
Quienes vivíamos en Monterrey aquella madrugada del 17 de septiembre de 1988, cuando el huracán Gilberto se exprimió en las alturas de la Sierra Madre Oriental y las aguas barrieron con todos los obstáculos dentro y en la márgenes del río Santa Catarina, seguramente nos hacemos la misma pregunta: ¿por qué los mexicanos no hemos aprendido de esa tragedia?
Esta ocasión, tras los daños que provocaron los ciclones Ingrid y Manuel en miles de familias y poblaciones desamparadas y afectadas en gran parte del territorio nacional, ¿no es momento de llamar a cuentas a gobernantes y autoridades de menor nivel que han autorizado asentamientos humanos y han hecho otros negocios en zonas de riesgo?
Porque sería una burla que ante los millonarios destrozos provocados por los caprichos naturales y la pérdida de decenas de vidas humanas, se vuelva a aplicar ese dicho popular: “Ahogado el niño, a tapar el pozo”.
Ante los daños económicos a la infraestructura vial todavía incalculables, seguramente habría resultados de peritajes que demuestren que hubo corrupción en la construcción de autopistas y carreteras, con materiales de baja calidad y omitiendo estudios geológicos en montañas en donde hubo deslaves y sepultaron familias y poblados enteros.
Y no se trata de rascarle muy profundo para que salga la pus en la construcción de la Autopista del Sol que une a la Ciudad de México con Acapulco, donde seguramente las constructoras y empresas varias que participaron cometieron graves omisiones, traducidas en miles de millones de pesos que fueron a depositados en cuentas bancarias de políticos.
Basta con recordar un caso que pasó entre 1992 y 1998: durante el sexenio del exotérico Manuel Cavazos Lerma, actual senador del PRI y entonces gobernador de Tamaulipas, se construyó la polémica carretera “Rumbo Nuevo”, con una extensión de apenas 35 kilómetros.
En teoría, este tramo que conectaría Ciudad Victoria con Tula y posteriormente San Luis Potosí -que evitaría accidentes y el paso vehicular por la sierra alta-, resultaba una importante obra de ingeniería que además ahorraría tiempo en el transporte de mercancías de importación provenientes del norte del país hacia los grandes mercados del centro y sur.
Cavazos Lerma quiso inaugurar a las prisas y entregar la carretera “Rumbo Nuevo” a Ernesto Zedillo Ponce de León, entonces presidente de México, pero se cometieron graves fallas ligadas a actos de corrupción que, a través de una investigación de Hora Cero, brotaron en cascada involucrando directa e indirectamente a funcionarios de su gobierno.
Apenas terminó su sexenio Cavazos Lerma en diciembre de 1998, torrenciales aguaceros cayeron en la Sierra Madre Oriental y, en particular, en el tramo de 35 kilómetros de la desdichada carretera.
Toneladas de roca se deslizaron de los taludes y otras cayeron de lo alto de los cerros donde se hizo el trazo de “Rumbo Nuevo”, obligando al entrante gobernador, Tomás Yarrington Ruvalcaba, a cerrar esa vía y posponer su inauguración.
Los diputados de oposición en el Congreso de Tamaulipas pidieron a la Contraloría del Estado llamar a cuentas a los servidores públicos que participaron en las licitaciones públicas donde se eligieron las compañías constructoras.
En los recorridos que hicieron los legisladores, a petición de Hora Cero, era impresionante ver sobre la carpeta asfáltica desplazamientos de capas de roca como si se tratara de un terremoto, así como piedras del tamaño de una Suburban desprendidas donde se hicieron los cortes a la montaña.
Por más explicaciones oficiales que daban los nuevos funcionarios tratando de tapar a los anteriores del mismo PRI, era evidente que en esa obra se cometieron actos de corrupción tan monumentales como los derrumbes.
Yarrington Ruvalcaba, ex secretario de Finanzas con Cavazos Lerma, quien pagaba a las compañías que construyeron “Rumbo Nuevo” y que salió ileso del escándalo, declaró que la justicia se aplicaría: “caiga quien caiga”.
Al final solo “un pez gordo” fue detenido y enviado a la cárcel: Pedro Hernández Carrizalez, quien en el gobierno de Cavazos Lerma fungió como todo-poderoso e intocable secretario de Obras Públicas y Desarrollo Social.
Los estudios geológicos que se hicieron en el trazo de la carretera fueron los menos indicados, pero sobre todo baratos a petición de las autoridades, declaró en su momento a Hora Cero el ingeniero responsable localizado en un modesto barrio de Saltillo, Coahuila. Meses después fue citado a rendir su declaración en la Procuraduría estatal.
Superada la tempestad judicial, fueron autorizados cientos de millones de pesos más para hacer las modificaciones a la carretera, convirtiéndola -a comienzos del nuevo siglo- en la más cara del mundo por kilómetro lineal construida en una superficie montañosa.
Ni en Alpes de Suiza, Italia y Francia; ni en los Andes de Argentina y Chile, por citar algunos países, los precios se comparaban con el costo que significó terminar “Rumbo Nuevo”.
Por eso Enrique Peña Nieto, obviamente con voluntad, no debería ser tapadera de nadie -menos de gobernantes de su mismo partido- para abrir la hedionda cloaca sobre la licitación de carreteras dañadas como la Autopista del Sol en Guerrero, así como otras en Sinaloa, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Michoacán y Tamaulipas.
Y que las autoridades de Nuevo León no vuelvan a otorgar permisos para concesionar el lecho del río Santa Catarina, como alguna vez lo hizo un alcalde panista de Monterey, al permitir a TV Azteca Monterrey poner canchas de futbol y un campo de golf en ese cementerio gigantesco.
Como lo relató en su libro editado por la UANL el periodista Santiago González Soto, sobre aquellos trágicos hechos de la noche y madrugada del 16 y 17 de septiembre de 1988: no debe repetirse otra vez la tragedia provocada por el huracán Gilberto.
Porque no hay duda que en “Rumbo Nuevo” y en el lecho del río Santa Catarina hubo beneficiados por gobernantes en turno, en dos estados vecinos, pero que cojean de la misma pata.