Entre el 11 y el 24 de marzo, desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en México en el pudiente municipio de San Pedro Garza García -al menos de manera oficial y hasta que se pasó a la fase 2 nacional-, transcurrieron 14 largos y valiosos días. Exactamente dos semanas.
Cuando se hizo público el contagio del empresario Antonio Peña Rivero, el alcalde sampetrino Miguel Treviño de Hoyos agarró al toro por los cuernos y no se anduvo por las ramas como el personaje de la vieja serie Tarzán de los Monos, emulado en cambio por el mandatario Andrés Manuel López Obrador.
Ese 11 de marzo el edil mandó un mensaje a la población para tomar las primeras medidas básicas y detener el contagio que un grupo de sampetrinos trajo de Vail, Colorado, un paraíso invernal de Estados Unidos a donde acostumbra ir a relajarse la clase social alta de Nuevo León.
Casi al unísono el gobierno estatal se puso las pilas a través de Jaime Rodríguez Calderón y de su titular de Salud, Manuel de la O Cavazos, dando pormenores del número de casos que fueron aumentando hasta 52, cifra hasta el cierre de esta edición y 405 a nivel nacional.
Lo preocupante del tema es que San Pedro Garza García aportaba una cifra alarmante a la estadística nacional con decenas de contagiados, ya no solamente importados de otro país sino de manera comunitaria, es decir, entre personas que no habían estado en Vail, Italia, Francia o China.
El domingo 22 “El Bronco” anunció la creación de un fideicomiso de mil millones de pesos para enfrentar la pandemia en el Estado, agregando que en caso extremo se usaría la fuerza pública para evitar la aglomeración de personas.
Rodríguez Calderón tranquilizó a la burocracia al informarle que a los trabajadores de las diferentes dependencias se les pagaría la quincena y se adelantaría la siguiente.
“El Estado tiene 600 millones de pesos y se recortarán recursos de organismos autónomos como el Congreso local, la Comisión Estatal Electoral, la Fiscal General y el Tribunal Superior de Justicia, entre otros”, apuntó el ejecutivo.
Acompañado por funcionarios en el Palacio de Cantera, “El Bronco” señaló que el Estado correría con los gastos de exámenes para detectar el COVID-19 en personas de escasos recursos.
“En Nuevo León el sistema de salud es extraordinario y no lo echemos a perder por salir de casa, manténganse resguardados. Todos los hospitales públicos y privados tienen la infraestructura médica y se han equipado pisos exclusivamente para atender la contingencia”, dijo.
De la O. Cavazos dio a conocer datos nada alentadores: que la pandemia empezaba a trasmitirse de manera comunitaria y que crecería en Nuevo León a finales de abril o comienzos de mayo.
Días antes el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, también se puso las pilas ante el paso de tortuga del Gobierno Federal, al dar a conocer un plan de contingencia de 2 mil 630 millones de pesos para enfrentar la gravedad en tiempos de la pandemia.
La primera fase contempla una inversión de 150 millones de pesos durante marzo, abril y mayo distribuyéndose 200 mil apoyos alimentarios, 200 mil paquetes de insumos de limpieza, 200 mil paquetes de entretenimiento infantil y 300 mil recipientes de gel antibacterial.
En la segunda fase se invertirán 2 mil 470 millones de pesos que serán distribuidos en 200 millones de pesos para el programa “Tarjetas Regias”; 240 millones de pesos en 32 mil microcréditos y 47 millones de pesos para la creación de mil 500 empleos temporales.
El 20 de marzo Apodaca decretó un estado de emergencia sanitaria ante la pandemia del Coronavirus que incluye la suspensión total de actividades a los clubes deportivos y gimnasios privados, así como la recomendación a las mil 400 empresas establecidas en la ciudad y a las organizaciones sindicales para que implementen protocolos sanitarios en las áreas de trabajo y en el transporte de sus empleados.
Como parte de las medidas implementadas puso a disposición de la población la línea telefónica 811 120 9754 vía WhatsApp, las 24 horas del día, para recibir denuncias sobre violaciones a los mandatos sanitarios, solicitar servicio médico gratuito en caso de no contar con la prestación del mismo, o despejar dudas respecto a la emergencia sanitaria relacionada con el COVID-19.
En Sesión Ordinaria de Cabildo el alcalde César Garza Villarreal recordó que Apodaca fue el primer municipio en anunciar medidas de contención de la pandemia suspendiendo la agenda de eventos públicos.
Similares medidas fueron adoptadas en Guadalupe por Cristina Díaz Salazar; en Santa Catarina por Héctor Castillo; en San Nicolás por Zeferino Salgado; en Escobedo por Clara Luz Flores, y en Juárez por el alcalde Heriberto Treviño.
Para no quedarse atrás, los dirigentes estatales, diputados locales, federales y senadores como Samuel García (MC) y Víctor Fuentes (PAN) también exigieron a López Obrador dejarse de tomar en broma la pandemia.
También el subsecretario federal de Salud, Hugo López-Gatell, fue exhibido por legisladores de oposición por declarar, en medio de la alarma nacional, que el presidente tenía calidad moral para no contagiarse del Covid-19. ¿¡Whaaaaaaaaaaat!?
Y por fin el martes 24 sucedió el milagro. Dos días después de que López Obrador se grabara sentado comiendo garnachas con una señora en Oaxaca diciendo que él, y únicamente él, iba a decirle a los mexicanos cuándo debían de dejar de salir a las calles e ir a los restaurantes.
Ese día el Gobierno Federal anunció que México entraba a la fase 2 de la pandemia aplicando medidas espectaculares. Pero ya era tarde, demasiado tarde.
El presidente de México había sido rebasado dos semanas antes por alcaldes y gobernadores del país que se tomaron la pandemia en serio para proteger a la población.
Por cierto, Miguel Treviño de Hoyos todavía espera que López Obrador vaya a San Pedro Garza García para unirse a la contingencia, en vez de haber estado en gira por Oaxaca y otros lugares dando besos y abrazos.