No hace mucho, un compañero de trabajo (que no amigo, jamás), tratando de defender a su jefe para que lo siga favoreciendo con buen dinero fuera de nómina (y no pagar impuestos), publicó en su cuenta de FB, sorpresivamente para mí, una sarta de mentiras donde inclusive me difamaba y me hacía quedar mal ante muchas personas que me aprecian y terminaron enterándose de supuestos errores que, según la óptica de este tipo, he cometido a lo largo de mi vida laboral.
Se dice periodista y hasta es “profesor” de periodismo. “Lástima, Margarito”. Por eso, con mayor razón me sentí agraviado, porque la difamación duele en el alma y porque no esperaba que su reacción fuera por imaginarse que yo estaba en contra de su amo al que le debe un sueldo extra muy bueno, por defenderlo a capa y espada de sus rivales políticos. Es decir, sin deberla ni temerla yo, porque a mí no me incumbe la relación entre ellos o su futuro económico, me llevé la sarta de infundios. Pero ni modo.
Apechugué, como se dice coloquialmente. Guardé en un archivo especial el texto. Pero no le di importancia ni hice ninguna aclaración personal o a través del mismo medio. De hecho, traté de que mi indiferencia le incomodara más a esa pobre piltrafa humana tan vacía de realizaciones profesionales, y ahí acabó todo. Podía haber entrado en debate tontamente durante días en la red social, a costa de que prendiera el escándalo. Podía haber rebatido punto por punto para que quienes confían en mí y leyeron tal mensaje me exoneraran de toda culpa. Podía haberle recordado a su mamá, pero creo que hice lo mejor: olvidé todo, y la ganancia fue una tranquilidad de conciencia imperturbable y familiar. Puse en la balanza su credibilidad y la mía. Nada más.
Sin embargo, el agravio ahí quedó grabado. Y me acordé de él ahora que leo la palabra que justifica el Derecho de Réplica en la nueva ley reglamentaria, primer párrafo, del Artículo 6o. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, estamos de estreno, porque apenas se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre, debiéndose haber expedido en enero de 2014. Tarde y mal el trabajo de los legisladores.
¿Y de qué se trata dicho Derecho de Réplica? Dice la ley nueva que es el recurso que le asiste a quien sea víctima en los medios masivos respecto de datos e informaciones “relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio, ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen”. Como a mí, en lo particular, con el cínico de quien he hablado en la introducción de este texto.
Por eso, la nueva ley aparenta frenar los abusos y excesos de los periodistas sin ética ni sentido común al no medir el daño que causan con sus mentiras y críticas tendenciosas, denunciando sin pruebas y atacando sin ton ni son. También aparenta tutelar las garantías de toda persona que sufre agravio por inexactitudes y falsedades en la prensa principalmente, pero con la condición de que vea afectado su honor, vida privada y/o imagen. En síntesis, las dos condiciones deben ir juntas: 1.- Informaciones inexactas o falsas y 2.- Causar un agravio al aludido.
Sin embargo, al adentrarnos en las consideraciones generales, no se necesita mucha malicia para inferir que se trata de verdaderos dardos contra la libertad de expresión y de prensa, porque los medios electrónicos están más o menos protegidos por las dificultades en el proceso y las trabas para denunciarlos y recabar las pruebas que validan el Derecho de Réplica. En pocas palabras, es uno más de los actos restrictivos que enfrentan ahora los periodistas para cumplir con el Derecho a la Información.
Por más que un sector de la sociedad civil lo apruebe y la mayoría de los legisladores lo justifiquen, el Derecho de Réplica va a acalambrar a muchos profesionales de la noticia y editorialistas al tener que publicar las aclaraciones exigidas por la parte ofendida en el mismo espacio en que, según esa persona, se le agravió, e inclusive se puede ser objeto de una demanda que obligue a la reparación del daño económico con una cuantiosa indemnización.
Los promoventes de esta ley no tomaron en cuenta que la inexactitud noticiosa está en relación directa, muy comúnmente, con las prisas del reportero, metido a saco en la inmediatez de la información, y si falla, muchas veces no es por mala fe ni dolo, además de que en ocasiones también la fuente informativa le transmite mal los datos y detalles sobre un hecho o persona.
Sí, hay que exigir honradez y profesionalismo a los colegas, no cabe duda, pero no por unos tontos y chantajistas del medio la tiene que pagar también el periodismo de investigación en profundidad, porque por lo general su éxito se debe a fuentes confidenciales de toda confianza que no pueden ser exhibidas públicamente, y los testimonios personales del reportero pertenecen exclusivamente a su conciencia, en busca siempre de ganarse la credibilidad de la opinión pública.
Duele el agravio, no cabe duda. Y es menester limpiar el periodismo de los abusos y excesos de quienes se creen eso del “Cuarto Poder”. Sin embargo, los políticos principalmente no suelen admitir a la primera su conducta corrupta, sus conflictos de interés, su nepotismo y sus decisiones erróneas, de modo que ahora con mayor razón se van a espantar la vigilancia de la prensa con la amenaza de aplicarle el polémico Derecho de Réplica. ¿O usted cree que el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina y su antecesor Natividad González Parás no tienen excusas para justificar el aumento de la deuda estatal y de la burocracia para favorecerse a sí mismos y a sus amigos? ¿Y Fernando Larrazábal o Margarita Arellanes no se escudan en “barras” para hacer ver que no desviaron el presupuesto de Monterrey para sus fines políticos personales? ¿O que Guillermo Padrés, en Sonora, se dice limpio de toda mancha en la condonación de impuestos con que favoreció a su gente más cercana en el gobierno que encabezó hasta hace meses?
Por eso yo ya me he protegido para que el compañero de trabajo no me demande y me aplique el Derecho de Réplica, y tengo su número de cuenta bancaria donde le depositan la remuneración mensual extra y he recabado algunos papeles donde ha estampado su firma de conformidad. Pero no es fácil el camino para ello. Y estoy seguro que muchos periodistas preferirán aplicarse la autocensura antes que ser llevados a juicio con motivo de la nueva ley del Artículo 6o. Constitucional. Y la que saldrá perdiendo es la opinión pública.
A mi modo de ver vale más el libertinaje de la prensa si se le quiere ver así que coartar las libertades de expresión y difusión que tanto le costaron conseguir a antecesores nuestros en el oficio. Y, como dijera un día el presidente de Estados Unidos Thomas Jefferson, “más vale periódicos sin gobierno que gobierno sin periódicos”.