La mejor noticia de este 1 de mayo de 2010 es que por fin el tema de las despensas que tanto les gusta “regalar” a los gobernantes, candidatos y partidos dejará de ser botín político para convertirse en un derecho para los trabajadores.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una minuta enviada por el Senado de la República donde piden crear la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores.
Sin duda es importante el apoyo de todos los legisladores, pero muy trascendente destacar que esta iniciativa fue impulsada en la sesión del día 13 de noviembre de 2007 por los senadores priistas, María de los Ángeles Moreno, Carlos Aceves del Olmo, José Eduardo Calzada, Ricardo Pacheco Rodríguez, Heladio Ramírez y Fernando Eutimio Ortega.
A la misma se le unieron muchos otros senadores y diputados que argumentaron la necesidad de que México garantice en la legislación el derecho a una alimentación de calidad.
La exposición de motivos hizo referencia a un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, que demuestra que el ausentismo, las enfermedades y los accidentes de trabajo están ligados a una nutrición deficiente, la cual puede provocar una baja del 20 por ciento en la productividad.
México es un país donde el trabajador le destina entre un 30 y un 40 por ciento de sus ingresos a la alimentación, sobre todo, en los sectores más desprotegidos dependiendo del número de miembros por familia.
Con la ley de Ayuda Alimentaria no sólo se busca establecer programas permanentes y que den continuidad al reparto de despensas alimentarias para los trabajadores, sino se pretende que los gobiernos dejen de lucarar políticamente con el hambre de los más pobres.
La ley consta de 22 artículos y dos transitorios donde se destaca que “la presente Ley tiene por objeto promover y regular la instrumentación de esquemas de ayuda alimentaria en beneficio de los trabajadores, con el propósito de mejorar su estado nutricional, así como de prevenir las enfermedades vinculadas con una alimentación deficiente y proteger la salud en el ámbito ocupacional”.
Los objetivos de la ley es que los trabajadores se beneficien del consumo de una dieta correcta. Las características específicas de una dieta correcta serán las que la Secretaría de Salud establezca en las normas.
Esta ley prevee que los los patrones establezcan esquemas de ayuda alimentaria para los trabajadores mediante cualquiera de las modalidades de comidas proporcionadas a los trabajadores en comedores, restaurantes y cualquier otro establecimiento para el consumo de alimentos.
Permite la libertad a patrones para que a través de contractos colectivos con sus sindicatos puedan llevar a cabo estas disposiciones para elevar el nivel de nutrición de sus trabajadores.
Esta ley permitirá que los trabajadores de todos los sectores dejen de ser utilizados con fines políticos y que quienes nos gobiernen realmente se preocupen por el bienestar de las familias no como ahora que son Puro Cuento.