México entró en recesión. En seis meses el peso perdió la mitad de su valor, el PIB cayó 1.6 por ciento, se desplomaron a la mitad las ventas de petróleo, las remesas caerán, las exportaciones disminuyeron 31.5 por ciento, el desempleo aumentó, la inflación subió 6.25 por ciento, ocupamos el segundo lugar en exportación de mano de obra calificada a EU. Las cifras del país no podrían ser más desalentadoras, pero los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se aumentaron su sueldo a 347 mil pesos mensuales, los consejeros del IFE intentaron ganar al mes 333 mil pesos mientras Felipe Calderón dice que la crisis amenaza el nivel de vida de todos.
La declaración presidencial dista mucho de la realidad. Los magistrados de la SCJN pasaron de ganar 333 mil pesos a recibir un sueldo de 347 mil. Fingieron que congelaron su sueldo, mientras en realidad lo aumentaron a través de un bono.
Los consejeros del IFE no se quisieron quedar atrás e intentaron obtener un aumento salarial de 46 por ciento.
Los otros poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, andan en las mismas. Los descobijó el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón. Lo que revela la ASF no son datos menores: Contabilidad mañosa y oscura en el ejercicio del gasto público.
El gobierno federal se autorroba; destacan los recursos a Estados y Municipios, entre los más turbios por falta de transparencia y rendición de cuentas. Las irregularidades detectadas son por 31 mil 690 millones de pesos en la cuenta pública. Representan 33 veces el presupuesto anual de la institución, situación inédita en el país.
A su vez, la Cámara de Diputados oculta bolsas millonarias para sus bancadas, se queda con remanentes del Presupuesto no ejercido y gastó más de 109 millones de pesos en obras públicas irregulares. La presidencia de la Cámara de Diputados, del priista César Duarte, recibió en febrero, 144 mil pesos en vales para gasolina, que alcanzarían para 15 mil litros, que llenarían 300 vehículos, cuando esa oficina tiene apenas cuatro autos.
Las irregularidades se encuentran en actos de discrecionalidad en la gestión del gobierno federal en la aplicacion de los excedentes petroleros (que nadie sabe a dónde o a quiénes van destinados). Tambien se desconoce cómo se destinan los recursos de derecho de trámite aduanero, el manejo de fideicomisos y los donativos a sindicatos. Del otorgamiento de estímulos fiscales, sólo el gobierno está enterado de a quién exenta de pagar impuestos y la opacidad vuelve nebulosas las remuneraciones a servidores públicos.
En este último rubro algo de lo bien compensados que están los integrantes de cualquiera de los tres Poderes, ha trascendido. Los datos de la ASF desmienten pues, a Felipe Calderón. La crisis no alcanza a todos.
Habría que preguntarle a los 2 millones 260 mil mexicanos que están desempleados, o a las 500 mil personas de mano de obra calificada que enviamos a Estados Unidos – lo que nos convierte en el segundo exportador de profesionistas después de la India que envía 600 mil hindúes – qué responderían a la recomendación de Calderón de “no achicarse ni detenerse ante la crisis”.
Son 10 las ciudades por las cuales la crisis entra al país: Ciudad Juárez, Tijuana, Aguascalientes, Puebla, Hermosillo, Culiacán, Morelia, Monterrey, Acapulco y DF.
Resultan las más afectadas por la crisis, al depender de la industria automotriz, maquiladora, zonas metropolitanas y centros de turismo según datos del Colegio de la Frontera Norte, la Universidad Panamericana y la UNAM.
Otros datos revelan que el gobierno ni entiende la pobreza, ni la combate. Mientras que en Estados Unidos el presidente Barack Obama presentó un proyecto presupuestal en el que destaca además del ahorro en gasto público, aumentar los impuestos a los ricos, en México, la élite sigue siendo privilegiada; 195 mil 47 inversionistas que equivalen al 0.18% de la población, poseen el equivalente a un tercio del Producto Interno Bruto lo que comprueba que la riqueza nacional está concentrada en unas cuantas personas, a las que el gobierno respalda.
Mientras los servidores públicos del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial junto al pequeño sector que siempre han favorecido, viven en jauja y la población vive en la miseria, el informe anual de la Casa Blanca señala que en México existe “impunidad y corrupción” en todos los niveles de gobierno, y registra abusos de las garantías individuales por parte de las fuerzas de seguridad.
No se puede eludir que la corrupción enriquece a la clase gobernante, mientras empobrece a la población. La Iniciativa Privada que apoyó al actual gobierno panista, por ser lo más parecido al PRI, ahora advierte que la recesión será peor de lo que se esperaba. Los empresarios están alarmados y no se han detenido para criticar la lentitud de respuesta del gobierno federal ante la crisis.
Poco se habla de la clase media, uno de los sectores más golpeados. El gobierno otorga exenciones fiscales a los ricos que le son afines. A los pobres destina programas sociales. Pero no se acuerda de la clase media a la que incluso se le considera desaparecida de la geografía nacional. Sin embargo la clase media – tan invisible para los gobiernos del PRI y del PAN – es más vulnerada que ningún otro sector, ante los embates de la crisis económica y la ausencia de apoyo gubernamental.
Según información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los préstamos al consumo entre los que se incluyen las tarjetas de crédito, tiene una cartera vencida que en enero llegó a 38 mil 529.9 millones de pesos. Son los asalariados, los profesionistas, los burócratas, los maestros, los estudiantes, los que deben casi la vida porque el gobierno no tiene nada para ellos.
Las dos fuentes de ingresos gubernamentales más importantes van a la baja. No sólo cayeron los ingresos petroleros en 55.24 por ciento en enero respecto al mismo mes del año pasado, sino que se estima que el segundo ingreso gubernamental —las remesas—, caerán en 6.0%.
En el caso del petróleo, al caer su producción y exportación, habrá menos dólares con los cuales defender el peso, que en menos de siete meses perdió la mitad de su valor y ha rondado niveles cercanos a los 16 pesos por dólar.
Del 4 de agosto del año pasado a la fecha, el peso perdió 49.88 por ciento. El gobierno no ha podido detener el desplome del peso frente al dólar que suma ocho caídas históricas. La devaluación del peso afecta a las empresas, porque entonces despiden a más gente. El gobierno ha sido incapaz de frenar el desempleo, mientras los precios siguen subiendo alcanzando 6.25% la inflación.
El gobierno aumenta los gastos en publicidad, pero actúa con mucho desaseo. Pronto lo hará de nuevo. El gobierno de Estados Unidos nacionalizó parcialmente a Citigroup y podría quedarse hasta con 40 por ciento de sus acciones. Según las leyes mexicanas, un gobierno extranjero no puede ser accionista de un banco en México. Si el gobierno norteamericano se convierte en dueño mayoritario de Citigroup, pasaría a ser el principal socio de Banamex. Se trata del mismo banco que cuando su propietario fue Roberto Hernández, el gobierno priista de Ernesto Zedillo, ayudado por el PAN encabezado por Felipe Calderón, lo saneó en el Fobaproa.
Luego, durante el gobierno de Fox, Hernández lo vendió al Citigroup sin pagar los impuestos correspondientes. Fue un negocio redondo. Las ganancias se las llevó Roberto Hernández, socio número dos de Televisa.
El jefe del Ejecutivo está obligado a aplicar la Ley de Instituciones de Crédito que en su artículo 13 se refiere a la prohibición de que gobiernos extranjeros participen en la banca mexicana. Pero hay intereses intocables. Se vaticina que Felipe Calderón hará que se modifique la ley para que Estados Unidos sí pueda ser accionista de un banco en México. El mensaje que se envía es que el jefe del Ejecutivo trabaja para un pequeño sector privilegiado.
La adversidad se cierne sobre México. Pero parte de ella la construyó la clase política mexicana que no acaba de entender que particularmente en tiempos como los actuales, en lugar de rescatar a los de siempre, hay que estar del lado de las mayorías.