Cuando llegué a los medios de comunicación en Monterrey, el gobierno, para controlar a la prensa que tenía entonces un domino aplastante ante la opinión pública, aplicaba muy bien dos fórmulas de la corrupción: a) El embute o soborno, que se popularizó como “el chayote”, y b) La materia prima de PIPSA (Productora e Importadora de Papel, S. A.), la empresa paraestatal que operaba como la espada de Damocles entre las empresas periodísticas.
El gobierno, y los políticos en general, trataban como unos pobres limosneros a los periodistas. También muchos dueños de empresas informativas contrataban a éstos sin sueldo o con poco sueldo, a cambio de una credencial de prensa para “morder” o bien a cambio de una asignación en las fuentes noticiosas más “productivas”. Y fue así como en medio de tales penurias florecía a sus anchas el “chayote”, que fue el nombre metafórico de la corrupción en ese medio laboral, y que en Monterrey se identificó también como “cochupo”, cual sinónimo de la “payola” que las empresas disqueras utilizan en el medio radiofónico a fin de popularizar sus éxitos. Todavía en los gobiernos priístas de César Duarte en Chihuahua, de Javier Duarte en Veracruz y de Rubén Moreira en Coahuila hubo un reparto escandaloso de billetes entre supuestos periodistas que fundaban una página web sin trascendencia y entre dueños de diarios, estaciones de radio y TV, además de que muchos reporteros alcanzaron inclusive viajes a Europa o becas de estudios en el extranjero. El “chayote” floreció ahí en todo su esplendor.
El símil del “chayote” lo propició el hecho de que el presidente Gustavo Díaz Ordaz pronunciaba en 1966 el discurso inaugural de un sistema de riego en el estado de Tlaxcala y entre los reporteros corrió la voz: “¿Ves aquel chayote? Están echándole agua. Ve para allá”. Y, en efecto, semioculto por la trepadora herbácea, un funcionario de la Presidencia entregaba el “chayote” económico, que es el nombre con que se empezó a conocer el embute o soborno o cochupo en las oficinas de prensa. Tan popular se volvió, que su entrega dejó de ser oculta, según relato del colaborador de la revista Proceso, Elías Chávez, a quien le dio su crédito cabal don Julio Scherer García en su libro Los Presidentes (p. 162).
Hay infinidad de anécdotas de la entrega de “chayotes”, recurso en ocasiones fundamental para la sobrevivencia de quienes trabajaban en los frentes reporteriles, pero las más difundidas eran las que protagonizaban los jefes de prensa del PRI nacional durante las campañas presidenciales así como las de sus colegas de los gobiernos estatales, quienes se molestaban con los periodistas que se negaban a firmar de recibido el sobre con el dinero o boletos de avión y pagos de hoteles para las vacaciones de ellos y sus familias. Pero también, al contrario, había gente del medio informativo que se quejaba de que tal o cual gobernador no daba “chayote” o no aumentaba el monto del mismo. Y, claro, sobraban funcionarios que se quedaban con fuertes sumas para ellos porque en la lista incluían a los que no aceptaban nada y a otros que ni siquiera estaban enterados.
Asimismo, los jefes de prensa de la Presidencia de la República acostumbraban congraciarse con los dueños de los diarios ofreciéndoles “lo que te haga falta”, principalmente papel. “Todo el que necesites”. Y se condolían de los reporteros (“pobrecitos” –decía, por ejemplo, Manuel Alonso–. “Tan mal pagados”. Por tanto un día prometió transformar el embute o “chayote” en una ayuda limpia. (Los Presidentes, p. 169).
Así las cosas, hoy llama la atención que una iniciativa tan seria dé mucho de qué hablar en todo el territorio nacional y vuele hacia el extranjero con el nombre de “Ley chayote”, y no es otra que la Ley General de Comunicación Social aprobada en la legislatura anterior y que grupos de la sociedad civil tratan de derogar, por lo cual piden al nuevo Congreso Federal echarla atrás, pues actualmente ha sido impugnada y está en estudio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Se buscan nuevos criterios internacionales de transparencia y rendición de cuentas en la asignación de la publicidad oficial y conseguir que el gobierno, como lo ha hecho hasta la fecha, no despilfarre millones de pesos para premiar a los medios y periodistas que le son adictos, mientras que se utiliza como castigo contra quienes ejercen su libertad limpiamente para la crítica. Y aunque Andrés Manuel López Obrador ha prometido reducir durante su mandato tal gasto a la mitad, eso no basta, pues si esa “Ley chayote” no se reforma, se corre el riesgo con la centralización del mismo y de la comunicación social en la Presidencia de la República de que sigan imperando la discrecionalidad y el afán de controlar así a los medios con abundantes recursos económicos.
Aquí tienen su primera gran tarea en puerta los nuevos diputados federales y los senadores. A no ser que quieran que el gobierno de López Obrador opere con la misma fórmula instaurada en la presidencia de José López Portillo: “No te pago para que me pegues”. Sencillamente no es deseable el uso de las pautas publicitarias para castigar a los medios por su línea editorial, sino que ha de tomarse en cuenta los costos, circulación y el perfil del público al que va dirigido el mensaje, sin descuidar jamás la calidad de contenido, la diversidad y el pluralismo de los medios. Por otra parte no hay que “clavarse” mucho en el rating de los medios electrónicos ni en la circulación de los medios impresos para “premiarlos”, pues ya sabemos que la frivolidad y la basura periodísticas ganan audiencias y esto hace que los medios serios y de cultura edificante no sean tomados en cuenta por la mercadotecnia y la publicidad, mientras que programas radiofónicos o televisivos y revistas de chismes del corazón que faltan flagrantemente a la ética e inclusive en ocasiones a la ley, están en los programas de comunicación social de los gobiernos.
Finalmente, tampoco es deseable que Enrique Peña Nieto esté tan tranquilo con el sobreejercicio escandaloso del gasto de comunicación social en cada año, al grado de rebasar los 50 mil millones de pesos en su sexenio, que de nada le han servido para mejorar su aprobación ante la opinión pública. Pero no se crea que el anterior Presidente, Felipe Calderón, no despilfarró el dinero en este rubro, pues gastó 42 mil 243 millones de pesos, mucho más de los 16 mil 235 millones de pesos de que dispuso Martha Sahagún directamente, pues era la ama y señora que aplicaba la “ley chayote” de entonces, con el consentimiento pleno de Vicente Fox.