El gobierno del Estado debería contratar un despacho externo que realmente investigue a los funcionarios, viejos y nuevos, que se han pasado de listos creando empresas o sirviendo de prestanombres para vivir como verdaderos príncipes recibiendo contratos públicos. Es decir, robando del erario.
Rodrigo Medina de la Cruz tiene buenas intenciones, pero necesita urgentemente meter a prisión al primero –sea de su administración o de la pasada de Natividad González Parás–, para que sus gobernados le compren el plan anticorrupción.
El ejecutivo de Nuevo León tiene en su vecino de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, un ejemplo a seguir: antes de cumplir el año en el puesto, el hermano del candidato del PRI asesinado en Ciudad Victoria demostró quién manda en su Estado.
En un claro mensaje para aquellos quienes dentro de su partido lo tildaban de débil, Torre Cantú resucitó un expediente de una acusación sobre secuestro (delito grave sin derecho a fianza), mandando a la cárcel al brazo derecho y hombre de todas las confianzas de su antecesor Eugenio Hernández Flores.
Mario Ruiz Pachuca llegó a Tamaulipas para hacerse millonario en seis años fungiendo como jefe de asesores de Hernández Flores, coordinador general de Comunicación Social y el hombre de todas las confianzas de su jefe. Era la primera ventanilla cuando se trataba de concretar asuntos realmente importantes en el gobierno.
De oficio periodista antes de convertirse en funcionario, el originario de San Luis Potosí fue sacado de su mansión de esa capital y llevado tras las rejas en agosto pasado, poniendo a temblar a los ex funcionarios del gobierno anterior, muchos de ellos radicados en el Valle de Texas en suntuosas residencias.
Semanas después, en octubre, el gobernador tamaulipeco volvió a mostrar sus músculos y presentó ante la justicia, trámite la Procuraduría de Justicia, al ex alcalde de Tampico Oscar Pérez Inguanzo, el segundo pez gordo también de extracción tricolor.
Ya detenido, el ex edil dijo que se la pasaba entre Mission, Texas, y Monterrey, huyendo de las autoridades que lo requerían con una orden de presentación para que respondiera por innumerables abusos en su administración.
¿Y si eso hizo Egidio Torre Cantú en sólo diez meses como gobernador de un Estado que es satanizado por la violencia que impera, por qué no hace lo mismo Rodrigo Medina de la Cruz en dos años?, es la pregunta.
Porque seguramente en seis años del gobierno de González Parás, y en el primer tercio del sexenio de Medina de la Cruz, hay bastantitos servidores públicos pasados de listos que entraron al gobierno con una mano adelante y otra atrás… y ahora son millonarios.
Que se asociaron para crear empresas y brindan servicios al Gobierno. Así que fácil ser próspero empresario, teniendo la caja de las galletas (los dineros) siempre abierta y al alcance.
En esta edición de Hora Cero actualizamos una investigación sobre una empresa llamada Grupo Regio Obras, S.A. de C.V., la cual fue beneficiada con un contrato de 30 millones de pesos por una dependencia estatal.
Un trabajo periodístico que agrava las sospechas que presentamos el año pasado, cuando descubrimos que esa compañía –sabrá Dios por órdenes de quién– recibió el beneficio de ganar la primera licitación de la actual administración gracias a Marco Antonio González, el director de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León.
Cuando pensamos que el expediente estaba cerrado, sin las sanciones que debió aplicar Jorge Manjarrez, el contralor estatal, más mugre brotó sobre ese contrato adjudicado a una empresa que no existía y no tenía oficinas. En 45 días sucedió un verdadero milagro: se creó ante Notario Público, participó en una licitación pública y ganó.
Las obras que ejecutó son lo de menos. Techos cuenta captadores de agua de lluvia en municipios del sur de Nuevo León, afectado por prolongadas sequías, que seguramente no valen los 30 millones de pesos y que reprobarían una auditoría seria.
El colmo es que Grupo Regio Obras, S.A. de C.V. desapareció de un modesto local ubicado en Simón Bolívar 1227, colonia Mitras Centro de Monterrey, pero en su lugar está otra empresa que también construye para un gobierno municipal bajo el Partido Revolucionario Institucional: el municipio de Linares.
Otra pista a seguir es la aparición del nombre del comisario de esa compañía en el acta notariada, quien dijo a Hora Cero que los socios de Grupo Regio Obras, S.A. de C.V. lo pusieron sin su autorización.
Si en verdad Jorge Manjarrez quiere presentar trabajo a su jefe el gobernador y quitarse la sospecha de encubridor de las transas que se hacen a sus espaldas, debería citar a uno o dos funcionarios de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario, aunque sea para que sirvan como chivos expiatorios.
Porque el plan anticorrupción parece letra muerta con puras estadísticas que Manjarrez ha dado a conocer a los medios sobre acusaciones anónimas.
Si el contralor no sabe cómo entrarle al toro por los cuernos, que vaya y que tome un curso en Ciudad Victoria, donde su contraparte de Tamaulipas entregó los expedientes a la Procuraduría para actuar contra los dos ex funcionarios que ya están en la cárcel.
Vaya, y si Manjarrez sigue sin saber cómo hacerle (o no lo dejan), más digno es renunciar..v