El principal reto del nuevo gobierno de Jaime Rodríguez Calderón no será recoger y hacer puré de las manzanas podridas del árbol que plantó su antecesor Rodrigo Medina de la Cruz, en relación a las prácticas de corrupción que se instauraron en las diferentes áreas.
Cierto es que a menos de un mes el primer objetivo de “El Bronco” es sanear el aparato gubernamental evidenciado prácticas cuya pestilencia lleva hasta la residencia sampetrina del ex gobernador, hay un asunto que realmente preocupa al círculo más cercano del ejecutivo estatal.
Se trata de cuánta paciencia tendrá Fernando Elizondo Barragán para mantenerse en su cargo de coordinador ejecutivo del primer gobierno independiente en la historia de Nuevo León, dejando a un lado su linaje para adaptarse al equipo compacto que desde el año pasado impulsó la carrera de “El Bronco”.
Si bien los opositores políticos y los más escépticos en el sector privado cuentan los días que faltan para que Elizondo Barragán aviente la toalla, la intención de Rodríguez Calderón es que el ex candidato de Movimiento Ciudadano se integre y asuma el papel de estratega más que de vicegobernador.
Difícil ha de ser para Elizondo Barragán, quien como militante del PAN fue tesorero estatal senador, gobernador interino y secretario federal de Energía, sentir que altos funcionarios cercanos a “El Bronco” no acatan sus instrucciones y sugerencias.
Pero bien sabía que gobernador de Nuevo León sólo iba a haber uno, y que el poder no se comparte, sobre todo cuando en las urnas el 7 de junio pasado el abanderado independiente sacó el doble de votos a sus dos principales adversarios juntos: Ivonne Álvarez García y Felipe de Jesús Cantú Rodríguez.
Por lo pronto las primeras confrontaciones, roces y desaires que ofenden a Elizondo Barragán por parte de miembros del gabinete, encendieron las luces anaranjadas dentro de la nueva administración que, lo que menos le conviene, es la renuncia de Elizondo Barragán.
Y si eso sucediera, claro que el gobierno entraría en una crisis, pero no sería la madre de todas las catástrofes. Obviamente sería una noticia no sólo local y nacional, sino internacional porque fue Elizondo, no Rodríguez Calderón, quien los hizo aparecer en la portada de la prestigiada revista Forbes.
Cuando todavía no cumplen ni un mes, los funcionarios del gabinete a su más alto nivel deben contar hasta 10, antes de llevar al coordinador ejecutivo a tomar una abrupta decisión de abandonar el barco, mandando un pésimo mensaje al exterior que sería como carroña para las hienas.
En otro tema, pero siguiendo con el nuevo gobierno, para los incrédulos que apostaban que solamente era una bandera de campaña, Rodríguez Calderón trae el machete bien afilado para cortar las manos de aquellos funcionarios que caigan en la tentación de la corrupción.
Ese, seguramente, será uno de sus ases cuando juegue la partida rumbo a las elecciones presidenciales de 2018 que, a decir verdad, es un tema que ha bajado de intensidad. Vaya, el volumen tiene tres o cuatro rayitas menos desde que juró en el Congreso el pasado 4 de octubre.
Con dos funcionarios rasurados de la nómina, los directores del DIF y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Santos González y el contralmirante Augusto Cruz Morales, respectivamente, quien empieza a brillar con luz propia es el líder del Congreso y de la fracción del PRI, Marco Antonio González Valdez.
Con ese aparente marcador de 2-0 a favor del poder legislativo frente al ejecutivo, González Valdez impulsó que los legisladores de todas las fracciones, incluyendo el PAN, no eliminarían de golpe y porrazo el pago de la tenencia en 2016 para no afectar las finanzas estatales, sino que sería paulatinamente y que el total de los ingresos están etiquetados para apoyar los municipios.
Si Rodríguez Calderón pensó que solamente él iba a encabezar un gobierno independiente, también el poder legislativo está viviendo una etapa nunca antes vista en Nuevo León: que tiene independencia del ejecutivo y que las decisiones de los diputados serán para beneficio del Estado.
O sea, que durante los próximos tres años, mínimo, los reflectores no solamente iluminarán el Palacio de Cantera, sino otros que se ubican cuadras más arriba en Zaragoza y Matamoros. En días pasados se confirmó que la política es sinónimo de negociación y donde los equilibrios son saludables.
Quién iba a imaginar que el secretario de gobierno Manuel González Flores, que ocupó una curul en el sexenio de su padrino Jorge Treviño Martínez, iría a negociar de verdad con un bloque de legisladores que iban a poner a parir chayotes al ejecutivo de aprobarse la eliminación de la tenencia en 2016.
En otro tema, aun cuando el TRIFE respalde la decisión de la Sala Regional con sede en Monterrey que quitó la alcaldía de Juárez a Américo Garza, postulado por el Partido Encuentro Social (PES), se corre el riesgo que ese municipio se convierta en un polvorín con actos de resistencia civil que impidan tome protesta Heriberto Treviño, de la coalición encabeza por el PRI.
El empresario restaurantero, afectado en su victoria por los magistrados electorales, no se quedará con los brazos cruzados y al día siguiente de la decisión, el jueves 22 pasado, se puso bien enchilado como tamal borracho de pata de puerco.
Para cuando esta edición esté en circulación, o bien los magistrados de la Sala Superior del TRIFE rechazan la decisión de sus colegas regionales, o caso contrario las ollas de tamales estarán que arden en Juárez.
Treviño, quien puede convertirse en alcalde por segunda ocasión, pidió a su contrincante acatar la decisión. Sin embargo el empresario de la industria del tamal está que hierve de coraje, como sus ollas en la lumbre.
Y los que se quedaron muy, pero muy enchilados fueron los 21 mil ciudadanos que se abocaron a plasmar su firma en una denuncia que pretendía obligar a la Procuraduría de Justicia estatal a investigar a Rodrigo Medina y a su familia.
Los 21 mil firmantes, encabezados por Gilberto Lozano, un ex presidente del Club Futbol Monterrey, pero ahora activista político y presidente del Congreso Nacional Ciudadano, se quedaron con las ganas.
El juez federal Eustacio Esteban Salinas Wolberg consideró que los firmantes no tienen “un interés legítimo” de demandar con un amparo investigar a Medina y su padre por presuntos actos de corrupción
El juez, por cierto, hermano del diputado local panista Hernán Salinas Wolberg (el que al mismo tiempo tomó posesión y pidió permiso de ausentarse dos semanas por su luna de miel), consideró que el interés “era simple, como el que tiene la sociedad en general” y por ello consideró insuficiente la procedencia de un juicio de amparo.
Lo que no explicó fue lo que para el señor juez es la diferencia entre interés legítimo e interés simple… ¿el interés simple es falso?… ¿no es legítimo?
La pregunta es si de verdad el fiscal estatal Roberto Flores necesita del mandato de un juez para proceder… no creo.
Luis Eugenio Todd, Amador Flores Aréchiga, Luis Galán Wong y José Antonio González Treviño, ex rectores de diferentes épocas y otros de universidades privadas y públicas de Nuevo León, estuvieron presentes en la toma de protesta de Rogelio Garza Rivera como nuevo rector de la UANL para el periodo 2015-2018.
Ante cientos de invitados especiales reunidos en el Teatro Universitario de la Unidad Mederos, el orgullosamente -como él mismo dice- originario de Reynosa, Tamaulipas, cumplió el más grande sueño de todo egresado de la Máxima Casa de Estudios.
Al acto solemne asistió el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y su esposa; alcaldes, legisladores locales y federales, además de invitados especiales como funcionarios y directores de preparatorias y facultades, y miembros del H. Consejo Universitario y la Junta de Gobierno.
Garza Rivera pasó a la historia apenas tomó juramento al designar a la primera mujer como secretaria general, y fue a Carmen de la Fuente, ex directora de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y quien era secretaria de Vinculación y Desarrollo Económico de la UANL.
Pero no fue fácil el parto para De la Fuente, pues se sabe que horas antes desde Palacio de Gobierno hubo fuertes presiones para sentar a Mario Alberto Garza Castillo, presidente de la Comisión Estatal Electoral y rival de Garza Rivera en la búsqueda de la rectoría.