas, etc. Incluso llegaron a señalar que la transición democrática que se dio en el 2000 generó un vacío de poder que propició el incremento de los asesinatos de este tipo. También se ha identificado que cuando hay cambio de gobierno estatal, los crímenes violentos y asesinatos tienen un repunte local. Pareciera que el cambio de gobernantes induce reacomodos en los grupos criminales que se resuelven a balazos.
Una mirada cuidadosa al panorama criminal en México permite distinguir que las bandas tienden a especializarse, como cualquier otra organización con fines de lucro. Que un solo grupo domine a todos los demás implica que se vea involucrado en todo tipo de delitos con líneas de mando formales y estrictas que permitan imponer la Pax Narca, algo difícil de que suceda.
Presuponer que una vez asentada una banda dominante la violencia regresará a los índices anteriores a Calderón es de una ingenuidad inmensa basada en el prejuicio de que todo tiempo pasado fue mejor. Como en cualquier grupo delincuencial, las disputas internas por el poder son cosa de todos los días y ellos son especialmente susceptibles a usar el asesinato y la violencia para resolverlas. ¿O a poco cree el presidente que vendrán a buscarlo para que medie entre los rijosos?
Y finalmente, dejar crecer a un cartel de narcotraficantes a tal nivel que pueda controlar todos los delitos en el país tendría costos inimaginables, comenzando por la pérdida del control del Estado sobre el Territorio. Hay que recordar el caso de Pablo Escobar en Colombia que llegó a tener tal poder que soñó con extenderlo al orden civil cuando se lanzó para un puesto de elección popular.
Si un capo lograra hacerse con tal nivel de poder, ¿cuál sería la reacción de los EEUU? v