
Para quienes creían que la guerra entre el gobierno independiente y los partidos y grupos políticos opositores había entrado en un impasse, las revelaciones de las concesiones de operación de flotillas de taxis por parte del dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, y de la madre de la senadora Ivonne Álvarez, apenas es otra de la batallas que se darán rumbo a las elecciones de 2018.
Aún falta por descobijar a los panistas, entre ellos varios exalcaldes, diputados federales y un senador, quienes también obtuvieron en su momento el beneficio de tener amarres y contactos políticos no sólo en las administraciones de Natividad González Parás y Rodrigo Medina de la Cruz, sino que llegan hasta el gobierno del panista Fernando Canales Clariond, donde Carlos Domínguez Ahedo era el mandamás.
El actual secretario de Desarrollo Económico de Colima, quien fuera dirigente estatal panista de Nuevo León como jefe de la Oficina del Gobernador, supo y autorizó –con su venia política o padrinazgo-, que muchos panistas lograran hacerse de flotillas de taxis en una época en la cual la CTM y la CROC empezaban a perder fuerza. La bonanza alcanzó a muchos albiazules.
Su descobije aún no llega. Primero son unos, los priistas, el blanco de la balconeada, pero pronto seguirán los blaquiazules. Y más, si insisten en castigar con cárcel a un exmilitante como Rogelio Benavides Pintos por la compra irregular, ilícita, o desaseada, de los cobertores en diciembre del 2015.
No, si habrá mucha tela de donde cortar.
QUE PENA CON LOS PENALES
La estrategia asumida por el gobierno del Estado para controlar los centros de readaptación social de Cadereyta Jiménez y el Topo Chico, ha tenido dos fallas donde el general Cuauhtémoc Antúnez Pérez, actual secretario de Seguridad, aparece como el responsable.
El primer fallo del excomandante de la Séptima Zona Militar es haber permitido mantener la estructura del personal de custodia de los dos centros penitenciarios, más el de Apodaca, en donde por fortuna no ha habido disturbios de nuevo.
Pero quizás lo más grave es el distanciamiento que el secretario de Seguridad de Nuevo León mantiene con las fuerzas militares federales, con la Procuraduría General de la República y con la Secretaría de Gobernación, en donde desde hace varios meses, muchos meses, sus bonos han caído y sus contactos han venido a menos por diversas circunstancias, sobre todo por su errática conducción de los programas de seguridad en la entidad.
Aunque estaba previsto que saldría en diciembre pasado junto con el ahora exprocurador Roberto Flores, la permanencia de Antúnez Pérez es considerada al interior del gabinete como un peso muerto, el cual tiene sus semanas o días contados.
DESMIGAJAR AL PAN
Pareciera que todos los panistas tienen como premisa acabarse a su partido, aunque de dientes para afuera digan que la unidad y la fortaleza de su proyecto político los impulsan y unifica.
Primero, el programa de reafiliación de sus militantes se ha complicado no sólo por las fallas e inconsistencias de sus listados nominales, en los que hay incluidos los nombres de panistas muertos, expulsados, renunciados y desertores, y hasta de priistas y ciudadanos apartidistas, pero que fueron incluidos de manera mágica para los procesos internos de selección de candidatos del 2015.
Así que de los 30 mil o más panistas activos registrados hasta diciembre del 2016, quién sabe cuántos verdaderamente quedarán después de esta purga.
Es precisamente la purga, o limpia, o modernización del padrón de militantes lo que ha mostrado la otra debilidad panista, la existencia de cacicazgos, de controles férreos por parte de diversos grupos, y con ello la debilidad de la estructura del partido de Nuevo León como ente político.
Tan sólo un exalcalde de Monterrey, que a la vez fue senador y diputado local, y anda muy activo en las redes sociales y en la televisión abierta pagando spots de su asociación civil en un afán de autopromocionar su imagen, se ostenta como quien controla casi el 30 por ciento del apoyo de la militancia activa, algo así como 8 mil seguidores, quienes se irían con él en caso de ser excluido en la designación de candidatos, e irse por la vía independiente.
También hay varios diputados locales y federales albiazules quienes sienten ya el llamado, la urgencia de presionar al partido para que empiece a decantarse a su favor para ir pavimentando el camino para los procesos internos, pero que en su afán personal, más que amasar el PAN, parecen querer desmigajarlo.
HERENCIA MALDITA
Aplazada por meses, la renovación del Comité de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se realizó a puerta cerrada en Bahía Escondida, siendo designado José Luis Rosas como nuevo secretario general, en sustitución del polémico y presunto defraudador Guadalupe Castillo.
El nuevo líder magisterial llega a administrar la pobreza de una organización que pese a ser una de las más númerosas y ricas del país –por las altas cuotas pagadas por sus afiliados en base a los salarios que les paga el estado-, sufre siempre de carencias económicas, y en la que se obliga necesariamente a refinanciar las deudas y pasivos con proveedores.
Se habla ya en el edificio sede de la Sección 50, ubicado en Washington y Amado Nervo, frente a la Alameda Mariano Escobedo, de hasta 3 mil millones de pesos de recursos faltantes en las arcas del gremio, tan sólo durante la administración de Guadalupe Castillo García, ya que en los más de cuatro años que estuvo al frente de la organización magisterial no entregó ni un sólo reporte financiero.
Castillo García dejó un pasivo de al menos 250 millones de pesos, a pesar de que esta dirigencia no hizo obra significativa alguna y, por el contrario, los servicios médicos decrecieron en calidad significativamente, además del desabasto de medicamentos en los centros médicos, provocado por una deuda con proveedores.
Entre la serie de irregularidades detectadas en la Sección 50 del SNTE se encuentra el fraude del seguro mutualista, que dejó desamparados a más de 200 agremiados que no pudieron cobrar servicios funerarios.
Castillo se encuentra actualmente vinculado a proceso por estos hechos, más otras anomalías como el supuesto cobro, vía nómina, de compras fantasma en tiendas o centros comerciales.
En el último reporte financiero existente de la Sección 50, correspondiente a septiembre de 2012, se especifica que el pasivo final dejado por la anterior gestión es de cero pesos. Además, trascendió en el gremio que de la gestión anterior (2008-2012) de Mirna Saldívar, quedó un excedente de 120 millones de pesos.
Herencia maldita, y muy cara.