Sin estudiar detenidamente las consecuencias, pros y contras de la denominada Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la mayoría de Morena en el Congreso la aprobó a toda prisa, con tal de quedar bien con su jefe y dar cumplimiento a una promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Pero resulta que si bien es cierto que la mayoría de los ciudadanos la aplaude acabar con los privilegios de la alta burocracia federal, porque no puede haber pueblo pobre con gobierno rico, y forma parte del plan de austeridad del nuevo gobierno que entrará en vigor el 1 de diciembre, desde su anuncio en agosto pasado empezó a producir un efecto negativo al dejar sus cargos ya algunos importantes funcionarios del Banco de México, quienes han preferido la jubilación anticipada a ver mermados sus ingresos o huir de plano al sector privado.
Se supone que la desbandada en Banxico podría alcanzar la estratosférica suma de 200. Los funcionarios que están en condiciones de retirarse, ya sea por años de servicio o por edad, lo están haciendo por temor de que sus ingresos en activo se reduzcan hasta 30 por ciento y que eso pueda afectar el nivel de sus pensiones. Y así podría suceder en otras áreas de especialistas médicos, de Telecomunicaciones, de Pemex y de varias Secretarías de Estado como Hacienda y Energía. Por ejemplo, imaginamos que el director de Cardiología, Cancerología u Obstetricia, dada su caudal de ciencia y su enorme responsabilidad, no se conformaría con un sueldo neto de unos 80 mil pesos, ni tampoco un ingeniero a quien le toque vigilar la planta nuclear de Laguna Verde en Veracruz y mucho menos un experto en depósitos de dólares en la Bolsa de Valores de Nueva York, o un controlador aéreo de larga trayectoria en tan delicado trabajo o el responsable de negociar acuerdos comerciales y tratados internacionales. ¿Y qué pensar de un diplomático de carrera que funge como embajador de México en países donde, para vivir como sibarita según lo requiere su investidura, se necesita ganar muchos dólares o euros?
Simplemente el Congreso no tuvo cuidado de acotar las excepciones al proyecto oficial de que ningún funcionario público debe ganar más que el presidente de la república, cuyo salario será de 108 mil pesos mensuales menos impuestos. No se preocuparon los legisladores de considerar que para llegar a ser el titular del poder ejecutivo federal no se necesitan estudios ni diplomas, sino solamente obtener la mayoría de votos de los mexicanos en una elección, igual que para ser diputado o senador, y, en cambio, para muchos puestos operativos sí se busca calidad y eficiencia en la tarea diaria, hace falta algo más que “palancas” o una buena recomendación de algún padrino político.
Así es que para AMLO y compañía es muy fácil decir que se pueden cubrir las plazas vacantes de quienes se sientan agraviados en su autoestima por recibir un pago menor del que merecen por su formación profesional, experiencia y responsabilidad que, si no se cumple como es debido, afecta negativamente a muchos mexicanos a la corta o a la larga. Sí, no hay duda que sobran postulantes, y más si están desempleados, que satisfacen sus necesidades económicas con los sueldos del tabulador aprobado por AMLO y sus secuaces, pero habrá que ver si tienen el perfil ideal para no fallar en las expectativas de los resultados apetecidos. También puede haber algunos que estén convencidos, como buenos estoicos, o seres espirituales que comulgan con el ideal de austeridad y pobreza de AMLO para sumarse al gobierno de honestidad republicana, deseando inclusive morir sin un cinco, como el modelo de persona decimonónica que fue don Ignacio Ramírez “El Nigromante”, quien sólo pudo ser enterrado con limosnas de sus amigos.
Pero también habrá otros (los jueces, por ejemplo, y los que tienen que ver con la seguridad pública) que, aceptando los bajos sueldos señalados por la Ley, pudieran tener la tentación de caer en las garras de la corrupción, sin tomar en cuenta que el combate a la misma es otra promesa de campaña de AMLO. Y hasta creerían que los puede proteger la amnistía y ser tomados como “chivos expiatorios”, que es la protección que el presidente electo le está brindando a Rosario Robles hoy por hoy, y a otros de sus amigos como Napito Gómez Urrutia.
Ojalá no terminemos en un caos por la premura de aprobar leyes y propuestas sin un cálculo adecuado del impacto que producen en la sociedad, ya que tampoco es poca cosa el despido de unos tres mil burócratas que dice AMLO sobran en el gobierno federal, ni mucho menos debe dejar de considerarse lo que traiga el cambio de sedes de las secretarías de Estado, con todas sus complicaciones, dado que muchos empleados capitalinos están ambientados a su ciudad y han construido su futuro en base a las condiciones de la misma a fin de obtener préstamos hipotecarios e inscribir a sus hijos en escuelas cercanas a su domicilio. ¿Cuántos de ellos optarán a fin de cuentas por dejar su actual empleo y, como los funcionarios de Banxico, buscar la jubilación anticipada o emigrar al sector privado?
Y falta todavía lo que se acumule cuando AMLO empiece a quejarse de la bancarrota de México y de la crisis que no le permitirá cumplir todo lo que prometió como candidato de Morena. O, peor, cuando saque su intolerancia que no le permite escuchar críticas y ataque a los medios que no le dan por su lado y, ¡Dios nos agarre confesados!, cuando su autoritarismo lo lleve a la cancelación de algunas libertades, como la de prensa y expresión.