Defensa de las audiencias de los medios

Apenas se tocan los privilegios de los medios informativos más poderosos de México, y de inmediato surgen las reacciones de los afectados, amparados en términos como “censura”, o “ley mordaza”, o “atentado contra la libertad de expresión”, que convocan a grandes sectores a su favor. Así sucedió en el 2007-2008. Los debates sobre la reforma política electoral se centraron en la prohibición de compra de espacios publicitarios en medios electrónicos. Televisa y TV Azteca lanzaron al ruedo a sus más feroces personeros en busca de seguir “mamando” del erario las enormes sumas que les dejaban las campañas de los partidos políticos. Finalmente dichas empresas debieron acatar la ley, porque no hubo poder que cediera a sus presiones.
Ahora no es de extrañar que de nuevo se opongan a los Lineamientos Generales sobre Derechos de las Audiencias, dictados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que pretendía entraran en vigor el jueves 16 de febrero pero que, ante la resistencia de los concesionarios de radio y televisión y debido a dos controversias constitucionales (del presidente Enrique Peña Nieto y del Senado de la República), deberán esperar hasta agosto de 2017, al ganar la votación los miembros del IFT que consideran que “por prudencia” se debió llegar a tal decisión.
El griterío de todas partes sobre estos lineamientos contradice, sin embargo, la voz de la sociedad civil que, en una larga consulta llevada a cabo durante dos años, le pide al Instituto que defienda a las audiencias ordenando a los medios electrónicos diferenciar entre información y opinión al difundir noticias, y distinguir la publicidad del contenido programático. El IFT exige, por otra parte, un defensor de audiencias, así como elaborar códigos de ética y realizar campañas de alfabetización mediática. Y destacan algo que es o debe ser lo más normal -respecto al rigor periodístico- en un profesional de los medios informativos: “Respaldar los hechos noticiosos en un ejercicio razonable de investigación y comprobación de su sustento en la realidad”.
Es un hecho que hay ahí especialistas que tratan de emular a Gran Bretaña, donde la regulación de los derechos de las audiencias es, inclusive, más rígida; o a Estados Unidos, el país de las libertades, pero que penaliza a los concesionarios que incluyan publicidad en programas infantiles. También aspiran a que el modelo de España y Alemania se imponga en México para que haya limitaciones de concentración de medios a fin de garantizar el pluralismo y la diversidad mediática que es uno de los principales derechos de las audiencias.
Se podrá estar o no de acuerdo en estas propuestas, y a bote pronto cualquiera ve un exceso en ellas. Pero lo que no se puede aceptar es que el presidente Enrique Peña Nieto, apoyado en sus consejeros jurídicos, haya promulgado en 2014 una ley sin hacer observación alguna y sin interponer alguna acción de inconstitucionalidad, y ahora quiere ser él únicamente el autorizado para emitir lineamientos al respecto. Mientras que a los senadores les pasó de noche lo que sancionaron como ley en su momento y hoy parece que se ponen de lado de los concesionarios de medios electrónicos.
¿Dónde queda, pues, lo que firmaron en aquellos días? Sí, porque fue claro el señalamiento constitucional: “El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para el efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de la Carta Magna”.
Como se dice en términos coloquiales, no leyeron la letra chiquita los que dijeron antes que todo estaba bien y hoy están espantados, porque los que sí leyeron esa letra chiquita se apegaron a uno de los puntos relevantes: “La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección”. En tal contexto, los lineamientos están apegados en forma y fondo a lo que se firmó en 2014.
Si son una arbitrariedad también lo de las multas económicas para los que no respeten esos lineamientos del IFT, o si estos son imposibles de cumplir, es otra cosa. El meollo del asunto no es ese. No. Son materia de mucha polémica y discusión, si se quiere. Lo que hoy preocupa es que el IFT haya dado su brazo a torcer, y que los legisladores aleguen la constitucionalidad de dichos lineamientos, pues no ven en ellos ninguna defensa de las audiencias sino un atentado a la libertad de expresión. Jajajajajajajajaja.