El 3 de mayo, el mundo conmemora el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Para nadie es un secreto que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Solamente en lo que va de la administración lopezobradorista, el Comité de Protección a Periodistas contabiliza 37 comunicadores asesinados y cinco más desaparecidos en el país desde 2018.
El que un periodista sea asesinado o desaparecido a causa de su actividad profesional debería de indignar a la sociedad a la que la víctima daba voz frente a los poderosos. Lamentablemente, eso no ocurre, un poco por la indiferencia, un mucho por el miedo y un tanto más por la corrupción, ineficiencia o negligencia de las autoridades.
La violencia en contra de periodistas y medios de comunicación va mucho más allá de ataques físicos o a las instalaciones. El espionaje electrónico, las campañas de desinformación y las calumnias personales a periodistas se han convertido en parte fundamental en el manual de los autoritarios, los corruptos y los ineficientes, esos a los que el ejercicio profesional y ético del periodismo los incomoda tanto.
En 2023, la organización Artículo 19 contabilizó 561 agresiones a la prensa, lo que representa un promedio de un ataque en el país cada 16 horas. En su reporte anual se clasificaron tres tipos de agresiones: intimidaciones y hostigamientos; el uso ilegítimo del poder público, principalmente a través de la estigmatización y el acoso judicial; así como las amenazas tanto en la esfera física como digital.
Usando las redes sociales como armas de cargo, los ataques desde cuentas oficiales y pagadas son cada vez más sofisticados a través de granjas pagadas de bots e inteligencia artificial, combinadas con la bizarra cultura de la cancelación en la que las palabras cada vez son más secuestradas por ideologías superfluas y muchas veces pasajeras.
La crisis financiera que por años ha atravesado la industria del periodismo es hoy más que nunca una herramienta que los poderosos utilizan para censurar o controlar como, cuando y donde se publica información. Desde los gobiernos, los convenios de publicidad son usados como torniquete económico: me tratas bien, aflojo para que fluyan los recursos; me tratas mal, lo aprieto para que llegue poco o nada. Además, la polarización social -alentada a diario desde el púlpito presidencial matutino y replicada lo mismo en Guerrero que en Nuevo León- llegó a las mesas de redacción, y entre la necesidad de sobrevivir y la simpatía ideológica, no pocos medios y periodistas se han vuelto férreos defensores o viscerales críticos, muchas veces olvidando una lección básica: jamás escribas con las vísceras.
Hace unos días, la dirección editorial de Hora Cero -que por cierto nunca ha intervenido en los temas y las palabras que escribo en mis colaboraciones-, exhibió el intento de coerción que llegó desde la oficina de comunicación social del gobierno de Nuevo León tras la publicación de una encuesta en la que la esposa del gobernador se encontraba, en ese momento, en segundo lugar en la intención del voto por la alcaldía de Monterrey. Aunque no escuché la llamada que se le hizo al periodista, tengo la experiencia de vida y de trabajo como para saber el mensaje amenazador, que en este caso en particular desnuda por completo la minúscula calidad moral y la poca honestidad de quienes pensaron que era una buena idea cumplirle el capricho al gobernador y a su esposa.
Usar los recursos públicos para pretender controlar o dirigir las narrativas mediante convenios de publicidad no es nuevo, como tampoco son quienes llegaron al gobierno del estado ofertándose como una alternativa diferente.
El tiempo ha demostrado que, al menos en su manejo de medios, son exactamente lo mismo que antes.