La campaña a gobernador de Jaime Rodríguez Calderón estuvo sostenida por una mesa de cinco patas: él, Manuel González Flores, Carlos Pacheco García, Guillermo Rentería y Rogelio Benavides Pintos. Y una sexta extremidad que aseguró el voto un electorado económicamente pudiente, e ideológicamente panista, que dudaba de la seria propuesta del candidato independiente de nombre Fernando Elizondo Barragán.
Hubo también otros personajes que inyectaron dinero como el empresario José Antonio “El Diablo” Fernández Carbajal, presidente ejecutivo del consejo de administración de Femsa, para ver colapsar al PRI y que Nuevo León pasara a la historia con la victoria de un gobernador sin partido político.
Con la renuncia de Benavides Pintos como subsecretario de administración -cargo que antes se conocía como oficial mayor-, seguramente “El Bronco” nunca imaginó que la mazorca de funcionarios de primer nivel se desgranaría tan pronto: apenas pasando los cuatro meses de una administración que había levantado altas expectativas no sólo a nivel estatal, sino nacional.
Horas antes hizo lo mismo Miguel Treviño de Hoyos, como jefe de la Oficina del Gobernador. Dos golpes morales que no estaban en el guión que leyó el 4 de octubre de 2015 cuando Rodríguez Calderón prestó juramento ante legisladores e invitados especiales en el Congreso de Nuevo León.
Otra de esas patas de apellidos Pacheco García no pudo ser secretario de Desarrollo Social al ser cuestionado por El Norte en el proceso de transición, el mismo periódico que orilló a la dimisión de Benavides Pintos.
¿Coincidencia? ¿Será que los Junco quieren cogobernar con “El Bronco”? ¿Con qué derecho? ¿De parte de quién?
LOS CERESOS, UNA PAPA CALIENTE
La situación crítica que se vivió en el Centro de Readaptación Social de El Topo Chico, en el cual lamentablemente fallecieron 49 personas y una docena resultó lesionada, trajo aparejado un cambio radical en la forma en que el gobierno estatal atiende ese penal.
Ya despresurizado, al ser trasladados a otros centros penitenciarios más de 200 reos de alta peligrosidad y con procesos penales federales, la administración estatal deberá abocarse al ciento por ciento a buscar cómo enfriar una papa caliente y evitar que caiga al fuego en el corto o mediano plazo, a la par de sazonarla a su estilo.
Es pues la oportunidad de implementar un programa propio de reinserción social que ayude a los reos y sus familias a retomar el cauce social adecuado, amén de instrumentar políticas severas para que se acabe la corrupción que imperó por décadas en el Topo Chico, y que anteriores gobernantes solaparon o evadieron, o en el peor de los casos: alentaron.
Es decir, instaurar un Cereso muy al estilo independiente, como pretende hacer “El Bronco” con su gobierno, diferente a los demás que hay en el país. La tarea no es fácil, toda vez que en el cortísimo plazo deberá de nombrar al nuevo director y mandos medios del Topo Chico, cambiar las estructuras de los correspondientes a Apodaca y Cadereyta Jiménez, y reforzar la presencia de Fuerza Civil y de otras corporaciones de seguridad para garantizar la paz en estos centros penitenciarios. ¿Quién le entra?
OTRO FRENTE DE BATALLA
Con el anuncio desde antes de iniciar su gestión como mandatario estatal de que se reduciría la nómina de burócratas, Rodríguez Calderón puso los puntos sobre las íes en un tema escabroso: el alto costo laboral del servicio público.
Desde que inició la administración del llamado gobierno independiente, se han dado de baja varios cientos, quizás unos miles de empleados de diverso nivel y responsabilidad y rango salarial, aunque otros muchos han sido contratados.
Pero lo fuerte fuerte en cuanto a despidos se está dando desde la primera quincena de enero, cuando la guillotina empezó a caer en todas o casi todas las dependencias públicas, aunque en algunas las bajas han sido mínimas y en otras se han ido más del 50 por ciento de los servidores públicos. Y falta todavía un mayor ajuste el cual seguirá hasta fines de marzo, en cuanto a personal que será despedido.
Si bien este proceso ha sido difícil con ciertos roces con los afectados quienes pierden su empleo, el conflicto mayor será cuando se aplique la orden expresa de mandar a jubilación a cientos de personas, se habla de hasta 2 mil o más a quienes la autoridad estatal ya no les permitirá cobrar sueldo como activos, sino que los pasará al régimen de pensionados o jubilados, quitándoles diversas prestaciones económicas y hasta sociales.
La medida se aplicará a todos los empleados, de honorarios, de confianza y hasta los sindicalizados, en donde el secretario general del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado (SUSPE), Juan Manuel Cavazos Uribe, también se vería obligado a jubilarse como sus compañeros agremiados. Su caso, obvio, será sujeto de la decisión procedente desde el Palacio de Cantera.
JUBILACIÓN ANTICIPADA
Claro está, la decisión impuesta desde el Palacio estatal también traería aparejado el cambio de dirigente de la organización sindical, el cual este 2016 se realizará en el mes de noviembre. Cavazos Uribe lleva ya más de 20 años de líder, siendo ratificado cada año mediante la imposición de su candidatura única al cargo.
Si bien en 2014 adelantó el proceso (impuesto vía presiones de los delegados en las dependencias de gobierno), para evitar un madruguete de un gobernador o gobernadora que no lo sintiera cómodo como interlocutor y contraparte al momento de negociar los beneficios laborales para sus representados, no esperaba esta jugada maestra de exigirle acepte jubilarse y darle paso a sangre joven. Sólo falta ver si acepta o no.
Bueno, para nada tiene que ver que el actual diputado federal por Nuevo León y ex legislador local, Juan Manuel Cavazos Balderas, hijo del líder sindicalista, fue uno priistas que en la campaña electoral del 2015 más ataques y tierra le echó al entonces aspirante Rodríguez Calderón, y a quien no le vio posibilidades de ganar.
INDEFENSIÓN
Los días pasan y nada claro se ve al final del túnel. Lo que es una lucha de poderes afecta a cientos quizás miles de personas y no tiene visos de cuándo acabar.
Esto en referencia a la designación del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nombramiento que recae como atribución directa al titular del Poder Ejecutivo y en el cual el Poder Legislativo ratifica.
Eduardo Román González fue a quien el ejecutivo estatal propuso como única opción a presidir la CEDH tras hacer una evaluación de decenas de candidatos, apoyado por varios paneles de expertos consultores procedentes de las universidades.
Pero en ese juego de estira y afloja con la consabida actitud de “ustedes a ganarme y yo a no dejarme”, el pleito sigue y nadie parece poner orden en casa. Eso sí, se dieron los incidentes del penal del Topo Chico y otros presuntos abusos policiales, y pareciera que nadie hace caso para atender las quejas ciudadanas.
Donde no hay definición de cuándo saldrá el humo blanco es en el Congreso del Estado, quien desde el año pasado tiene pendiente el nombramiento de dos integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León (CTAINL).
Desde el 10 de octubre de 2015 finalizó su gestión como comisionado presidente Sergio Mares Morán, sin embargo no hay fecha para que los legisladores procedan a designar a un comisionado propietario y otro supernumerario que faltan, para votar su relevo.
Sin presidente, la CTAINL está dentro de un pantano y poco o nada puede hacer para ponerse a trabajar como el organismo debería. En fin, parece que los diputados tienen otras prioridades. Y es cierto, ante tantos tropiezos del poder Ejecutivo.