Estamos en pleno año preelectoral y a nadie parece importarle que el secretario de Desarrollo Social de Monterrey, Miguel Ángel García Domínguez, ande en plena campaña con el permiso de su partido, mientras que su dirigente, Sandra Pámanes, anda ocupada en que la militancia no se salga del huacal, como ya ocurrió con la del delegado de la SCT, Zeferino Salgado Almaguer.
Mientras el común de los mortales vivimos apanicados por la ola de inseguridad que azota a Nuevo León, los partidos como siempre llevando agua a su molino.
La decisión de Miguel Ángel de hacer uso de su tiempo “libre” para moverse a sus anchas no es mala, muchos lo hacen, lo criticable tendría que ser que sus actividades le lleven a desviar recursos humanos y materiales para hacerse de simpatizantes.
Pero como no hay quien vigile esas anticipaciones electorales, difícilmente podremos enterarnos si Miguel Ángel va a esas reuniones partidistas en vehículo oficial o particular, llevan asistentes pagados por el municipio o por su cuenta, gasta gasolinas y viáticos de su bolsa o del erario público para ganarse la simpatía de los electores de Monterrey. No es fácil a menos que los priistas le pongan “cola”.
¿Qué diría Sandra Pámanes si quienes anduvieran en campaña fueran funcionarios priistas? Imaginemos al secretario del Trabajo, Pedro Pablo Treviño Villarreal, o a la secretaria de Desarrollo Social, Juana Aurora Cavazos o al secretario de Desarrollo Sustentable, Fernando Gutiérrez, en plena campaña en busca de simpatizantes y con el permiso de Álvaro Ibarra, líder estatal del PRI, asegurando que sólo acuden a reuniones partidistas en sus tiempos libres.
¿Sería creíble? ¿Habría críticas del panismo? ¿Se desgarrarían sus vestiduras poniendo el grito en el cielo y pidiendo su renuncia porque andan “encampañados”? O dirían que todo está bien, mientras que sólo anden regalando simpatías en sus tiempos libres.
Se supone que los funcionarios no deben desviar su tiempo para cosas partidistas, pero vemos que algunos ya se adelantaron en la contienda por la presidencia municipal de Monterrey.
Ante situaciones como la actual, convendría que el secretario general de Gobierno, Javier Treviño Cantú, busque que los partidos políticos sostengan acuerdos mínimos de civilidad preelectoral y decidan qué se puede hacer y qué no, en tiempos donde la ley no existe para vigilar la actividad partidista de los funcionarios.
De no tener reglas mínimas, entonces sí, como dijo Miguel Ángel García Domínguez, estaríamos viviendo cochinadas entre “marranos” y “trompudos” de pronóstico reservado en la lucha por los huesos electorales del 2012, que ya se avecina.